Que la actividad minera trae destrucción es parte de la historia de los pueblos en la América india. Ahora se ve en tiempo real, las complicidades, las intencionalidades y los fatales resultados.
Del 1 al 4 de marzo, la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), organizó la «convención de exploración y minería de primer nivel» del mundo, en Toronto, Canadá; fue un gran espectáculo de minería que reunió a más de 25.000 personas de más de 130 países. En esta convención participaron delegaciones de América, de África, de Asia, de aquellos territorios que serán sacrificados para extraer un mineral “necesario para la industria”.
El evento tuvo lugar cuando ya se había desatado la crisis del COVID-19. El 1 de marzo, la OMS elevó el nivel de riesgo de expansión global de alto a muy alto, con 86.992 casos confirmados y 2.979 muertes. Una tasa de letalidad de 3.42% y 64 países afectados. En Canadá ya se habían registrado 13 casos de coronavirus y se habían cancelado eventos masivos, para evitar la propagación del virus.
La empresa Solaris Resourses Inc, y su subsidiara en Ecuador, Lowell Mineral Exploration Ecuador, llevaron al evento canadiense a una delegación de 7 indígenas de la nacionalidad Shuar, de la comunidad Warintz, de la zona de influencia del proyecto minero Warintz, que se ubica en el cantón Limón Indanza de la provincia Morona Santiago, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, exponiéndolos al contagio.
De hecho, se reportó que varios de los participantes en la Convención fueron contagiados, incluyendo el Ministro de Minas de Burkina Faso en África Occidental, quien luego contagió a 6 ministros y después de 20 días, eran 146 los casos confirmados.
El pueblo Shuar fue irresponsablemente expuesto al COVID-19. Aunque se desconoce sus niveles de contagio exactos, pero hasta el 8 de abril de 2020, el pueblo Shuar Arutam había denunciado la muerte de la madre de uno de los 7 miembros de la comunidad Shuar de Warints que viajaron a la Convención Minera en Canadá.
Es urgente la declaratoria de emergencia de salud en el territorio Shuar y la implementación de medidas sanitarias culturalmente adecuadas, en acuerdo con las organizaciones indígenas nacionales y regionales, y con aquellas que representan legítimamente al pueblo Shuar. Solo así se evitará toda posibilidad de contagio y que no aumente la carga viral en ese territorio.
Es urgente respetar el planteamiento del pueblo Shuar que exige, en estos momentos de máxima vulnerabilidad por la pandemia del COVID-19, que las empresas mineras salgan de los territorios, pues estas han ingresado a las comunidades apoyadas por el gobierno en su afán extractivista.
El 16 de marzo el gobierno decretó el estado de excepción, no obstante, al día siguiente anunciaba que la paralización y suspensión de actividades excluía los sectores estratégicos. De hecho, el Decreto da el mismo tratamiento a los trabajadores de la salud que a los trabajadores mineros. Mientras que en las ciudades se aplican fuertes restricciones para evitar la epidemia, el peligro de contagio se cierne sobre las tierras y territorios rurales. Durante la cuarentena en varios territorios se ha intensificado la actividad minera, aprovechando que las comunidades están cumpliendo con el encierro decretado.
Son centenares los trabajadores que están en las operaciones mineras, con la posibilidad de expandir la epidemia, y sin posibilidades de verificar niveles de contagio. De acuerdo a declaraciones del Viceministro de Minas, la empresa Lundin Gold (Suecia/Canadá) operadora de la mina Fruta del Norte continúa trabajando con 500 personas, y EcuaCorriente (China) lo hace con 800 trabajadores. Operan además en la misma zona las empresas mineras: la empresa ExplorCobres SA (China), Sol Gold (Australia) con subsidiaria en Ecuador Cruz del Sol, Aurania Resources (Canadá) con subsidiaria en Ecuador Ecuasolidus, Luminex Resources (Canadá) que tiene cartas de intención con BHP y Anglo-American, Proyectmin S.A Solaris Copper (Canadá) con subsidiaria en Ecuador Lowell Mineral Exploration.
A su vez, en Pacto (parroquia ubicada en el Noroccidente de Pichincha), el 16 de marzo, mineros se instalaron en ese territorio, burlando las decisiones de rechazo a la minería emitida por el Municipio de Quito con el fin de conservar y mantener el patrimonio natural y cultural del territorio de la Mancomunidad del Chocó Andino, que comprende las parroquias rurales de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Esa misma decisión ha tomado la población de Pacto, de rechazar contundentemente la minería en su territorio, mediante la consulta comunitaria que se realizara el 12 de abril de 2015.
Más al Noroccidente, en Esmeraldas, el 4 de abril de 2020, poblaciones de San Lorenzo denunciaron que las actividades mineras se han intensificado durante la cuarentena del COVID-19, a pesar de que desde agosto de 2018, la justicia determinó medidas cautelares para la población, determinando que toda minería es ilegal, estando prohibida en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Como complemento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el contexto de la emergencia sanitaria, entregará un préstamo de USD 78,4 millones para aumentar las inversiones en los sectores minero y energético de Ecuador, en un momento en que en el país hay graves denuncias de la falta de presupuesto para atender la pandemia.
El Gobierno se enorgullece de mantener las exportaciones de minerales. A finales de marzo, anunciaba que, desde la terminal marítima de Puerto Bolívar, en la provincia de el Oro, desde donde se procesa el material minero tanto de empresas legales como ilegales, se estaba realizando libremente la exportación de minerales. También la Agencia de Regulación y Control Minero informó que continúa emitiendo certificados de exportación de minerales.
Los mineros saben que tienen carta libre para circular e intervenir en los territorios donde hay minerales. Están aprovechando la pandemia del COVID-19 para ingresar a los pueblos que han defendido de manera legítima y legal y digna sus territorios.
La emergencia por el COVID-19, no puede dar la espalda a lo que ocurre en todo el territorio nacional, menos aún a lo que ocurre en territorio Shuar, en donde habitan pueblos libres y que es cuna de sabiduría, de tradiciones y de construcción y enriquecimiento de biodiversidad, de hecho, su territorio es un hot spot de biodiversidad.
Las empresas mineras operan con suprema negligencia e incumplimiento del deber de diligencia con los derechos de las poblaciones indígenas, amazónicas y de otros lugares del país. En esta situación de pandemia con el nuevo coronavirus, en lugar de promover la minería, el gobierno debería estar extremando el deber de cuidado con toda la población ecuatoriana.
ACCIÓN ECOLÓGICA
10 de abril de 2020
Fuentes:
(1) Declaración del Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. 2020/03/16.
https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/Decreto_No._1017_20200216213105.pdf
(2) Indígenas shuar respaldan proyecto Warintza de Solaris y Lowell https://www.viaminera.com/
(3) Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. https://twitter.com/RecNaturalesEC/status/1244757887521640449
(4) “El Banco Interamericano de Desarrollo entregará crédito de USD 78,4 millones para sector minero y energético”. El Comercio. 13/03/2020
https://www.elcomercio.com/actualidad/bid-credito-mineria-energia.html.
(5) The possible horrible legacy of the “coronavirus convention” The Halifax Examiner. https://www.halifaxexaminer.ca/featured/the-possible-horrible-legacy-of-the-coronavirus-convention/
(6) https://fundacionio.com/2020/03/01/1-marzo-2020-actualidad-sobre-coronavirus-covid-19/
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