Serie Subsidios #5 – TRATADOS DE “LIBRE COMERCIO” Y SUBSIDIOS PARA LAS GRANDES EMPRESAS

La principal causa detrás la movilización social intensa de estos días está la eliminación del subsidio a los combustibles decidida por el gobierno de Lenín Moreno (Decreto 883), que significará el encarecimiento de la canasta básica y un efecto muy fuerte en las economías populares. Según la versión oficial la medida (a gusto del FMI) dará más fondos para equilibrar el presupuesto fiscal.

Sin embargo, se ocultan los subsidios gigantescos que se entregan a las empresas más grandes del Ecuador, e incluso a transnacionales que operan aquí y en otros países. ¿Cómo puede ocurrir esto? A través de los tratados de «libre comercio» (TLC).

Los TLC surgieron como herramientas de poder de las empresas transnacionales para el control de las economías de los países. Constituyen un marco jurídico que se impone para debilitar los avances en derechos humanos y de la naturaleza; requisito necesario para garantizar la impunidad de las empresas frente a los delitos sociales y ambientales que comenten.

A principios de los años 2000 la lucha social en nuestro país frenó el TLC bilateral con EEUU, lo que dio lugar a que desde diversos espacios se construyan propuestas alternativas al neoliberalismo y poder optar por paradigmas distintos. Muchas se plasmaron en la Constitución de 2008.

Lo que siguió es conocido. Las leyes que se aprobaron después de la entrada en vigencia de la Constitución respondieron al lobby de las empresas mineras, petroleras, agroalimentarias. Dentro de esa línea, el régimen de Correa firmó el TLC con la Unión Europea (UE), que entró en vigencia el 1 de enero de 2017 y abrió el camino a nuevos TLC por parte de Lenín Moreno: con el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein -países que no integran la Unión Europea- el 25 de junio de 2018. Con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 15 de mayo de 2019. Con la Alianza del Pacífico -integrada por México, Colombia, Perú y Chile, países con larga trayectoria neoliberal-, se impulsa la integración en esta Alianza, que requiere que se firmen tratados de libre comercio con sus miembros, como ya viene ocurriendo, pues Moreno acordó ya con Chile y México iniciar las negociaciones que culminen en la firma de esos acuerdos.

También se están dando pasos con EEUU para avanzar hacia un TLC, y se ha planteado un TLC con China, país que planea una Ruta global de la Seda que abarca los cinco continentes.

Lo que mueve a estas negociaciones es la necesidad de abrir más mercados para el poderoso sector agroexportador de banano, camarón, flores, pesca blanca, cacao, brócoli, piña, abacá, entre otros, donde se encuentran varias empresas transnacionales, que ahora están siendo beneficiados por el paquete de medidas económicas decretadas por el gobierno, y de manera preferencial el banano.

En las rondas de negociación participan delegados de los sectores agroexportadores, pero no observadores de las organizaciones sociales -porque las negociaciones se llevan en secreto, lo que se decide ahí está vedado a la población a pesar de significan violaciones de los derechos humanos y la naturaleza-. Así, el sector empresarial no sólo se beneficia de estas facilidades otorgadas por el Estado, sino que de esta manera se le ayuda también a consolidar su poder económico.

La expectativa de tener más mercados internacionales estimula para que los agronegocios se expandan sobre áreas naturales y en zonas de pequeña y mediana agricultura, o influye para que actividades productivas orientadas al mercado nacional sean reemplazadas por aquellas que demanda el mercado internacional. Todo esto se da en medio de una mayor flexibilización ambiental y en derechos humanos, con controles más débiles para «no ahuyentar a las inversiones» y evitar que los inversionistas pongan demandas arbitrales contra el país (como se va a ver más adelante). Así, se entregarán subsidios a las corporaciones en agua y tierras, en ecosistemas dañados por la contaminación o la deforestación, en especies marinas sobreexplotadas.

Por otro lado, los TLC promueven la eliminación progresiva de los aranceles, lo que significa que el Estado recibe menos ingresos por las importaciones. La leche de la UE va a ingresar al mercado ecuatoriano pagando cada vez menos aranceles, lo que representa ya un impacto fiscal. Si se considera que esta producción cuenta con enormes subsidios, la combinación de estos dos factores va a provocar que la leche de la UE sea vendida a precios más bajos que el establecido en el mercado nacional, incluso a precios inferiores al costo, lo que pone bajo grave riesgo de desparecer a la pequeña y mediana producción de leche del Ecuador. Esto constituye un subsidio a las poderosas transnacionales de la leche de la UE que de esta forma amplían sus ganancias.

Otro aspecto de los TLC que significa jugosos subsidios dados a las empresas transnacionales tiene que ver con las garantías que se les da para que obtengan grandes ganancias por sus inversiones. Reciben «trato nacional», y no pueden ser «discriminadas» en las contrataciones que hace el Estado; si cambian las regulaciones con el propósito, por ejemplo, de evitar la contaminación, si ello implica que la empresa no obtenga las «ganancias esperadas», gracias al tratado podría demandar al país en un tribunal internacional de arbitraje regido por normas comerciales y no de derechos humanos y de la naturaleza. En los tribunales de este tipo, las empresas tienen muy altas posibilidades de ganar y salirse con millones de dólares.

Un reciente fallo del CIADI (tribunal vinculado al Banco Mundial) en el caso de la demanda de la petrolera Perenco contra el Ecuador, podría significar el pago de unos 411 millones de dólares a esta empresa. Según registros de la Procuraduría del Estado, existen actualmente 13 arbitrajes contra el Ecuador interpuestos por empresas petroleras y mineras, entre otras. La demanda de Perenco se dio porque el Ecuador violó el Tratado BilateraI de Inversión con Francia, país sede de esta empresa. Los TBI dan a las empresas transnacionales la capacidad de recurrir a un arbitraje en ausencia de un TLC.

El caso denominado Chevron III fue interpuesto contra el Ecuador como estrategia de esta empresa frente al juicio de indígenas y campesinos del norte de la Amazonía ecuatoriana que exigen reparación integral de los daños ambientales ocasionados por Texaco, ahora fusionada con Chevron.

Es inaceptable que el Estado mantenga los subsidios descritos a sectores poderosos del país y a empresas transnacionales, y que pretenda ampliarlos con nuevos tratados de libre comercio. Con esto, la ruina fiscal será un hecho… a no ser que perpetuarla sea parte del juego.

ACCIÓN ECOLÓGICA
11 de octubre de 2019

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