NUEVO REVÉS PARA POLÉMICO OLEODUCTO

AMBIENTE-ECUADOR: Nuevo revés para polémico oleoducto

 por Jim Lobe

 WASHINGTON, 13 sep (IPS) El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador viola los criterio ambientales y sociales del Banco Mundial, advirtió este viernes el ex jefe del Departamento Ambiental de la institución financiera internacional, Robert Goodland.

 El estudio de impacto ambiental presentado por el consorcio OCP contraviene las cuatro políticas del Banco Mundial aplicables a este tipo de proyectos, sostuvo Goodland en un informe de 27 páginas divulgado este viernes en Alemania y Estados Unidos por organizaciones ambientalistas.

 Se trata de las Políticas Operativas sobre Evaluación Ambiental, Hábitats Naturales, Reasentamientos Involuntarios y Poblaciones Indígenas, incluidas en las Políticas de Salvaguardia Social y Ambiental del Banco Mundial, redactadas en su mayor parte por Goodland durante su gestión en la institución.

Goodland, con 25 años de carrera en el Banco Mundial, viajó a Ecuador para investigar varias partes del oleoducto y de la ruta de construcción, y también revisó los documentos disponibles.

El experto descubrió que el trazado del oleoducto fue decidido antes de evaluar el impacto ambiental y sin una consulta pública adecuada, en especial a quienes se verían más afectados, en violación de los criterios del Banco Mundial.

Por otra parte, el informe de impacto ambiental no tomó en cuenta las consecuencias de duplicar la producción de petróleo en la Amazonia.

OCP viola la política de Hábitats Naturales del Banco Mundial porque se introducirá en siete áreas protegidas sin plan alguno para mitigar el daño potencial ni la degradación.

El respeto de las políticas del Banco también requerirían planes de reasentamiento y de compensación para la población afectada por el proyecto. El informe de impacto ambiental tampoco analizó las consecuencias de las obras en los pueblos indígenas y las comunidades negras locales.

Este informe contradice las afirmaciones del gobierno de Ecuador y del banco alemán WestLB, cabeza del consorcio financiero que suministró 900 millones de dólares para la obra.

El WestLB sostuvo ante el gobierno del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, propietario de 43 por ciento del banco, que el oleoducto cumplirá con todos los parámetros relevantes del Banco Mundial.

El gobierno estadual estableció en julio que la permanencia del WestLB en el proyecto dependía del cumplimiento de esas políticas.

El resultado del análisis de Goodland debería forzar al WestLB a retirarse del proyecto, arguyen las organizaciones ambientalistas Amazon Watch, Environmental Defense, Greenpeace y Urgewald, algunas de las que encargaron el estudio al ex funcionario.

«Los hallazgos del informe establecen serias dudas sobre la continuidad de la financiación, ya que el contrato del préstamo del WestLB a OCP está condicionado al cumplimiento de los parámetros del Banco Mundial», dijo el activista Bruce Rich, de Environmental Defense.

«Se debe detener de inmediato la financiación, y también habría que poner alto a la construcción. Está claro que el proyecto está tan lejos de cumplir (esas normas ambientales) que probablemente sea imposible siquiera revisarlo en esta instancia», opinó Kevin Koenig, de Amazon Watch.

«Es evidente que el OCP trató de engañar a los bancos y luego éstos trataron de engañar al público y al gobierno de Renania del Norte-Westfalia, en busca de luz verde para el proyecto», sostuvo.

«Este documento establece con claridad que el plan nunca debió iniciarse. Fue un fraude de principio a fin», añadió Koenig.

Con un trayecto de 500 kilómetros desde la oriental Amazonia ecuatoriana hasta el océano Pacífico, que atravesaría varios territorios indígenas y áreas vírgenes protegidas, el oleoducto despertó polémicas desde su concepción.

El gobierno de Gustavo Noboa lo considera esencial para revitalizar la economía de Ecuador, pues permitiría duplicar las ventas de petróleo, el principal producto de exportación de la nación sudamericana.

Sin embargo, activistas locales e internacionales y comunidades indígenas arguyen que la obra ejercería una presión insoportable sobre los frágiles ecosistemas de la selva tropical.

Los derrames del oleoducto amenazan así mismo la ganadería y el ecoturismo, que experimentó un rápido desarrollo en el país en los últimos años, agregan los críticos.

La construcción del oleoducto, que ya llega a 50 por ciento, provocó choques con residentes locales y con ambientalistas que recurrieron a la desobediencia civil y a los bloqueos para enlentecerla.

Docenas de personas fueron detenidas en la reserva Mindo Namibillo, uno de los principales santuarios de aves del mundo, por bloquear el proyecto. Pero también se registraron protestas frente a la sede del WestLB, en Alemania, y de otros bancos involucrados en la empresa.

El Banco Mundial y su rama de promoción al sector privado, la Corporación Financiera Internacional, se negaron a participar en las obras por razones ambientales y sociales.

Funcionarios del Banco manifestaron incluso su malestar porque el OCP y sus financiadores aseguraron que el proyecto se desarrollaba de acuerdo con sus estrictos criterios.

El principal funcionario del Banco en materia de ambiente, Ian Johnson, advirtió en diciembre por escrito a OCP y al WestLB que la obra podría representar «serios riesgos ambientales» para el proyecto de conservación de biodiversidad Corredor Choco-Andino, en el que participa la institución multilateral.

«Nos complace la amplia aceptación y uso de nuestros criterios» en materia ambiental, pero «no certificamos, por nuestra política institucional, su cumplimiento o incumplimiento en proyectos que no financiamos o a los que no asistimos de alguna manera», indicó Johnson.

«Quisiéramos recomendar que OCP pasara por una verificación independiente del cumplimiento de las normas del Banco Mundial o que, de lo contrario, se abstengan de reivindicarlo», advirtió el funcionario.

Johnson envió la carta a OCP y a la filial de WestLB en Nueva York cinco días después de que el banco alemán asegurara que todos los contratos firmados incluyen el compromiso de cumplir «estrictas normas ambientales, incluidas las del Banco Mundial».

La consultora estadounidense Stone and Webster, contratada por WestLB, indicó en mayo que el proyecto y su implementación son consistentes con las políticas del Banco Mundial. Esas conclusiones fueron cuestionadas por organizaciones ambientalistas. (FIN/IPS/tra-eng/jl/dcl-mj/en dv/02).