REPSOL YPF BLOQUEA VERIFICACIÓN EN YASUNÍ

REPSOL YPF BLOQUEA UNA MISION NTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA RESERVA DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ (PNY), ECUADOR.

Prensa Ibérica

Una misión internacional de verificación compuesta por delegado/as y experto/as de organizaciones del Estado español, Brasil, Ecuador, Colombia, Canadá y Perú, ingresó en la PNY, Ecuador durante los días 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto.

El objetivo de la misión fue evaluar los impactos ambientales y sociales de la actividad petrolera de las compañías REPSOL-YPF (España) y ENCANA (Canadá), así como comprobar el estado del bloque 31, próximo a concederse a Petrobras, para recomendar o no esta concesión.

La empresa REPSOL YPF opera en el bloque 16, que se encuentra en la Reserva de la Biosfera Yasuni, formada por el parque nacional del mismo nombre y Territorio Huaorani.

El PNY es el más grande del Ecuador continental, está ubicado en un área de megadiversidad de las más importantes del planeta, de una gran fragilidad ecológica y donde moran algunas comunidades indígenas aún no contactadas. Estas dos condiciones: Area protegida y territorio indígena le confieren un status especial y garantías internacionales tanto en materia ambiental como de derechos humanos y culturales.

La misión tramitó todos los permisos necesarios para el acceso al PNY con las autoridades nacionales y estos fueron concedidos por el Ministerio de Ambiente ecuatoriano, así como por la comunidad Huaorani. Una vez obtenidos, se notificó a REPSOL-YPF la entrada de la misión al PNY, recibiendo como respuesta la prohibición de utilizar «su carretera» (refiriéndose a la carretera Maxus, de 180 km, que cruza el PNY y que fue construida por la empresa Maxus, absorbida posteriormente por REPSOL-YPF).

Este hecho obligó a la misión a buscar una ruta alternativa por vía fluvial, llegando hasta la comunidad huaorani de Guiyero el día 31 de julio.

Cuando la misión se encontraba realizando el trabajo de verificación dentro del PNY y acompañados por miembros de la comunidad huaorani de Guiyero, al final de la tarde del día 1 de agosto, ésta fue interrumpida por el responsable de seguridad de REPSOL escoltado por miembros del ejército ecuatoriano. Se le prohibía continuar y se obligaba a sus miembros a salir inmediatamente del bloque de REPSOL-YPF.

Al pedir explicaciones y soluciones ante la imposibilidad de continuación de la misión, la respuesta del responsable de Seguridad Física de REPSOL-YPF fue que el PNY era «su casa», que las comunidades huaorani -dueñas ancestrales del territorio- dependían de la empresa petrolera y que se encontraba en condiciones de ordenar a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas que llevasen a los miembros de la Misión fuera del bloque 16. Ante esta situación, la Misión decidió continuar, al día siguiente, su programa de verificación, pasando al bloque 31, considerando que había reportado suficientes impactos ambientales y sociales en el bloque operado por REPSOL-YPF.

Los impactos de la petrolera que podemos reportar después de nuestra misión son medio ambientales y sociales. Los evidenciamos a través de observaciones en el terreno de diferentes miembros de la misión y testimonios personales de huaoranis pobladores del parque, de trabajadores de la empresa Repsol-YPF y médicos del hospital provincial de Coca (el hospital más cercano a la zona).

A nivel medio ambiental podemos destacar que ya ha habido en los dos últimos años tres derrames de la empresa Repsol en el área. Estos derrames suponen la contaminación de ríos, pozos y saladeros (donde beben los animales) cercanos, de donde la gente de las localidades se baña, bebe y limpia sus ropas. La incineradora de los desechos de la petrolera emite furanos, dioxinas, metales pesados y elementos bio-acumulativos con la consecuente contaminación del medio y de las poblaciones que allí habitan. La carretera y el oleoducto también suponen un impacto de considerable importancia puesto que fraccionan la selva, ahuyentan la fauna y han provocado que la población se reasiente en las cercanías de la carretera y del oleoducto, viviendo así acompañados de un foco permanente de contaminación.

Los impactos sociales de las operaciones de REPSOL-YPF no son menos despreciables: a nivel nutricional, los huaorani tienen que salir a cazar a lugares a 12 horas de distancia a pie de las comunidades, mientras que antes lo hacían en las cercanías de las mismas, a lo que se añade que la compañía les proporciona comida preparada en fundas plásticas casi todos los días. A nivel de salud, la presencia de las compañías petroleras han ocasionado que los huaorani experimenten nuevas enfermedades hasta entonces casi desconocidas: hepatitis, sífilis, etc., además de que se aumenten los casos de enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias por la contaminación ambiental.

Esta percepción de REPSOL-YPF de que el bloque es «su casa», compartida por el subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, provoca que la empresa limite a las comunidades contactos con gentes de fuera del bloque (con esta Misión, con sacerdotes de la Misión Capuchina de Coca) y que, por consiguiente, asuma funciones, al interior del PNY, de dueña y señora del territorio. A este hecho se suma la falta de recursos a la que se enfrenta el director del PNY, que no tiene apenas partida presupuestaria para poder supervisar las actividades extractivas (madereras, petroleras, etc.) al interior del área protegida.

La Misión Internacional concluyó, ante todo lo vivido y observado, que la presencia de REPSOL-YPF al interior del PNY es irrespetuosa con las instituciones nacionales del Ecuador, que asume funciones que no le corresponden y que lo hace, además de todo, con arrogancia y violencia. Unido todo esto al hecho de que los beneficios del petróleo que se obtiene del bloque 16 sólo en un 20% le quedan al Ecuador, la Misión Internacional cree que REPSOL-YPF no beneficia económicamente ni a los huaorani ni al resto de los ecuatorianos medios.

La propuesta final de la Misión Internacional fue, por tanto, que no se concedan nuevos bloques petroleros en el PNY, en este caso el bloque 31 a Petrobras; y que, además, se realicen auditorías ambientales independientes de las empresas y del Estado que ofrezcan información técnica y crítica sobre el estado socio-ambiental del PNY.