Minería en el Ecuador. La violencia tiene nombre y apellido
Ecuador se encuentra actualmente en la mira de varias instancias de la ONU. Esa es la impresión que queda tras el pronunciamiento público, el pasado13 de mayo, de las Relatorías Especiales sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, el Derecho Humano a un Medioambiente Sano y Sostenible, sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y sobre Pueblos indígenas, además de los principales representantes del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales. Todas ellas llamaron la atención sobre los mecanismos que está usando el Ecuador para implementar proyectos mineros sin el respeto a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientales, y advierten sobre la gravedad de que el gobierno ecuatoriano no haya convocado a todas las personas potencialmente afectadas por las actividades extractivas ni haya entregado la información completa e imparcial sobre las posibles consecuencias negativas de los proyectos.
Se refieren específicamente a los proyectos mineros La Plata y El Domo. El primero, ubicado en Palo Quemado (cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi), bajo control de la empresa canadiense Atico Mining; y el segundo, localizado en Las Naves (provincia de Bolívar), impulsado por la empresa Curimining, también canadiense, que tiene como socios a Adventus Mining y Salazar Resources.
El comunicado de la ONU precisamente advierte sobre el descontento exacerbado en las comunidades por el despliegue de policías y militares en Palo Quemado y Las Pampas, lo que ha aumentado la violencia y los conflictos, escenario que se ha visto agravado por las denuncias hechas por las empresas contra personas defensoras de derechos humanos, provocando que decenas de ellas sean acusadas penalmente por oponerse a los proyectos.