Ecuador enfrenta cortes de energía con el discurso del estiaje y falta de caudal de agua

¿Podemos culpar a los ríos o a la naturaleza porque no nos ha dado el caudal suficiente?   

NO. El responsable es el Ministerio de Energía y Minas y las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Los responsables del suministro de energía, de la planificación de la generación transmisión y entrega o venta es el Estado, que ha convertido a la energía en un negocio, y no en un servicio, pues las tarifas son las más caras de Latinoamérica.

En el 2020, el CONELEC registraba permisos y concesiones para más de 300 proyectos de generación de energía, por un total 8.800 Megavatios (Mw), lo que representa un 70% del volumen de agua concesionado para su funcionamiento. La justificación fue la búsqueda aparente de una menor dependencia de los hidrocarburos. Sin embargo, no hay evidencias ni voluntad política de poner distancia con el modelo petrolero. Si se mira las recientes aperturas a licitaciones y la campaña para que se siga explotando en el Yasuní, o si se analizan los planes de construcción de termoeléctricas que pasaron de 5 en el año 2005 a 47 en el 2020.

La situación del sector energético del país, esto es la infraestructura con la cuenta, ya sea para energía renovable o no renovable es la siguiente:

• En abril del 2020 la Potencia Nominal en Generación de Energía Eléctrica Renovable (que incluye Hidráulica, Eólica, Fotovoltaica, Biomasa y Biogás) era de 5,277 Megavatios, lo que representa 61 % de la generación total.

• La Generación de Energía Eléctrica NO Renovable con energía térmica MCI, Térmica Turbogás y Térmica Turbovapor era de 3.409 con un 39 %

Esto nos da una Potencia Total Nacional de 8686 Megavatios, lo que representan una infraestructura suficiente para proveer de energía al sector industrial, comercial, domiciliario y el alumbrado público, entre otros. Adicionalmente podíamos hasta exportar.

Así nos vendieron la imagen o el discurso para aprobar proyectos hidroeléctricos y térmicos a la ligera, argumentando que los estudios de impacto ambiental no son importantes, y que estos se iban a realizar mientras se iban construyendo la infraestructura para generación de energía.

Organizaciones sociales ambientalistas y ecologistas hemos venido proponiendo en distintos espacios, como en las mesas de diálogo con el anterior gobierno, en pronunciamiento de los pueblos marino costeros, expresando nuestra preocupación por el tema energético.

Esperemos que todo esto no sea otro pretexto para otra vez de sembrar hidroeléctricas con la misma ligereza de los gobiernos anteriores, como pasó con Coca Codo Sinclair, que se hizo en una zona de gran actividad volcánica y sísmica, terrenos deleznables y frágiles. Iguales características tiene el Proyecto Hidroeléctrico Santiago, que represará al río Santiago, en el sur de la Amazonía, que ya tiene su licencia ambiental. Se escucha que se va a necesitar miles de millones de dólares para este proyecto, a pesar de que las comunidades ya han dicho que no están de acuerdo con su construcción.

Hay decenas de proyectos hidroeléctricos más que están en carpeta en la cuenca alta de la Amazonía ecuatoriana.

Esta lógica energética de “sembrar el país” con hidroeléctricas, no toma en cuenta los impactos y conflictos que estas obras generan a nivel local, y los procesos de criminalización contra quienes se movilizan en rechazo a las mismas.

Exigimos la reparación integral de los daños provocados por estas mega-obras energéticas, y la revisión de las adjudicaciones de agua realizadas, donde se evalúe si se aplica a la prelación que exige la Constitución. Pedimos además la realización de auditorías integrales económicas, técnicas, ambientales y sociales a los proyectos multipropósitos, represas, centrales hidroeléctricas y térmicas de los últimos 20 años, dando cuenta de los impactos provocados en las tierras ancestrales, campesinas y de la naturaleza,

Al mismo tiempo deben repotenciarse las centrales de energía existentes y aplicar una moratoria a los nuevos proyectos como la pretendida hidroeléctrica en el río Santiago.

La soberanía energética y su transición debe iniciarse con una plena participación y decisión de los pueblos y comunidades locales, siempre respondiendo a una energía limpia, determinado para quién y para qué es la energía.