Sobre la consulta y el derecho a la participación

La posibilidad de que mediante la consulta popular la población se pronuncie sobre dos temas ambientales, el Yasuní-ITT y la minería metálica, puede entenderse como el reconocimiento de que los problemas que afectan a la naturaleza deben ser tratados mediante el ejercicio de la democracia y no desde la postura de unos cuantos funcionarios con pretensiones de decidir sobre ella.

Muchas comunidades y pueblos afectados por actividades mineras y petroleras están resistiendo pues conocen de los problemas que conllevan estos proyectos: la contaminación del agua, los suelos, el aire, y temen por la destrucción de sus fuentes de vida. Pero sus acciones de protesta han sido respondidas con estigmatización, represión, judicialización, con intervenciones en el tejido social mediante estrategias de división y cooptación, o mediante la invasión y ocupación de sus territorios. Una señal de buena fe en este ámbito sería culminar el proceso de amnistías e indultos a las personas criminalizadas por sus actos de protesta en defensa de los derechos.

Es así que en los espacios de la sociedad donde se defienden los territorios y la naturaleza también han surgido iniciativas propias de participación, a través de consultas comunitarias o populares. Sin embargo, no siempre la voz de los pueblos es escuchada ni respetada. Los contundentes resultados de estas consultas a favor de los derechos y de cuidar las bases materiales para la supervivencia, en varias ocasiones han sido desvergonzadamente desconocidos, rechazados y hasta respondidos con campañas de plagio y desinformación por parte del Estado.

Esto ocurrió, por ejemplo, en 2011, después que la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, UNAGUA, impulsó una consulta comunitaria en las poblaciones de Tarqui y Victoria del Portete como una forma de responder al proyecto megaminero Loma Larga que destruirá el páramo de Kimsacocha; o en 2015, cuando UNAGUA y la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, promovieron otra consulta popular en el cantón Girón frente a la misma amenaza. Así mismo, en 2014, el Colectivo Yasunidos impulsó la consulta popular con el propósito de parar la explotación petrolera en el Yasuní-ITT, la misma que fue denegada luego de que el Consejo Nacional Electoral desconociera cientos de miles de firmas de respaldo. Un caso paradigmático es lo que ocurrió en Pacto, parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, luego de que la consulta comunitaria realizada dio paso a la declaratoria de Pacto libre de minería, en 2015, por parte del Concejo Municipal.

Más allá de estos hechos, la pedagogía social que acompaña a las consultas impulsadas desde la sociedad deja huellas. Ahora es más claro que la naturaleza no es mercancía y que es importante redefinir la relación con ella por ser imprescindible para reconstituir lo común y la comunidad.

Defender la naturaleza es una búsqueda permanente de la verdad detrás de las mentirosas promesas del extractivismo, el agronegocio o la bioeconomía. Esto hace la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, que va tejiendo a través de audiencias territoriales un camino junto a las poblaciones para develar ante la sociedad los daños a la naturaleza y los pueblos, y desde allí sentar bases para la justicia y la reparación integral, elementos claves para la transición hacia lógicas distintas de relacionamiento en la sociedad y con la madre tierra.

La consulta del gobierno debe confirmar si apunta a generar verdad, justicia y reparación en relación con la naturaleza, los territorios y los pueblos y demostrar que no es un engaño más. !10 años de mentiras son suficientes!

ACCIÓN ECOLÓGICA

Quito, 11 de octubre de 2017