Para tratar de enfrentar los problemas de pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, cambio climático, deterioro de la naturaleza, o crisis ambiental en general, desde los Estados, y desde el sector financiero y corporativo -principalmente vinculado a la industria altamente consumidora de combustibles fósiles-, se han planteado respuestas que, en lugar de solucionar los problemas, los han empeorado.
Para tratar de enfrentar los problemas de pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, cambio climático, deterioro de la naturaleza, o crisis ambiental en general, desde los Estados, y desde el sector financiero y corporativo -principalmente vinculado a la industria altamente consumidora de combustibles fósiles-, se han planteado respuestas que, en lugar de solucionar los problemas, los han empeorado.
Por ejemplo, con respecto al cambio climático, con el Protocolo de Kioto de 1997, el Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS) de 2005, el Acuerdo de París de 2015, o las recientes Soluciones Basadas en la Naturaleza, etc., lo que buscan es evitar hacer cambios tecnológicos, ahorrarse dinero y seguir haciendo negocios como siempre. Lo que plantean es que, para compensar el carbono emitido, los daños o la pérdida de biodiversidad, adquieren “certificados”, “derechos”, o “permisos” para contaminar o destruir.
Para obtener estos “certificados”, “derechos” o “permisos” deben transformar a la naturaleza en productora de lo que llaman “servicios ambientales” o “servicios ecosistémicos”, que son nuevas mercancías que se compran y se venden.
Así, se crean “certificados de compensación de emisiones”, o, en el caso de la biodiversidad, “vales” de un espacio con biodiversidad o de especies similares/equivalentes, que los industriales o los bancos pueden comprar para “compensar” o hasta para “neutralizar” la destrucción de la que son responsables.
La historia lo ha demostrado, ninguna de estas iniciativas de mercado ha podido detener el cambio climático (por el contrario, no hace más que empeorarlo), ni tampoco la desaparición de especies. Esto es porque los “servicios ambientales” no fueron creados para este fin. Estos fueron desarrollados para que los capitalistas puedan tener nuevas formas de lucro, la crisis de acumulación.
En vista de, por un lado, los graves problemas ambientales que afectaban al planeta y a la humanidad, y por otro el auge de las organizaciones ambientalistas, la creciente conciencia socioambiental y de las luchas sociales, los Estados se vieron forzados a dictar normas ambientales, que señalaban límites, máximos permitidos, topes de contaminación. Este proceso de regulación no necesariamente prohibía la contaminación, sino que tendió a simplemente regularla. Así, los empresarios pensaron que con los servicios ecosistémicos podían seguir cometiendo delitos ambientales. Esto fue posible porque, o se podría comprar permisos para contaminar para poder saltarse las regulaciones ambientales, o se podía obtener certificados de compensación a través de la entrega de dinero a quienes estaban en condiciones de emitir los certificados, es decir los poseedores de tierras, bosques, humedales y fuentes de agua, plantaciones, principalmente en el Sur.
Esta situación, no solamente que les dispensaba a los empresarios de cambiar las formas de producción –y luego serviría para lavar la conciencia de los consumidores-, sino que les permitió tener nuevas fuentes de ingreso. Los bancos en este escenario comenzaron a emitir productos financieros basados en “servicios ambientales”, ya sin importar si los empresarios los compran para seguir destruyendo, para especular. Es lo que se conoce como la financiarización de la naturaleza.
Así, a la naturaleza la convirtieron en provisora de servicios ambientales, como el ciclo del carbono, la polinización, el ciclo del agua, los paisajes, el ciclo de nutrientes del suelo, la capacidad de crear biodiversidad…
Por su parte, los dueños de los bosques, las tierras y territorios donde se dan estas funciones y ciclos naturales son quienes emiten los certificados de compensación de CO2, de sapos en algún bosque tropical, o cosas como la deforestación o degradación evitada, o las “obligaciones de mitigación internacionalmente transferibles (creadas por el Acuerdo de París); es decir son permisos para contaminar y destruir baratos.
Pero, además, como ocurre en el mundo capitalista, pueblos indígenas, campesinos, y otros, se transforman en trabajadores precarizados, que cuidan una mercancía, poniendo tiempo y recursos, para usufructo de otros y para que las empresas no tengan que invertir mucho dinero en reducir el impacto en su lugar de origen y puedan “cumplir” con las normas y leyes ambientales.
Algunas de sus formas como REDD+, o la compensación de carbono, de biodiversidad son aberraciones del capitalismo. Muchos Estados los promueven con delirio, muchas empresas los siguen comprando y desarrollando y, varias organizaciones ambientalistas o indígenas creen que son una solución. Pero hay muchos ecologistas, muchas organizaciones indígenas y campesinas que no se han dejado engañar y entienden el riesgo para sus comunidades y los reconocen como iniciativas que son parte del mismo problema y ninguna solución.
Los servicios ambientales son una amenaza para la naturaleza y los pueblos. Violan los derechos de ambos. Es por esto que Acción Ecológica los ha denunciado y ha puesto en evidencia que son falsas respuestas a las crisis ambientales.
Tenemos una buena colección de documentos de posición, videos, materiales multimedia, de campaña y herramientas que esperamos que sirvan para tener más argumentos y oponerse a los servicios ambientales.
