Serie ¿Por qué nos movilizamos? – No. 4: Los pueblos afectados por la explotación petrolera se movilizan

El Ecuador tiene más de 50 años de extraer petróleo del norte de la Amazonía. Se han destinado alrededor de 5 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical para estas actividades. Los impactos, tanto a la naturaleza como a las comunidades y a las culturas indígenas, han sido nefastos. Existen dos sentencias judiciales, la del caso Chevron y la de la acción de protección que 9 niñas amazónicas pusieron contra el Estado por la quema de gas en los mecheros, que confirman que las actividades petroleras han provocado la contaminación de ríos, suelos, aire, pérdida de biodiversidad, han originado afectaciones a la salud de la población y han causado graves pérdidas económicas a las familias de la zona.

El gobierno de Guillermo Lasso ha seguido la misma lógica de todos los gobiernos de priorizar los ingresos económicos que genera el petróleo por sobre los graves impactos ambientales, sociales y a la naturaleza; en julio del 2021 dictó la política petrolera de su gobierno a través del Decreto 95 que busca duplicar la extracción de crudo durante su período y entregarlo a manos privadas. Este decreto fue demandado por inconstitucional en la Corte Constitucional, lamentablemente aún sin respuesta por parte de las autoridades.

Para conseguir los objetivos planteados en el Decreto 95, el gobierno diseñó un agresivo plan de ocupación de territorios y comunidades en toda la Amazonía, donde las comunidades ya enfrentan graves violaciones de sus derechos fundamentales y la destrucción de sus fuentes de vida.

Ejemplos de esto tenemos en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia. En esta zona, la empresa Gran Tierra Energy, favorecida por la licitación de la ronda Intracampos I, intenta ingresar a comunidades campesinas de la parroquia General Farfán en contra de la voluntad de los pobladores. Se han registrado una serie de irregularidades y vulneraciones de derechos como el derecho a la consulta previa contemplado en el artículo 398 de la Constitución. Para el segundo semestre del presente año, el gobierno ha anunciado la licitación de la ronda Intracampos II para entregar 6 campos más a empresas privadas, para lo cual ha empezado procesos de socialización violando nuevamente el derecho a la consulta previa. Estos, entre otros, son los motivos expuestos por la población de la provincia de Sucumbíos para sumarse a la movilización.

Los pueblos y nacionalidades indígenas del centro-sur de la Amazonía se han movilizado también. Sus razones son la oposición a los planes del gobierno de licitar nuevamente los bloques que se incluían en la fracasada ronda suroriente realizada durante el gobierno de Rafael Correa. Las nacionalidades Shiwiar, Sapara, Kichwa de Kawsak Sacha, Achuar, Waorani y Shuar, en reiteradas ocasiones han manifestado su total rechazo al ingreso de empresas petroleras a sus territorios ancestrales. Sin embargo, el gobierno insiste en que de esos territorios sacará el petróleo necesario para duplicar la extracción actual.

Otro de los motivos para la movilización de las poblaciones asentadas en los campos petroleros que están en operación son los constantes derrames de petróleo que ocurren en esos lugares. Según notas de prensa, en el país se producen más de dos derrames por semana que afectan a los ríos, lagunas, bosques y a la población. La mayoría de estos derrames no son reparados integralmente. En lo que va del año, tenemos registrados, solo en Shushufindi, alrededor de 40 derrames, siendo la comunidad “18 de noviembre” la más perjudicada. Es por esto por lo que sus pobladores protagonizaron, en el contexto del paro, una gran marcha en esa ciudad para reclamar sus derechos.

Otra población movilizada es la que está asentada en las orillas de los ríos Coca y Napo. Son 105 comunidades Kichwa, unas 27.000 personas que fueron afectadas por el derrame del 7 de abril de 2020. Su reclamo consiste en que aún no se han solucionado los problemas de contaminación. En enero de 2022 se produjo otro derrame que les volvió a dejar sin agua, sin cultivos, sin pesca, sin alimentos. Delegaciones de estas comunidades están en Quito exigiendo el respeto a sus derechos.

Ante esta dramática realidad, el gobierno no ha dado ninguna solución real. Por el contrario, en el informe a la nación efectuado el pasado 24 de mayo, el presidente Lasso dijo que ahora la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles y el cambio de matriz energética, por lo cual en Ecuador “llegó el momento de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”. Con estas palabras demuestra que ignora por completo -o no le importan- los grandes desastres que ocurren en nuestro país, ni los globales como el cambio climático, provocado por la extracción y consumo de combustibles fósiles, que amenaza al planeta y a la humanidad.

ACCIÓN ECOLÓGICA
23 de junio de 2022