SAN LORENZO Y LAS PALMICULTORAS

CAMPESINOS DE SAN LORENZO Y EMPRESAS PALMICULTORAS

Desde hace algunos años, hubo una fiebre de compra de tierras en el cantón San Lorenzo, ubicado en la zona norte de Esmeraldas. Estas eran compradas por los negociantes de la tierra, a precios bajos, para luego venderlas a las empresas palmicultoras, a un mayor precio. En otros casos, especialmente en la zona de Ricaurte, eran los mismos empresarios, quienes compraban la tierra, directamente a los campesinos, a precios inferiores a los pagados a los intermediarios.

A través de estos mecanismos las empresas han ido «adquiriendo» para sí, los derechos posesorios de campesinos y colonos, además de ocupar zonas de patrimonio del estado. Que suman, aproximadamente, 30 mil hectáreas de bosques de la zona.

En febrero de 1999, miembros de la directiva del Frente de defensa de los Campesinos de San Lorenzo, conjuntamente con otros 150 campesinos de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, denunciaron la devastadora tala de bosques primarios y secundarios emprendida por las palmicultoras para implementar en esas 30 mil hectáreas, monocultivos de palma africana. Este proyecto inició en 1998, y hasta el momento, se han talado aproximadamente 4.550 hectáreas de bosque, 2.500 de las cuales corresponden a bosque primario.

LAS EMPRESAS PALMICULTORAS

Palmera de los Andes (que opera en la vía férrea San Lorenzo-Ibarra, cerca de los esteros Najurungo y Panadero y es causante de la destrucción de unas 800 hectáreas de bosques. Viene realizando esta actividad, alrededor de 30 años, en la zona de Quinindé, provincia de Esmeraldas y Shushufindi (en la región amazónica). Su proyecto implica la deforestación de 4.600 hectáreas en total.

La empresa Agrícola San Lorenzo, opera en el sector Ricaurte (en la vía San Lorenzo-Ibarra) y es responsable de haber talado 850 hectáreas. Lleva 56 años de operación en la zona de Santo Domingo de los Colorados. Su proyecto transformaría un total de 5.000 hectáreas de bosque.

La Fabril (Palmera del Pacífico), opera en los sitios de Carondelet, Santa Rita y San Francisco y desmanteló 600 hectáreas. Su proyecto es transformar en monocultivo de palma 947 hectáreas en total.

La Compañía Hacienda Teobrama, opera en la zona de Ricaurte, sector de labor es Mataje, y es responsable de la deforestación de 250 hectáreas y tiene el proyecto de realizar las plantaciones en un total de 850 hectáreas.

La compañía Aiquisa (Agroindustrial Quinindé), opera en el sector de Boca y ha talado 650 hectáres de bosque. Su proyecto es de 2000 hectáreas en total. Tiene una trayectoria de 20 años en el cultivo de palma en el cantón Quinindé (en la misma provincia de Esmeraldas).

La empresa Ecuafinca, que opera en la vía Mataje hasta el estero Molinita, es la responsable de la destrucción de 400 hectáreas. Opera desde hace 7 años en la Concordia y Puerto Quito (nor-occidente de Pichincha) . Su proyecto implica la deforestación de 1.180 hectáreas.

La compañía Palesema, opera en la zona Campanita-Mataje, sector Robalino, en la vía San Lorenzo-Ibarra, destruyó 600 hectáreas y su proyecto implica deforestar un total de 750 hectáreas.

Ninguna de estas empresas cuenta con permiso para talar bosques, operan sin planes de manejo ambiental y sin consultar a las comunidades locales. Talan y continuan talando, indiscriminadamente especies maderables y no maderables.

Entre las especies taladas en Esmeraldas en los últimos años, se incluyen los siguientes árboles de maderas valiosas: guayacán (Tabebuia chrysantha), chanul (Humiriastrum procerum), tillo (Brosimun alicastrum), sande (Brosimun utile), damagua (Poulsenia armata), mascarey (Hyeronima alchorneoides), tangaré (Carapa guianensis), guión (Pseudolmedia laevis), chalviande (Virola sebifera), laguno (Vochysia ferruginea), maría (Calophyllum brasiliense), matapalo (Ficus insipida), anime (Dacryodes olivifera), cedro (Cedrela odorata), cedrillo (Tapirira guianensis), pambil (Iriartea deltoidea), balsa (Ochroma sp.).

