PELIGRA MAYOR RESERVA AMBIENTAL DE AMÉRICA

Peligra mayor reserva ambiental de América

Ricardo Vasconcellos

Nueva York/EDLP ˜

El pasado 19 de agosto el ministro ecuatoriano de Medio Ambiente del gobierno que preside el coronel Lucio Gutiérrez, Fabián Valdivieso, entregó la licencia a la empresa petrolera brasileña Petrobras para explotar un bloque ubicado en el corazón de una de las mayores reservas ecológicas del mundo.

La licencia permite a la compañía desarrollar el llamado «Bloque 31», situado justamente en el Centro del Parque Nacional Yasuní, y realizar obras de infraestructura, entre las que se incluye una carretera y un muelle.

El Parque Yasuní está ubicado en las provincias orientales de Napo y Pastaza y tiene una superficie de 982 mil hectáreas lo que lo convierte en la más grande reserva ecológica del continente americano.

El Parque Nacional como tal fue creado en 1979 y diez años después fue declarado por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera.

Apenas conocida la resolución ministerial movimientos ecologistas de Ecuador, España, Canadá y Brasil alertaron sobre los daños ambientales causados por la explotación petrolera en el frágil ecosistema de Yasuní.

El 25 de agosto la Fundación Acción Ecológica, respaldada por la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Universidad Católica de Quito, propuso ante el Tribunal Constitucional una acción de amparo para que se revoque la licencia concedida por el Gobierno a Petrobras.

La demanda está acompañada por estudios de impacto ambiental que demuestran que el Parque Nacional Yasuní perecerá debido a los trabajos de la petrolera de Brasil.

Para la representante de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, la licencia de funcionamiento para Petrobras, es como «levantarle al acta de muerte» a la reserva de Yasuní.

La comunidad Huaorani, que habita el Parque, también será perjudicada según se justifica en la demanda.

En estos momentos en que se debate el tema de los perjuicios que la explotación petrolera causa al medio ambiente y a los habitantes de la Amazonía, un juez realiza inspecciones para evaluar los daños que la empresa Texaco produjo en la región oriental de Joya de los Sachas. Residuos tóxicos derramados por Texaco contaminaron los ríos y produjeron enfermedades dermatológicas y cáncer en la población, males que persisten 15 años después del retiro de la multinacional estadounidense.

Estudios independientes han revelado que revertir los daños ocasionados por Texaco costarán no menos de 6 mil millones de dólares.

Sobre el Parque Yasuní Gemma Tarafa, miembro del Observatorio de la deuda en la Globalización, de España, denunció que las empresas petroleras que operan en ese sitio permiten que los desechos tóxicos lleguen a los ríos y fuentes de agua utilizados por las comunidades huaoroni que allí habitan. Uno de los más afectados es el río Tiputini.

Tarafa dijo que la población reportó tres derrames de crudo entre septiembre de 2003 y julio de este año, que no fueron remediados por las empresas.

A todo esto se suma la contaminación del aire por las emisiones de dióxido de carbono.

Los diferentes gobiernos han concesionado ya alrededor del 60 por ciento del Parque Nacional Yasuní a empresas petroleras cuya operación es causa de constante riesgo para la vida de los huaorani y de la biodiversidad de la zona.

Las empresas han encontrado en el Parque un crudo sumamente pesado (16 grados API). Esto compromete más el impacto ambiental pues el crudo pesado consume más químicos y tiene mayor cantidad de desechos.

Entre las compañías responsables de la explotación de la reserva se encuentran el consorcio español-argentino Repsol-YPF, la francesa Vintage, la argentina Pérez Companc y la estadounidense Occidental que ingresó al país en 1985 y opera el bloque 15. Ahora ingresará la brasileña Petrobras.

Fundación Natura, una de las organizaciones ambientalistas más respetables, considera que en la negociación entre Petrobras y el Estado ecuatoriano ha prevalecido las variables económicas y no las sociales o ambientales.

El ministro Valdivieso refutó esta afirmación y dijo que su cartera ha sido rigurosa en exigir a Petrobras las más minuciosas medidas de seguridad para proteger la reserva ecológica en la Amazonía ecuatoriana.

«El país tiene concentrada su riqueza petrolera en la Amazonía, y, para bien o para mal, gran parte de esta riqueza se encuentra bajo áreas protegidas» dijo el ministro. Agregó que «se va a buscar el cumplimiento estricto de la Constitución que significa el aprovechamiento de los recursos naturales con el mayor daño ambiental posible».

Las Universidades Católica y San Francisco, que mantienen estaciones científicas en el Parque, desmintieron la afirmación del gobierno de que ellas habían dado su aprobación para la concesión de la licencia a cambio de 3 y medio millones de dólares y de una zona de exclusión de 5 kilómetros cuadrados alrededor de sus instalaciones.

«Quienes somos parte de la campaña Yasuní por Siempre insistimos en que lo que se debe hacer en este momento es una Auditoría Ambiental sobre todas las operaciones petroleras dentro del Parque Nacional Yasuní, y que por ningún concepto se acepte el otorgamiento de la nueva licencia dentro del Parque», dijeron representantes de esos centros de estudio.Para los ecologistas resulta extraña la aprobación dada por el régimen de Luiz Inacio Lula da Silva a los trabajos de Petrobras en Ecuador cuando el gobierno de Brasil tiene prohibido explotar áreas protegidas en este país.