Una sentencia histórica: Corte de Imbabura reconoce que mineras vulneraron derechos en Íntag
El 29 de marzo de 2023 un tribunal de la Corte Provincial de Imbabura sentenció a favor de las comunidades y la naturaleza de Íntag, donde un proceso de resistencia de casi 30 años ha impedido que se desarrolle el proyecto megaminero Llurimagua, de interés para Codelco de Chile y ENAMI-EP de Ecuador.
La resolución revoca la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Medio Ambiente en 2014 y obliga, entre otras cosas, a que se realice la consulta previa a las comunidades.
El 5 de abril del presente varias organizaciones sociales destacaron en rueda de prensa los detalles de este fallo histórico. Vivian Hidrobo, de la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador resaltó los alcances jurídicos del pronunciamiento de la Corte de Imbabura y la importancia que tiene para otros casos de graves violaciones de derechos en contextos mineros en el Ecuador. Por su parte, Gustavo Redín, abogado de las comunidades destacó cómo la resistencia de las comunidades de Íntag ha sido clave para la protección de la biodiversidad y para obtener esta sentencia; ellas “han cuidado los bosques, los ríos y las montañas e incluso han posibilitado que se identifiquen nuevas especies que son vitales para el funcionamiento de los ecosistemas de la zona.
Esta resistencia ha movilizado a especialistas como la bióloga Andrea Terán, quien indicó que en Íntag existe mucha biodiversidad pero que los estudios realizados por las empresas mineras “no reportan especies de anfibios y orquídeas que están en peligro de extinción”.
La sentencia de la Corte de Imbabura, según el abogado Carlos Varela, “se suma a otras que le dicen al Estado ecuatoriano que los derechos de la naturaleza incorporados en la Constitución de 2008 tienen plena fuerza vinculante y por lo tanto no se pueden conceder autorizaciones ni licencias ambientales por encima de estos derechos.”
La lucha contra la minería en Íntag comenzó en la década de los ‘90, y desde entonces las comunidades han sufrido la judicialización de varios de sus líderes y dirigentes, entre ellos Javier Ramírez, quien fue acusado de rebelión en 2014, un delito que no cometió, y por esto condenado a diez meses de privación de libertad, y aunque el 15 de julio de 2015 la Corte Nacional de Quito se pronunció a su favor, según la organización Front Line Defenders,, Ramírez sigue teniendo una condena criminal en sus antecedentes penales.
El Estado ecuatoriano y las empresas transnacionales han recurrido al hostigamiento, persecución y uso de la fuerza para ingresar a los territorios, incluso con el reclutamiento de fuerzas paramilitares; esto se pudo observar cuando en 2014 la empresa ENAMI-EP entró a Íntag con el resguardo de un operativo militar y policial de más de 400 efectivos.
En la actualidad, según el catastro minero de 2020, al menos 90 mil hectáreas de la zona están concesionadas, lo cual mantiene en alerta a la población, que reiteradamente ha manifestado su preocupación por la contaminación del agua que pondría en grave riesgo su salud, cultivos y actividades de turismo comunitario que aporta a la economía local a partir del respeto a la gran biodiversidad, los ríos, cascadas, que hacen de Intag un lugar único en el mundo.
Lee la sentencia aquí:
Para ingresar a la rueda de prensa del 5 de abril aquí
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