Entre las especies no maderables se pueden mencionar: tagua (Phytelephas aecuatorialis), chapil (Jessenia bataua), caña guadua (Guadua angustifolia), guarumo (Cecropia sp.) y otras.

El número aproximado de bosques talados no incluyen las tierras agrícolas arrasadas por cada una de las empresas mencionadas.

LOS RIESGOS DE LA TALA DE BOSQUES Y LA PALMICULTURA

• Las acciones y proyectos de las palmilcuturas atentan contra las fuentes de trabajo de las poblaciones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, puesto que sus ocupaciones se basan en la pesca, en la actividad camaronera, en la recolección de crustáceos. Estas actividades se verían afectadas por la posible contaminación que provocan los efluentes de aceite y el uso de plaguicidas, propios de los monocultivos de palma africana.
• La contaminación comprometería la salud de los pobladores, el aire, los suelos y la vegetación aledaña. Afectaría la reserva ecológica de manglares Cayapas-Mataje y los servicios ambientales que este ecosistema proporciona a los pobladores locales.
• Las personas que transfirieron sus posesiones a las palmicultoras, tendrían que abandonar estos lugares. Probablemente se desplacen hacia centros urbanos o hacia otras zonas de bosques «aún no impactados» o a los territorios de comunidades afroecuatorias o indígenas Awá y Chachi, con los consecuentes conflictos sociales y ambientales que implica la dinámica colonizadora.
• Pérdida de la biodiversidad de la región: extinción de especies naturales únicas y otras amenazadas de extinción.

ACCIONES Y ESTRATEGIAS TOMADAS POR LOS AFECTADOS

Las organizaciones campesinas de San Lorenzo, denunciaron esta deforestación ante la oficina técnica forestal de San Lorenzo. Esta dependencia, presionada, además, por los madereros que se veían afectados por la magnitud de la deforestación y pedían la inspección de los proyectos palmícolas, verificó en el sitio, la tala mencionada y recomendó la instauración de un juicio forestal contra las empresas. Pese a lo cual, el Ministerio del Ambiente no se pronunció ni tomó medidas concretas para detener la deforestación.

Los pobladores también presentaron la denuncia ante la Gobernación de Esmeraldas, pero sin mayor resultado.

Buscando otro camino que permita detener la deforestación, contactaron con la Corporación de Defensa de la Vida, CORDAVI, y con el acompañamiento de esta entidad, interpusieron una petición de amparo constitucional, ante un juez de Pichincha, a fin de solicitar lo siguiente:

• Que se prohíba, de forma perentoria, la implementación de plantaciones de palma africana en el cantón San Lorenzo, y cualquier otra actividad incompatible con la vocación forestal de la localidad.
• Que se declare en emergencia ecológica a la zona norte de la provincia de Esmeraldas y, en vista de que el INEFAN se encuentra desarticulado, piden que el control de los bosques sea ejecutado por las Fuerzas Armadas.
• Que el Ministerio del Ambiente determine los mecanismos jurídicos que le permita la conservación de los bosques primarios de la región.
• Pidieron a ese Ministerio y a la Procuraduría General de la Nación, iniciar acciones legales para que los empresarios y personas responsables de la deforestación, paguen por la madera extraída y por los daños ecológicos ocasionados (según las disposiciones de la ley forestal).
• Que las autoridades judiciales y administrativas a las que les compete el caso, investiguen la negociación de tierras de bosque natural y de patrimonio del Estado.

Las acciones legales emprendidas, tomaron como fundamento derechos constitucionales sobre el interés público de los bienes ambientales, la prevención de la contaminación y destrucción ambiental, la preservación de la biodiversidad, el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado, la garantía constitucional de seguridad pública y el derecho de bienestar social, equilibrado y sustentable.

EFECTOS Y RESULTADOS

Uno de los principales logros ha sido la difusión de este conflicto y el haber solicitado medidas concretas a las distintas autoridades ambientalistas y judiciales, para detener la deforestación.

También se ha comprobado la destrucción y ocupación ilegal de tierras que pertenecen al Bloque 15 del Patrimonio Forestal del Estado.