NUEVO PLAN “CÓNDOR”…MINERO

El gobierno ha cometido una serie de arbitrariedades y faltas para dar paso a la industria minera.

 Por ejemplo, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría del Crédito  Público-CAIC-, la misma que calificó de ilegítima a la deuda contraída con el Banco Mundial para el Proyecto de Minería y Control Ambiental -PRODEMINCA- y sugirió anularla por haber injerido en la política estatal y por violar los derechos colectivos, entre otras razones.  El gobierno también ha incumplido el Mandato Minero, aprobado por la Asamblea Constituyente, puesto que  no ha revertido las concesiones mineras a las empresas extranjeras. Además, recientemente, para la aprobación de la Ley de Minería se ignoró la opinión y derechos de las organizaciones y poblaciones locales, campesinas e indígenas. Aún más, ha omitido la existencia de una demanda de inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Minería ante la Corte Constitucional.

 Ahora, el gobierno atropella el proceso de diálogo establecido de mutuo acuerdo con el movimiento indígena. Sin que hasta el momento se haya instalado la mesa de diálogo para tratar las “reformas” a la Ley de Minería, el ejecutivo ha anunciado públicamente el respaldo e inicio de la minería de gran escala y ha continuado la firma de contratos y la aprobación de reglamentos. A viva voz proclamó los proyectos de incentivo minero entre los que se encuentra el proyecto “Cóndor” de Kinross.

 La empresa canadiense Kinross se encuentra incrustada en el corazón de la Cordillera del Cóndor en la Provincia de Zamora-Chinchipe. Su proyecto minero “Cóndor” se encuentra sobre el depósito mineral, conocido como Fruta del Norte. No solamente que la Cordillera del Cóndor es una de las áreas de mayor importancia del planeta por su altísima biodiversidad, sino que además es parte del territorio ancestral de la nacionalidad Shuar del lado ecuatoriano y de los pueblos Awajún y Wampis del lado peruano. Para saber quién es Kinross revisemos brevemente cómo actúa la empresa en otros países. En Congo (Kinshasa), de acuerdo a los autores Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher, en su libro “Negro Canadá”, el consorcio formado por la minera Kinross y el inversor belga George Forrest, con solo una inversión de $US 200 millones, buscaba apropiarse de los derechos sobre el gigante yacimiento de cobre de Kamoto, en la provincia de Katanga. A pesar de la protesta del Ministro de Minas del gabinete de Kabila, que calificó a la propuesta del consorcio como «inaceptable», el gobierno congolés finalmente cedió. Así, se firmó un acuerdo en el que inclusive la participación del Estado había sido rebajada del 30% al 25%, comparada a la propuesta inicial. Registrado en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas, el consorcio Kinross-Forrest impuso clausulas indefendibles como por ejemplo que el estado congolés tenía que asumir no solo los riesgos de la inversión, sino que garantizaría las ganancias a Kinross, pues si los yacimientos no contenían suficiente mineral para satisfacer los objetivos de producción o para alimentar la planta de tratamiento, durante el periodo del acuerdo joint venture, el estado debería poner a disposición de Kinross-Forrest, otros yacimientos explotables suplementarios.

 En el 2005, Kinross se retiró del proyecto Kamoto bajo el pretexto que había «descubierto» que el yacimiento era de cobre, metal que no es de su interés. Sin embargo, Kinross vendió sus acciones a una minúscula empresa de Toronto llamada Balloch, cuyas acciones subieron vertiginosamente en la bolsa de valores de esa ciudad. Kinross se benefició de esta transacción especulativa ganando US$ 570 millones sobre yacimientos que se encuentran en un país destrozado por 8 años de guerra civil. Como podemos ver la actuación de Kinross en el Congo contradice plenamente la mal llamada responsabilidad social corporativa.

 En días pasados, en Ecuador, la SENPLADES, ha anunciado que el proyecto “Cóndor” de Kinross, así como los proyectos Panantza y San Carlos de Corriente Resources, han sido incluidos entre las prioridades de inversión nacional. Para esto, se ha conformado un grupo de trabajo multisectorial en el Ministerio de Minas y Petróleos encargado del desarrollo del llamado “cinturón del cobre” al sureste del país.

 Nos preguntamos, ¿dónde radica la soberanía, la responsabilidad social y ambiental del Gobierno al consentir que se exploten áreas frágiles para minería, como es la Cordillera del Cóndor, devastando la naturaleza y atentando contra pueblos indígenas y campesinos?

No queremos un nuevo plan “Cóndor” minero pues viola los derechos de las comunidades locales y los derechos de la naturaleza. ¡

¡¡¡No queremos inversión si es para la destrucción!!!