Este miércoles 29 de abril de 2020, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.
La medida presentada ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas-.
La demanda alega que el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias. En febrero de este año, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez más, advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó.
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