PRONUNCIAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA DE MUJERES EN RESISTENCIA A LA MINERÍA

RED LATINOAMERICANA DE MUJERES EN RESISTENCIA A LA MINERÍA

MANIFESTAMOS

1. La llegada de las empresas mineras genera y aumenta la marginación, el empobrecimiento, el abuso, el desplazamiento, la violación de los derechos territoriales, el deterioro ambiental, la destrucción de los medios tradicionales de subsistencia, la discriminación y la desigualdad de las mujeres latinoamericanas.

2. Denunciamos el hostigamiento, las amenazas, la persecución, la intimidación, las demandas legales y los abusos sexuales contra las mujeres en resistencia a la minería. Demandamos el cese de esas prácticas violatorias de nuestros derechos humanos y exigimos se respete asimismo, la integridad física de nuestros hijos, esposos, compañeros y familias.

3. Exigimos a las empresas mineras respeto por nuestros derechos de autodeterminación, salud, acceso a las fuentes de agua limpia en calidad y cantidad suficientes.

4. Denunciamos que las justas y legítimas reclamaciones de las mujeres en los diferentes pueblos y comunidades indígenas y campesinas han sido criminalizadas, obligándolas a instalar mesas de diálogo, concertación, negociación, en desigualdad de condiciones, frente a empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad de los gobiernos que protegen sus intereses. En ese sentido, las mesas de diálogo han servido únicamente para conculcar aún más los derechos colectivos, la consulta y la participación ciudadana y generar un desgaste deliberado en las luchas emprendidas por las mujeres en los pueblos y comunidades. Por otro lado, estas empresas niegan los graves impactos de la contaminación ambiental que envenena las aguas, aire, tierras y todas formas de vida, atentando contra la salud y vida de los seres humanos, y en especial de las mujeres que vivimos próximas a las operaciones mineras. De forma por demás cínica, las empresas y los gobiernos niegan su responsabilidad económica, social y ambiental para con el entorno de las comunidades actuales y próximas generaciones.

5. Evidenciamos el engaño y los procesos inconsultos con los que las empresas mineras se adueñan de nuestras tierras y medios tradicionales de subsistencia como es el caso del llamado Distrito Pacto Junín en Ecuador. Demandamos respeto de los derechos territoriales y exigimos la consulta previa y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, en los territorios indígenas de Sierra de Perijá-Venezuela, la comunidad de Shuar Warintz en la Provincia de Morona, Santiago – Ecuador y El Estor en Guatemala, entre otros.

6. Señalamos que las políticas mineras de los gobiernos, permiten la expoliación del patrimonio natural de nuestros países, protegiendo militarmente a las transnacionales como ocurre en la comunidad de Segunda Cajas, Provincia de Huancabamba y Ayabacá en San Ignacio, Perú.

7. Ante la amenaza de la minería sobre los recursos hídricos, demandamos de nuestros gobiernos la protección de las distintas cuencas hidrográficas de donde se abastecen de agua las mujeres de comunidades indígenas y ladinas* de países latinoamericanos. De manera que exigimos, se prohíban los proyectos mineros a gran escala que amenazan importantes recursos hídricos como ocurre con los glaciares en el Proyecto Pascua Lama en Argentina y Chile; los proyectos mineros Bellavista y Crucitas en Costa Rica; los proyectos Fénix y Montana que amenazan el Lago Izabal en Guatemala, entre otros.

8. Por la falta de medición de los impactos en la salud de las mujeres residentes en las áreas cercanas a los proyectos mineros, exigimos responsabilidad de los gobiernos para obligar a las corporaciones a cubrir los costos de esos estudios bajo responsabilidad de las autoridades sanitarias nacionales, además, del tratamiento y restauración de las mujeres enfermas. Asimismo, solicitamos a las autoridades sanitarias de nuestros países, monitorear de inmediato los hechos denunciados sobre los impactos en la salud de las mujeres en Valle de Siria y San Andrés Minas en Honduras; en Espinar, Cuzco por la operación de la empresa BHP Tintaya; en Majaz y Río Blanco de Huancabamba y Ayabacá, Piura y en el Departamento de Ancash, San Marcos, Cerro Pasco y La Oroya en Perú.

9. También exhortamos la sentencia del Juez Mixto de Huarochiri para que las mujeres víctimas de la contaminación en el Distrito de San Mateo de Huanchor, Departamento de Lima, Perú, puedan ser atendidas por médicos especialistas y pedimos se declare emergencia nacional ambiental en la Provincia de Yaulí- La Oroya y Cerro Pasco, Perú por los severos impactos en la salud de las mujeres, niños y residentes locales.

10. Demandamos el retiro de los tóxicos mineros presentes en los relaves, escorias, pilas de lixiviación, tajos y ríos que amenazan nuestra salud y deterioran los medios tradicionales de subsistencia de las mujeres en las zonas afectadas por la minería en San Mateo de Huanchor, Provincia de Huarochiri, Lima, Perú.

11. Solicitamos a los organismos financieros internacionales suspender los trámites de financiamiento de proyectos mineros en nuestros países, que se hayan establecido o pretendan establecer en zonas acuíferas, de carga y descarga acuífera, glaciares, de alta biodiversidad, ecológicamente frágiles y áreas de ocupación agropecuaria y sustento pesquero. A nuestros gobiernos exigimos detener la autorización de las concesiones mineras dadas o por darse en esas áreas; además, sancionar drásticamente a las compañías que han contaminado las aguas de los países miembros de esta red, obligándolas a restaurar los ecosistemas hídricos contaminados, como los ríos San Juan, Mantaro y Tingo, Lago Chinchaycocha y la Laguna de Yanamate en Perú; los ríos Aguacaliente y Abangares en Costa Rica; los ríos Ucañan y Opamayo en Huancavelica, Perú.

