El Decreto Ejecutivo 1017 del 16 de marzo 2020, a través del cual “se declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional”, para enfrentar la pandemia del COVID-19, establece en el artículo 6 (c) que “seguirá funcionando… toda la cadena de exportaciones, la industria agrícola, ganadera…”.
De esa manera, los trabajadores de las plantaciones bananeras, de palma, piscinas camaroneras, planteles florícolas y muchos más, deben continuar con sus labores, como si el país no estuviera bajo emergencia sanitaria, y exponiéndose al riesgo de contraer el COVID-19.
Sin embargo, el Decreto 107 no establece las normas de seguridad que deben implementarse para los trabajadores de las empresas que participan en la cadena de exportación de productos agrícolas.
En el día a día, muchos de estos trabajadores y sus familias, están expuestos de manera directa o indirecta a distintos tipos de plaguicidas que se aplican en las plantaciones, para el control de pestes y enfermedades, que son el resultado del modelo agroindustrial con el que se producen estas commodities agrícolas. Esto, les convierte en población vulnerable frente al COVID-19, porque cualquier sustancia que produce inflamación del sistema respiratorio va a agravar los casos de COVID-19 (como los agrotóxicos usados en las plantaciones de agroexportación).
Pero… las fumigaciones con agrotóxicos continúa, de acuerdo al testimonio de trabajadores bananeros, a pesar de la crisis sanitaria y de salud pública. Estas exposiciones van a aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores frente al COVID-19, no sólo de la población trabajadora, sino también de las comunidades que viven en las zonas de influencia de las haciendas bananeras. En caso de que contraigan la enfermedad, la exposición a agrotóxicos incrementa el riesgo de que desarrollen cuadros graves.
A esto se suma que las empresas no están entregando protección a sus trabajadores, como revela el siguiente testimonio de un trabajador bananero:
«Parece que nosotros los manchados (trabajador de bananera) somos anti-coronavirus, ya creo que de tantos años que nos vienen fumigando nos ha hecho anti-coronavirus. Nos llevan a trabajar no nos dan ningún tipo de seguridad y el administrador nos impone que mañana llevemos gel, mascarilla alcohol”
Hay muchos otros testimonios que dan cuenta de la falta de cuidado que se tiene en las haciendas bananeras con sus trabajadores, y del riesgo que juegan ellos y sus familias.
Hay varios estudios científicos que muestran que la exposición laboral a agrotóxicos da lugar a la entrada de éstos en el torrente sanguíneo, a través de las vías respiratorias por inhalación, lo que puede afectar negativamente al sistema respiratorio de los trabajadores agrícolas. Estos estudios también dan cuenta de que hay un mayor riesgo de problemas respiratorios (asma, sibilancias, esputo manchado de sangre y bronquitis crónica) entre los trabajadores agrícolas que en poblaciones no expuestas a plaguicidas.
Se ha encontrado también que los trabajadores agrícolas expuestos ocupacionalmente a los plaguicidas presentan cuadros de función pulmonar disminuida.
Se podría pensar que los trabajadores agrícolas no entrarán en contacto con personas infectadas con coronavirus, porque no están en contextos urbanos (que es donde más casos se reportan en el mundo). Sin embargo, los trabajadores agrícolas pueden entran en contacto, directa o indirectamente, con muchos visitantes que proveen insumos a las plantaciones, que retiran la producción, o por muchas otros canales de contacto en la cadena productiva y de comercialización.
La consigna de #QuédateEnCasa no tienen ningún sentido para los trabajadores agrícolas, dado el hacinamiento en el que viven, en algunos casos inclusive en asentamientos informales.
Tampoco se aplica el consejo de lavarse las manos constantemente y de mantener ciertas normas de higiene, porque muchos viven en contextos donde no hay agua potable; o acceden sólo a agua contaminada.
Los trabajadores rurales y sus familias se encuentran entre una población más vulnerable ante el COVID-19, no sólo porque deben seguir trabajando, y por lo tanto, continúan expuestos; sino también por los años de exposición a agrotóxicos, lo que ha debilitado su sistema respiratorio.
El Gobierno debe adoptar políticas para proteger a los trabajadores rurales que, por su mandato, deben seguir trabajando, aun cuando esto signifique que los agroexportadores reduzcan sus ganancias.
Un primer paso lo dio ya el GAD de Cayambe (donde se asientan la mayor superficie de florícolas del Ecuador). Ahí, se ha decidido que cada empresa florícola adopte protecciones de bioseguridad para sus trabajadores y trabajadoras.
ACCIÓN ECOLÓGICA
25 de marzo de 2020
Estudios científicos mencionados en este editorial:
(1) Kimbell-Dunn et al (2001) Work-related respiratory symptoms in New Zealand farmers. Am J IndMed 39(3): 292–300.2.
Radon K, et al. (2001) Respiratory symptoms in European animal farmers. Eur Respir J 17(4): 747–754
(2) Fareed, et al (2013). Adverse Respiratory Health and Hematological Alterations among AgriculturalWorkers Occupationally Exosed to Organophosphate Pesticides: A Cross-Sectional Study in North India. PLoS ONE 8(7): e69755(3) Zhang LX, et al (2002) Occupationaland environmental risk factors for respiratory symptoms in rural Beijing, China.Eur Respir J 20: 1525–1531.7.
(3) Bener A (1999) Respiratory symptoms, skin disorders and serum IgE levels in agricultural workers. Allerg Immunol Paris 31: 52–56
(4) Kossmann S, Konieczny B, Hoffmann A (1997) The role of respiratory muscles in the impairment of the respiratory system function in the workers of a chemical plant division producing pesticides. Przegl Lek 54: 702–706
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