Más de 20 organizaciones rechazaron eliminación de permiso de Acción Ecológica

El Comercio

Los activistas firmaron hoy una declaración contra la decisión del Ministerio de Salud de retirar el permiso de funcionamiento a esa ONG.

Quito, EFE

Más de 20 organizaciones sociales firmaron hoy una declaración de rechazo a la decisión del Ministerio de Salud de retirar el permiso de funcionamiento a Acción Ecológica, uno de los grupos ambientalistas más importantes del país.

En una carta abierta al presidente Rafael Correa, los activistas rechazan el acto «ilegal de cerrar Acción Ecológica», exigen que se anule la medida del ministerio y demandan «garantías efectivas para el funcionamiento de las organizaciones y movimientos sociales».

Asimismo, afirman que se mantendrán «unidos, organizados, movilizados y vigilantes para que se cumplan» sus demandas «en forma inmediata y para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir».

Según un comunicado difundido ayer por la organización ambientalista afectada, el Gobierno anunció el retiro de su permiso de funcionamiento, suscrito en 1989, por considerar que no ha cumplido con las funciones para las que fue creado.

Además, el Ministerio de Salud, que hace dos décadas había otorgado el permiso a Acción Ecológica, justificó el retiro de ese derecho con el argumento de que la ONG no coordinaba sus labores con el Gobierno.

Acción Ecológica «ha actuado apegada a sus principios y objetivos, establecidos por sus integrantes, de defender (…) los derechos de la naturaleza, como establece la nueva Constitución de Ecuador», dice la carta de las organizaciones sociales.

«Nos llama la atención este procedimiento arbitrario en el que no medió diálogo alguno», afirman los activistas, que expresan también su temor a que se pueda repetir el caso.

«Denunciamos que esta medida constituye un atentado para todas las organizaciones y movimientos sociales que vienen enfrentando en el último tiempo acciones de criminalización de la protesta», señala el escrito.

Por su parte, Ivonne Ramos, presidenta de Acción Ecológica, declaró hoy a Radio Quito que «es un problema más que administrativo, político» y que «la eliminación de un plumazo de una organización histórica en el país contradice las garantías constitucionales».

«Si nosotros dejamos pasar esta acción en la cual se elimina una organización mediante acuerdo ministerial, puede sentar un precedente nefasto en el que muchas organizaciones (…) pueden ser eliminadas en cualquier momento en el que a un ministro se le ocurra», denunció Ramos.

Señaló además que, desde la notificación del ministerio, los activistas llevan a cabo una estrategia informativa a nivel nacional e internacional, y han recibido «cientos de adhesiones que han llegado finalmente a conocimiento del mismo presidente» Rafael Correa.