SERIE COP16. Subsidios perjudiciales, deuda y financiación de la biodiversidad en África
Acción Ecológica opina. Editorialista invitado: Centro Africano por la Biodiversidad
La meta 18 del Marco Mundial de la Diversidad Biológica (MMB) del Convenio para la Diversidad Biológica exige la eliminación gradual o la reforma de los subsidios ambiental y socialmente perjudiciales y la ampliación de los incentivos positivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. La reducción esperada de los llamados subsidios perjudiciales sería de 500 mil millones de dólares anuales para 2030.
Ante la falta de fondos para la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad, la reorientación de los subsidios perjudiciales es una posible fuente de fondos. Sin embargo, la cuestión es muy compleja, ya que los subsidios pueden diferenciar entre quienes subsidian las ganancias corporativas y los que subsidian el acceso a bienes y servicios esenciales, como la energía o los alimentos, para individuos y grupos marginados.
Resulta evidente que las soluciones para la protección del medio ambiente no pueden considerarse de manera independientemente de la reforma sistémica de la arquitectura financiera internacional o del fin de la servidumbre por deudas en África.
Se ha estimado que los subsidios perjudiciales superan los 2,6 mil millones de dólares al año, y la mayor parte se destina a los combustibles fósiles (40%) y a la agricultura industrial (23%). A esto se suman otras inversiones privadas perjudiciales para el medio ambiente por valor de entre 2,6 y 5 mil millones de dólares. Estas cantidades superan con creces tanto las necesidades de contar con fondos para la protección integral de la biodiversidad (algunos hablan de entre 722.000 y 967.000 millones de dólares al año) como los flujos de recursos reales para la protección del medio ambiente y la biodiversidad (se estima que estos últimos ascienden a entre 124.000 y 165.000 millones de dólares al año, de ahí la cifra del déficit del 83% o más). La mayor parte de la financiación actual proviene del sector público nacional, y solo una pequeña parte de la financiación pública internacional o del sector privado.
Los gobiernos africanos se encuentran en una situación delicada: tienen que pagar los daños ambientales y sociales que fueron y son causados principalmente por los países más ricos, en medio de una crisis de deuda y de una austeridad impuesta como condición para recibir préstamos. Los gobiernos africanos también se ven obligados a subsidiar la actividad corporativa, especialmente en las industrias extractivas, para tratar de generar divisas para la importación de bienes esenciales. Esto es producto de las desigualdades estructurales globales que mantienen a las economías africanas en una posición subordinada en el orden global.
Los flujos financieros ilícitos, los onerosos pagos de la deuda y la «repatriación» de ganancias resultan en una extracción neta de riqueza de África año tras año, a pesar de la narrativa dominante de que África es una sangría para la riqueza global.
La protección ambiental y social no puede separarse de la cancelación de deudas odiosas e injustas, una reorganización y democratización fundamentales de la arquitectura financiera global y el fin de la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.
Se deben eliminar los subsidios perjudiciales a los productores corporativos que son plenamente capaces de financiar sus operaciones.
Los subsidios a la producción de energía y alimentos deben reorientarse hacia prácticas respetuosas con el medio ambiente y la biodiversidad.
Se deben defender y garantizar los subsidios al consumo para individuos y hogares pobres en recursos como un elemento clave de una transición justa hacia sistemas de producción más equitativos y respetuosos con el medio ambiente.
Las reparaciones por siglos de desposesión violenta y extracción de África deberían financiar el desarrollo endógeno del continente, en lugar de la deuda.