CASO HIDROTAMBO: Agencia de Regulación del Agua y Ministerio del Ambiente serán fiscalizados por la Asamblea Nacional
La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional del Ecuador resolvió iniciar un proceso de fiscalización en contra del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), según lo informó hoy la abogada de las comunidades, Yasmín Calva.
La resolución se dio luego que el miércoles 29 de septiembre de 2021, la Comisión de Garantías Constitucionales -presidida por el asambleísta Fernando Cabascango- se reuniera con las y los representantes de las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba para escuchar sus exigencias.
Cabascango mencionó a través de sus redes sociales, que se decidió “iniciar un proceso de fiscalización al proyecto hidroeléctrico de la compañía Hidrotambo, que ha afectado a la comunidad San Pablo de Amalí y su relación con el río Dulcepamba, deteriorando sus condiciones de salud, su economía y su cultura”.
Durante la sesión, Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), y parte de la defensa jurídica del caso, pidió a la Comisión que “se llame de manera inmediata a las instituciones del Estado (correspondientes) para que informen qué han hecho para garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Recurso Extraordinario de Revisión 2018-008 y los derechos de las personas afectadas”.
La resolución Nro. 2018-008 emitida por Senagua (ahora adscrita al MAATE) contiene cinco puntos que son de ejecución obligatoria. Una de las principales obligaciones es que la central hidroeléctrica de la compañía Hidrotambo S.A. deberá cesar sus actividades durante cinco meses del año, en los que el agua disponible es insuficiente para abastecer las necesidades prioritarias de las comunidades y la vida acuática del río y su cuenca hidrográfica.
Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), señala que el proceso de fiscalización permitirá identificar las omisiones o incumplimientos que han cometido las distintas entidades del Estado en contra de la protección de los derechos de las personas de estas comunidades y de la naturaleza.
Dentro de este proceso, la Comisión de Garantías Constitucionales deberá pedir accesos de información y llamar a comparecencias a los representantes de las entidades vinculadas, como son el MAATE, ARCA e inclusive a las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).
“De acuerdo a la información proporcionada y de encontrar responsabilidad en los órganos del poder público, la Comisión podría iniciar un juicio político a estas autoridades. Y la sanción implicaría la destitución del funcionario y el impedimento de ejercer cargos públicos”, explica la jurista Yasmín Calva.
Defensoría del Pueblo solicita a la Corte Constitucional atención prioritaria y que convoque a audiencia
El Defensor del Pueblo, César Córdova Valverde, indicó que se realizó un pedido especial a la Corte Constitucional del Ecuador para que este caso sea atendido lo más pronto posible, debido “a la proximidad del invierno y el peligro que representa para las comunidades que están aguas abajo del río Dulcepamba”.
A la reunión -presencial y virtual- convocada el martes 28 de septiembre de 2021 por la Defensoría del Pueblo (DPE), asistieron las autoridades del MAATE, de ARCA, integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, además de las y los representantes de las comunidades afectadas por la compañía Hidrotambo S.A. Durante este encuentro, la comisión de las comunidades expresó los inconvenientes que han afrontado durante varios años como consecuencia de la operación de la hidroeléctrica.
Además, en horas de la tarde de ese mismo día, Javier Morales, director del Mecanismo de Derechos de la Naturaleza de la DPE, acompañado por las personas afectadas de las comunidades, entregó documentación a la Corte Constitucional del Ecuador para impulsar la Acción Extraordinaria de Protección y el proceso que se encuentra seleccionado para crear jurisprudencia vinculante.
Finalmente, la vicedefensora Gabriela Bermeo puntualizó que “de lograrse la reversión del aprovechamiento del agua del río Dulcepamba a la compañía Hidrotambo S.A., por este grave incumplimiento, sería un hito histórico porque sería la primera vez que se generan estándares para todo el país, más allá de la cuenca hidrográfica del Dulcepamba”.
Caso de San Pablo de Amalí en la Corte Constitucional
La Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) presentaron ante la Corte Constitucional la acción extraordinaria de protección , admitida a trámite en septiembre del 2019, en contra de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, del 28 de marzo de 2019, que rechaza el recurso de apelación presentado ante la decisión del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes.
Por su parte, el juez Eduardo Pazmiño Ortiz, el 22 de febrero de 2019 negó la acción de protección contra siete instituciones estatales e Hidrotambo para exigir la reparación integral de las familias afectadas por el desvío del río Dulcepamba, realizado por la compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A., en la comunidad San Pablo de Amalí, en la provincia de Bolívar.
Por otro lado, el 6 de mayo de 2019, la Corte Constitucional seleccionó al caso debido a que “el asunto es novedoso y de relevancia nacional, pues la Corte no se ha pronunciado sobre los estándares y límites respecto de la explotación de recursos renovables y no renovables que son gestionados por el Estado, la actuación de las empresas concesionarias, y su impacto en el goce y ejercicio de los derechos colectivos y de la naturaleza”.
Finalmente, desde las organizaciones de derechos humanos -Acción Ecológica, Cedhu e Inredh- y las comunidades que cohabitamos en la Cuenca del río Dulcepamba, instamos a la Corte Constitucional del Ecuador a que en los dos procesos abiertos, analicen el fondo del asunto; declaren la vulneración de los derechos constitucionales de la comunidad San Pablo de Amalí y las demás comunidades y del río Dulcepamba, y ordenen la reparación integral y las medidas de no repetición para que los hechos suscitados no se repitan nuevamente.
Ante la urgencia y continuidad de esta problemática es necesario que la Corte Constitucional actúe de manera inmediata con el objetivo de generar jurisprudencia, para que así se reconozca la responsabilidad de la empresa Hidrotambo S.A. y de las instituciones del Estado que han permitido que continúen las afectaciones a las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba por parte de la hidroeléctrica.
Asimismo, exigimos al MAATE y al ARCA que coordinen de manera conjunta el inicio del procedimiento de reversión a la autorización de aprovechamiento de agua concedido a Hidrotambo, así como el inicio de los procesos sancionatorios por las infracciones administrativas en materia de recursos hídricos que ha ocasionado esta empresa.
Descarga el boletín:
Contacto de prensa:
Acción Ecológica – 099 274 7727
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) – 099 902 9381
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) -099 205 8210
Yasmín Calva, abogada de las comunidades – 098 984 9212