LLUVIA DE OCTUBRE EN ECUADOR

Apresamientos, detenciones, desalojos y militarización se agravan.

El presidente de la organización indígena FICI, Marco Guatemal, fue apresado a las 11h00 de este 25 de octubre en la ciudad de Ibarra bajo la acusación de obstruir vías públicas durante las movilizaciones en oposición al proyecto oficial de ley de aguas, en mayo de 2010.

El presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Azuay, FOA, Leonardo López, fue detenido el mismo día pasadas las 12h00 en la parroquia San Gerardo (Azuay), acusado de lanzar una piedra a uno de los autos de la caravana donde iba el presidente Correa resguardado por 450 militares y 300 policías luego de visitar el páramo de Kimsacocha, donde la minera canadiense Iamgold tiene una concesión que es rechazada por los sistemas comunitarios de agua.

Campesinos montubios de Río Grande (Chone) fueron desalojados en forma violenta el pasado martes 18 mediante un operativo de más de 400 agentes de élite de la policía para dar paso a las maquinarias de la empresa china Tiesiju que quiere construir una represa cuya eficacia para el control de inundaciones ha sido descalificada por técnicos independientes; de todas maneras Río Grande es desde el 17 de octubre una “zona reservada de seguridad”, en base al decreto ejecutivo 914. El viernes 14 de octubre un grupo de 9 militares del Batallón Yaguachi fue interceptado por campesinos de Intag (Cotacachi, Imbabura) en el antiguo camino al campamento minero que abrió la empresa japonesa Bishi Metals en la comunidad de Junín; el oficial a cargo no quiso identificarse pero en medio de contradicciones admitió que se encontraban tomando información georeferencial para enviarla vía electrónica al Instituto Geográfico Militar.

Estos acontecimientos no son una coincidencia, constituyen una señal de la forma como avanza el modelo que impulsa el gobierno de la llamada revolución ciudadana. Mientras favorece a las empresas,  despoja a las comunidades de sus territorios violando derechos fundamentales, criminalizando y reprimiendo a líderes, dirigentes, comunidades y organizaciones que protestan y rechazan las actividades extractivas, represas, hidroeléctricas.

No queda duda del poder que tienen las empresas que quieren explotar el oro, la plata o el cobre; o las empresas interesadas en construir infraestructura para el control del agua y el secuestro de los ríos. No queda duda de lo que se está dispuesto a “facilitar” para que los proyectos ofrecidos a estas empresas sean viables.

La criminalización a los movimientos sociales, al ecologismo popular que pone su vida y su integridad por delante para defender la tierra, el agua, los cultivos, ha sido constante en las últimas semanas.  Sin embargo, no marca el inicio de la política de intimidación social sino su profundización.

Luego del 2008, año en que la Asamblea Constituyente otorgó amnistías a cientos de hombres y mujeres defensoras de la naturaleza que habían sido “reprimidos y luego enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos” (tercer Considerando, Resolución de 14 de marzo de 2008), los casos de criminalización de la protesta social han resurgido con crudeza.

El hostigamiento, la descalificación, los juicios penales, las detenciones y apresamientos contra los líderes sociales son distintos rostros de una misma estrategia que apunta a desmovilizar, silenciar, provocar autocensura, para que una vez logrado el control social quede allanado el camino para una inmisericorde explotación de la Pachamama, el despojo a las comunidades de sus fuentes de vida, y profundizar la acumulación capitalista.

La historia de nuestro país se ha escrito con incesantes luchas de sus movimientos sociales, que han ejercido el derecho la resistencia, hoy establecido en la Constitución, para precautelar que los hilos que tejen la vida, la cultura, la comunidad no se pierdan a pesar de todo.  Sólo un siniestro remedo de sumak kawsay puede pretender incluir la criminalización de quienes cuidan y defienden los derechos humanos y la naturaleza como parte de la construcción de una nueva sociedad.