La sociedad exige ecologizar el debate electoral

Acción Ecológica opina

El próximo 24 de mayo asumirá como nuevo presidente del Ecuador uno de los dos candidatos confirmados como finalistas, Aráuz y Lasso, en medio de abrumadoras constataciones de fraude. Esto muestra, entre otras cosas, el interés por salvar la agenda extractivista como base de la economía, y el menosprecio de los derechos humanos, colectivos, y de la naturaleza.

Es sabido que las fronteras de la extracción petrolera y minera, así como del agronegocio, se abren paso con violencia sobre áreas frágiles, tierras campesinas y territorios de pueblos ancestrales destruyendo estos espacios de vida  para familias y comunidades, así como para todos los otros seres de la naturaleza. Esto no significa que las consecuencias nefastas de este modelo no afecten al resto del país y a la población que vive en áreas urbanas, donde millones de personas, muchas migrantes y desplazadas desde zonas rurales, enfrentan condiciones de marginalidad en el acceso a servicios básicos, son expuestas a altos niveles de contaminación y a una dependencia cada vez mayor de alimentos ultraprocesados.

La economía basada en el extractivismo tiene que ver con dar mayores garantías al capital, privilegiar el mercado global y las exigencias de las empresas transnacionales, así como asegurar el servicio de la deuda externa, subordinando en la práctica la obligación de proteger derechos fundamentales como la alimentación sana, la salud, educación, vivienda, trabajo digno, participación en la definición de políticas.

Una de las más dramáticas constataciones durante la pandemia ha sido la inhumanidad de la lógica económica vigente, expresada en el desinterés casi total del Estado por la vida de millones de personas vinculadas a la economía informal y de otras tantas que pasaron al desempleo durante la cuarentena, mientras de manera inmediata se tomaron medidas para que no se detenga el comercio exterior, la banca, las cadenas de supermercados, el pago de la deuda externa y los nuevos endeudamientos.

Se dieron facilidades para que las empresas mineras ingresen donde antes la resistencia social les impedía; se aprobaron normas para nuevas privatizaciones, flexibilizar los derechos laborales y controles ambientales; se decidió provisionar fondos para el pago de laudos arbitrales; se aprobó la vigencia de dos nuevos tratados de libre comercio; se pusieron trabas a la comercialización campesina; se dejó sin reparación a miles de familias afectadas por la rotura del OCP y el SOTE. Y como si esto no fuera bastante, se abrió la posibilidad para que en situaciones de protesta la fuerza pública dispare con armas de fuego contra la población.

Preocupa que este breve recuento de hechos recientes pueda ser un anticipo de la nueva normalidad impuesta en tiempos de pandemias sucesivas, aprovechando que el confinamiento permite un mayor control sobre la sociedad y la ocupación de territorios donde no había entrado el capital transnacional.

Si se mantiene la lógica de devastación social y ambiental, que ha sido señalada como una de las principales causas de la actual crisis sanitaria global, el sostenimiento de la vida estará en condiciones de mayor vulnerabilidad; más todavía si no se dan pasos hacia una transformación que ponga el cuidado de la vida en el centro. Este es el reclamo de los sectores que resisten al extractivismo desde la defensa del agua, el sustento soberano, la pequeña producción, los derechos de las mujeres y la defensa de los territorios.

En estas circunstancias, y frente al contexto electoral, Acción Ecológica invitó a que la sociedad ecuatoriana se pronuncie sobre las problemáticas socioambientales y de la naturaleza. La respuesta mayoritaria fue en favor de unas políticas públicas distintas, que con sentido de urgencia pongan por delante los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

ACCIÓN ECOLÓGICA
9 de marzo de 2021

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