SIGUEN LOS ATROPELLOS DE PETROECUADOR EN ORELLANA

La perforación del pozo Auca 52 en el Km. 30 de la vía Auca, parroquia Dayuma, causa nuevos conflictos con la población que ya viene sufriendo los impactos de la actividad petrolera desde hace 30 años. El Gobernador de Orellana interviene en el conflicto para favorecer a la petrolera. 

Quito, 9 de diciembre del 2005

BOLETÍN DE PRENSA
SIGUEN LOS ATROPELLOS DE PETROECUADOR EN ORELLANA

La perforación del pozo Auca 52 en el Km. 30 de la vía Auca, parroquia Dayuma, causa nuevos conflictos con la población que ya viene sufriendo los impactos de la actividad petrolera desde hace 30 años. El Gobernador de Orellana interviene en el conflicto para favorecer a la petrolera.Con fecha 5 de diciembre del presente año, el Gobernador de la provincia de Orellana, Sr. Ángel Aldana Castellano, cita a una reunión de trabajo a los señores Manuel Castillo, María Chérrez y Eugenio Jaramillo, dirigentes de la comunidad “Nueva Unión” con “la finalidad de cuidar de la tranquilidad y orden público, proteger la seguridad de las personas y de los bienes”

La perforación del pozo Auca 52 por parte de la empresa estatal Petroecuador se ha realizado violando la reglamentación ambiental vigente, ocasionando graves impactos ambientales y sociales, incumpliendo con la presentación pública obligatoria antes de dar inicio a cualquier operación, oponiéndose a la entrega de los estudios ambientales pertinentes.

Por estas razones, este hecho ha constituido “la gota que derramó el vaso”, ya que las comunidades de esta zona han emprendido acciones legales de denuncia por la grave situación que vienen enfrentando y que se resume en: falta de agua segura para consumo tanto humano como animal, suelos infértiles por la contaminación, enfermedades cada vez mas frecuentes y graves, aire contaminado, pérdidas económicas por muerte de animales y daños a cultivos y como si esto fuera poco una permanente humillación a los moradores principalmente cuando alzan su voz de protesta. Esta situación ya se evidenció en agosto del presente año durante el paro biprovincial donde justamente en esta parroquia fue donde se registraron los hechos de represión más fuertes por parte del Gobierno

El Señor Gobernador de Orellana ante quien en reiteradas oportunidades la población afectada le ha hecho llegar denuncias y boletines de prensa con la información sobre la violación a sus derechos nunca se pronunció ni emitió documentos de respuesta, sin embargo, ante la solicitud de la empresa petrolera inmediatamente intenta cumplir funciones de “mediador” y envía oficios acusatorios y amenazantes a los dirigentes del lugar violando con esto el artículo 23 inciso 8 de la Constitución de la República que garantiza “el derecho a la honra, la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre la imagen y la voz de la persona”.

Esta situación simplemente no se puede soportar mas, es necesario que las autoridades competentes pongan freno de una vez por todas a estas violaciones de derechos ambientales, sociales y humano.

Alexandra Almeida