Acción Ecológica opina
Declaratorias, reconocimientos, resoluciones, exhortos, así como visitas de autoridades de los GAD, de las entidades de regulación y control y un sinnúmero de acciones políticas y publicas se han realizado en la parroquia de Pacto desde hace más de 20 años en defensa de la vida, de los derechos colectivos y de la naturaleza. Todo ese acumulado de hechos hoy está dando frutos.
Organizaciones sociales y colectivos locales como el Frente Antiminero de Pacto, la Mancomunidad del Choco Andino, las asociaciones de productores de panela orgánica y demás emprendimientos productivos, todos hermanados y liderados por el GAD parroquial y en alianza con la Red Caminantes -de la que es parte Acción Ecológica-, han decidido erradicar la minería metálica del territorio.
La resistencia comunitaria, en el efectivo goce de sus derechos constitucionales, se ha fortalecido en el cuidado y defensa del agua y en la protección de la biodiversidad que es parte de la riqueza biológica del Ecuador y del mundo. De hecho, por esta razón, la Mancomunidad del Chocó Andino de Pichincha, ha sido reconocida por la UNESCO como la séptima Reserva de Biósfera en el Ecuador.
Sobre Pacto, parroquia rural del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, capital de la panela orgánica y territorio ancestral del Pueblo Yumbo, el gobierno ha impuesto varias concesiones mineras, con capitales nacionales o canadienses, ubicadas en tierras agrícolas, pastizales, bosques, quebradas, nacimientos y fuentes de agua que alimentan la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas. La minería metálica coloca en situación de vulnerabilidad a las poblaciones y pone en riesgo el derecho humano al agua, la soberanía alimentaria y la seguridad jurídica de los campesinos de la zona. Ninguna de las empresas mineras ha cumplido con la consulta ambiental, ni con la consulta previa libre e informada. Se han realizado meras socializaciones que incumplen con los estándares y principios de la participación ciudadana y con lo estipulado por la Constitución de la República y otros marcos normativos.
El Estado ecuatoriano es cómplice de las afectaciones. No solamente al omitir la exigencia a las empresas para que cumpan con las normas y la Constitución, sino que ha promovido incentivos fiscales para que las corporaciones mineras puedan operar con más facilidad, en colusión con el FMI.
Para cumplir con su cometido, las mineras han usado varias estrategias. Por ejemplo, han promovido la venta inducida de los terrenos sobre fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, transgrediendo las políticas de ordenamiento territorial y las declaratorias de protección de ecosistemas, o han intentado promover la servidumbre de paso y el arrendamiento de predios sin títulos de propiedad. Otra de las formas más actuales de las empresas extractivas es convertir a los dueños de las fincas accionistas de las empresas, con porcentajes irrisorios, provocando un fraccionamiento del tejido social.
La zona de Pacto y las parroquias aledañas son un patrimonio ecológico, económico, histórico y cultural del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Son tierras de gran fertilidad, con magníficas tierras agrícolas y ganaderas. Es en esta región maravillosa que quieren sacar minerales del subsuelo, sin embargo, gracias a la movilización, las acciones jurídicas y a la activa participación del pueblo en estos territorios, se ha podido defender el derecho a la tierra, a un ambiente sano y seguro, el derecho al agua, a la salud, al trabajo, los derechos de la naturaleza y otros derechos que garantizan el buen vivir.
Es por esto que los descendientes de los Yumbos en el noroccidente del DMQ, las organizaciones de Pacto, del territorio del Choco Andino, la Red Caminantes y Acción Ecológica hacemos un llamado público a los y las jóvenes de Quito a proteger y a defender este bello territorio de vida.
ACCIÓN ECOLÓGICA
2 de enero de 2021
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