Serie ¿Por qué nos movilizamos? – No. 2: Sobre la ocupación policial de la Casa de la Cultura

El 9 de agosto de 1944 se creó la Casa de las Culturas Ecuatorianas -CCE, un hecho histórico que ha gestado, desde la autonomía, innumerables obras invaluables como expresión del arte y las culturas de nuestro país. Miles de artistas, gestores culturales y público en general han transitado sus espacios enriqueciendo desde lo más profundo el sentido de la vida. La ocupación por parte de la policía nacional ocurrida el pasado 19 de junio en el marco del paro nacional convocado por la CONAIE, constituye un acto de violencia institucional y simbólica con antecedentes solo en gobiernos autoritarios y dictatoriales. Hoy, sus instalaciones serán usadas como cuartel policial.

Históricamente, la Casa de las Culturas se ha constituido como lugar de diálogo y encuentro para las demandas populares. En contextos de manifestaciones de protesta, su posición de apertura permitió el apoyo humanitario a quienes llegaban a Quito, capital política del país. Muchas voces han sido escuchadas y muchos derechos conquistados en el seno de la CCE.

La intervención de la fuerza pública es una acción que atenta contra el derecho de participación de los actores sociales que se movilizan por la defensa de sus derechos fundamentales.

Son las luchas de resistencia las que han hecho posible que los pueblos aseguren su existencia, así como el ejercicio los derechos indispensables para sostener una vida digna con justicia, reclamados también por sectores populares, organizaciones y movimientos sociales. Frente a la profunda crisis que vive la mayoría de la población en las ciudades y en los territorios, el derecho a la protesta y a la resistencia debe ser garantizado y no criminalizado.

La llegada de las delegaciones del movimiento indígena, que aportan al intercambio de ideas y a los diálogos entre culturas, son expresión del Ecuador intercultural y un aporte a la construcción del Estado plurinacional.

Debemos propiciar el encuentro con los pueblos y nacionalidades indígenas, que en su conexión con la tierra, el agua, la selva, son quienes las defienden y protegen de los intereses del capital extractivista. Por tal motivo, en la movilización de las comunidades afectadas por la minería, las actividades petroleras, el agronegocio, las represas e hidroeléctricas, está en juego la necesidad de impedir que se destruyan las bases que sostienen las formas de vida de las comunidades en los territorios y el respeto a los derechos de la naturaleza.

La Casa de las Culturas no puede quedar a merced de las mismas fuerzas represivas del Estado que atentan contra los pueblos cuando defienden sus territorios.

Con los hombres y mujeres que llegan en las delegaciones a Quito, viene también la fuerza de sus ríos, cerros y bosques; quienes protestan y levantan la voz lo hacen también con las voces de la naturaleza que se manifiesta.

Negar los espacios para la participación política y cultural es un acto violento que vulnera la posibilidad de un Estado plurinacional y de vida en democracia.

ACCIÓN ECOLÓGICA
20 de junio de 2022

foto: Wambra medio comunitario