12. Hacemos un llamado a las organizaciones de mujeres en el mundo, a levantar su voz y en solidaridad con las mujeres latinoamericanas impactadas y bajo la amenaza de la minería, exigir a las empresas mineras y gobiernos, la consulta previa, el respeto por la forma de decidir libremente el uso de nuestros territorios, el respeto por el derecho a la vida, ambiente sano y saludable y medios tradicionales de subsistencia.

13. Finalmente, las representantes al I Encuentro Latinoamericano de Mujeres en Resistencia a la Explotación Minera, declaramos a los pueblos indígenas y campesinos, principalmente a las mujeres, como acreedores de las deudas sociales y ecológicas, históricas y actuales, generadas por las corporaciones transnacionales y nacionales mineras y los organismos financieros internacionales. Demandamos las sanciones correspondientes a los delitos sociales y ambientales causados, la restauración ambiental, el resarcimiento de los daños sociales y la inmediata suspensión de nuevos proyectos mineros.

Lima, Pasco y Oroya, Perú 19 noviembre 2005.

1. Margaret Yahuana Rivera. Perú, Ayabaca, Piura

2. Marianela Abad Gonza. Perú, Ayabaca, Piura

3. Raquel Copa Choque. Perú, Provincia Candarave, comunidad Talaca, Tacna

4. Evelyn Gavino Verastegui.

5. Dolores García de Burgos. Perú, Tambogrande, Piura

6. Betty Solano Mendoza. Perú, Tambogrande, Piura

7. Feliciana Amado Chávez. Perú, San Marcos, Huari, Ancash.

8. Amalia Yoli Celis. Perú, Junín, Centro Poblado Huayre

9. Deledda Angela Panez Vidal. Perú, Pasco

10. Lilliana Rojas Guzmán. Perú, Lima

11. Jenny Nureña Parodi, Perú, Lima, CONACAMI,

12. Imelda Carrión Pintado. Perú, Yanta, Provincia Ayabaca, Piura

13. María Carrión Pintado. Perú, Yanta, Provincia Ayabaca, Piura

14. Esperanza Acha Rivera. Perú, Andurco, Ayabaca, Piura

15. Elva Quispe Obispo. Perú, San Mateo, Lima

16. Laura Mendizaval Pérez. Perú, San Mateo, Lima

17. Elizabeth Cunya Nodillo. Perú, Majas, Norte del Perú,

18. Antonia Cusi Chamba. Perú, CORECAMI, Ayacucho,

19. Sabina Cusi Chamba. Perú, Región ICA, Ayacucho, Representante CORECAMI Ayacucho,

20. Silvia Rocío Acharte Reynoso. Perú, Región Lima. Equipo CONACAMI

21. Benigna Quintana Larios. Perú, Yanacanucha, Cerro de Pasco

22. Josefina Aponte Guerrero. Perú, Provincia Huancabamba, Comunidad Segunda Cajas

23. Libertad Carbuachin Ingaroca. Perú, Lima, Frente de Defensa del Medio Ambiente y la Salud del Cono Este (FREDMASCE)

24. Hilda Huamán Huamni. Perú, Cuzco. Frente Único Defensa Intereses de Espinach. Espinar

25. Amelia Yali Celis. Perú, Pasco, Centro Poblado de Huayre, Federación Comunidades Campesinas

26. Elizabeth Paquita. Perú, CONACAMI

27. Marcia Ramírez Piedra. Ecuador, Junín

28. María Graciela Unugo. Ecuador, Pacto

29. Inés Soria. Ecuador, Pacto, La Delicia

30. Yolanda Velásquez. Ecuador, Pacto, La Delicia

31. Norma González. Ecuador, Morona, Santiago.

32. Lina Solano. Ecuador, Coordinadora Campesina Popular.

33. Luz María Lanchimbra. Ecuador, Imbabura, Cotocachí

34. Amparo Almeida. Ecuador, Provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi, Parroquia Plaza Gutiérrez. Zona de Intag.

35. Silvia Quilumbango. Ecuador, Cotacachi, DECOIN

36. Barbara Posligua Rogel. Ecuador, Ecuarunari, Federación de Organizaciones Campesinas Costa Empalme (FOCCE).

37. Irma Ojeda C. Ecuador, Quito

38. Alicia Rodríguez. Ecuador. Pacto, Provincia Pichincha.

39. Gloria Chicaiza. Ecuador, Quito, Acción Ecológica.

40. Elizabeth López Canelas. Bolivia, Oruro.

41. Tereza Cayoja Choque. Bolivia, Oruro

42. Irma Ortiz Alarcón. Colombia, Bogotá.

43. Mirna Inostroza Z. Chile .

44. Glevis Rondon. Venezuela.

45. Eloyda Mejía Samayoa. Guatemala, El Estor, Izabal

46. Rina Castañeda. Guatemala, El Estor, Izabal.

47. Matilde Chocooj Coc. Guatemala. Defensoría Q’eqchi’.

48. Sonia Torres. Costa Rica. Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya

* Termino de uso común para referirse a comunidades no indígenas