La Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), el brazo empresarial del Banco Mundial, es una de las grandes financistas del agronegocio de la carne y de alimentación animal. Entre los cuestionados proyectos financiados por esta entidad, se incluye, por ejemplo, el préstamo a la corporación francesa Louis Dreyfus Company por 200 millones de dólares para ampliar sus operaciones en el Cerrado brasileño, una zona altamente biodiversa y uno de los biomas más amenazados en el planeta.
En Ecuador la IFC ha hecho dos grandes préstamos a la principal productora industrial de aves y porcinos (PRONACA) y, recientemente, el 5 de agosto del presente año, anunció un préstamo de 45 millones de dólares para “mejorar la resiliencia del sector camaronero”, otorgado a la Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., el principal exportador de camarón del país. Esta pesquera pertenece a la familia Salem, relacionada con un ex vicepresidente del país. La nota de prensa de la IFC dice que se “ayudará a la empresa a ampliar su número de granjas y mejorar su automatización y productividad.”
Si bien el préstamo de la IFC tiene categoría B, que incluye “actividades comerciales con posibles riesgos y/o impactos ambientales o sociales adversos limitados que son pocos en número, generalmente específicos del sitio, en gran parte reversibles y fácilmente abordables a través de medidas de mitigación”, no son desconocidos los graves impactos que ha tenido la expansión de la industria camaronera sobre el ecosistema de manglar y sobre las poblaciones que tradicionalmente lo han cuidado y dependen de éste para su sobrevivencia.
En la ficha del préstamo se señala que los recursos se utilizarán para:
“(i) financiar la adquisición de la granja California, que comprende 1.300 hectáreas de granjas camaroneras en el área de Naranjal, cerca de Guayaquil; y (ii) conectar esta finca a la red eléctrica, eliminando el uso de generadores de energía diésel en los sistemas de bombeo y aireación y alimentación automatizados (el «Proyecto»). La Compañía espera disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mientras mejora los niveles de productividad en sus estanques de camarones debido a una mayor estabilidad y calidad de la oxigenación”.
La nota añade que los fondos de la CFI solo se invertirán en granjas que estén adaptadas para replicar los estándares de certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC) o Best Aquaculture Practices (BAP), promoviendo buenas prácticas con beneficios de sostenibilidad. La ASC fue fundada en 2010 por WWF y la fundación Sustainable Trade Initiative (IDH), como un programa de etiquetado y certificación para productos de la acuacultura. Lamentablemente ninguno de estos sistemas de certificación, evalúa los impactos de la industria camaronera en las poblaciones locales, problemas muy bien documentados y ampliamente denunciados. En Ecuador, los inconvenientes asociados a la industria camaronera se iniciaron en la década de 1970 y se mantienen hasta nuestros días.
Hay que añadir que en el cantón Naranjal, donde se ubica el proyecto financiado por la IFC, se encuentra una parte de la Reserva Manglares Churute que ya ha sido muy afectada por la expansión del cultivo a gran escala de camarón.
En los últimos años, la industria camaronera ha empezado a expandirse a tierras agrícolas, afectando la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Se ha expandido también sobre humedales de agua dulce de gran importancia ecológica, poniendo en peligro la fauna y flora nativa de estos ecosistemas.
ACCIÓN ECOLÓGICA
10 de agosto de 2022
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