LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA DEBE SER DE NUEVO DEL PUEBLO WANKAVILKA
La Península de Santa Elena, territorio ancestral del pueblo Wankavilka ha sido vista desde hace varios años como un territorio de despojo y sacrificio por los sectores oligárquicos del país.
Dos problemas fundamentales que enfrenta la península es la expansión de monocultivos para la agroindustria, y la creación de áreas protegidas. Ambas figuras, aunque parezcan contradictorias, son las dos caras de la misma moneda, porque traen consigo el despojo del territorio al pueblo indígena Wankavilka.
Agua para proyectos agroindustriales
Una auditoria hecha al Proyecto Jaime Roldós Aguilera y el Trasvase de Aguas desde la Represa Daule Peripa hacia la Península de Santa Elena del el 2008, que fue ejecutado por la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) muestra las afectaciones que sufrió este pueblo indígena y sus territorios.
CEDEGE suscribió una cadena de 3 contratos principales y 13 complementarios con la constructora brasileña Odebrecht a lo largo de más de 15 años, por un valor de US$ 464,21 millones, aunque se terminó pagando US$ 831,01 millones, es decir un 80% más de lo contratado.
La propiedad de la tierra de las comunas pasó a manos privadas. Como producto de las transferencias de tierra, un número pequeño de 90 propietarios particulares, posee el 81% de la tierra. Hasta 1982, en las áreas potenciales de riego del proyecto, el 71,2% de la tierra estaba ocupada por comunas.
Hay que añadir que en la zona donde se construyó Daule Peripa, la represa de donde su agua viene a la península, provocó el desplazamiento forzado de más de 15.000 campesinos agricultores, aislamiento involuntario de casi 100.000 personas, inundación de 27.000 hectáreas de bosques protectores y fincas, privación de acceso a agua para consumo humano, privación de acceso a riego, deforestación y erosión de 85% de la más rica cuenca aportante del occidente ecuatoriano.
El agua ha servido en realidad para las grandes plantaciones agroindustriales de banano, caña de azúcar, pitajaya, uva, coco, mango, limón, flores y cacao, y no para riego para satisfacer la Soberanía Alimentaria de la población, o para el consumo humano.
Las propuestas o proyectos de conservación.
En la península de Santa Elena, en el cantón Playas Villamil, y en las parroquias Juan Gómez Rendón, El Morro, Posorja, Puna y el Estuario del Golfo en el cantón Guayaquil, provincia Guayas con una superficie de 500 mil hectáreas, una franja marina costera de 200 kms y una población de más de 400 mil personas.
Se vienen implementando proyectos llamados de conservación, de protección qué forman parte del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas (SNAP).
El Ecuador posee 17 Áreas Protegidas Marino Costeras (APMC) que cubren una superficie total de 606.934 hectáreas. Estas áreas se crearon entre 1979 y 2015. La mayoría de la superficie de las APMC está ubicada en la Provincia de Manabí, con 235.083 ha (39% del total).
El Consejo Provincial de Santa Elena agosto 2022, aprobó la declaratoria del Sistema Provincial de Áreas de Conservación y Uso Sostenible de Santa Elena (SPACUS) para proteger 112.450 hectáreas de bosque seco y húmedo que encierran una alta biodiversidad de animales y plantas y resguardan las principales fuentes de agua para toda la provincia.
SPACUS cubre 80,7% del bosque nativo de la provincia, incluido el bosque protector de la Cordillera Chongón Colonche y los remanentes de ocho ecosistemas terrestres biodiversos.
El Proyecto “Reforestación y Conservación de la Cordillera Chongón Colonche” implementado conjuntamente por la Fundación Natura y el Ministerio del Ambiente con financiamiento del Gobierno Alemán a través del Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW incluye 21 comunas y grupos comunitarios que conservan 155.350 de las cuales 71.256 hectáreas de bosque están bajo contratos para el pago de incentivos de conservación.
El Proyecto Socio Bosque 38.862 hectáreas mediante convenio con grupos comunitarios locales y pago de incentivos.
Las Áreas Protegidas Marino Costeras en la península de Santa Elena hay más de 50 mil hectáreas terrestres y más de 60 mil hectáreas marinas, en las que NO se hace mención a que allí viven y han vivido comunidades pueblos y que son los verdaderos propietarios.
Esto significa que cerca de 300 mil hectáreas que las comunas comunidades y pueblos locales que por miles de años han venido cuidando y coexistiendo en ellos, defendiendo, el buen vivir, la soberanía alimentaria, la soberanía marítima, permitido que estos territorios se mantengan y conserven ya no son propietarios.
Caso Bellavista del Cerro comuneros cortan o ralean 15,6 hectáreas o hacen un manejo de sus bosques y son multados con 31.200 dólares a pagarse en 15 días después de la emisión es patrimonio Forestal del Estado. Bosque (Protector Chongón Colonche).
El caso de la comuna de Olón en un área protegida (manglar) permiten y autorizan un proyecto inmobiliario.
Mediante una declaración de tierras Baldías de terrenos comunitarios les quitan 300 hectáreas para la construcción de la cárcel (Comuna Juntas del Pacifico).
El presidente Guillermo Lasso anuncia la creación de las primeras 8 millas marítimas del Ecuador como Reserva Marina a lo largo del perfil costero continental con una superficie aproximada de 1.5 millones hectáreas.
Con la firma del convenio del mar (CONVEMAR) Ecuador se quedó con 12 millas de las doscientas que tenía y entonces que pasara con la soberanía de los pescadores artesanales.
En territorios de la comuna Valdivia una empresa privada pretende construir un complejo inmobiliario de Fincas Playeras en terrenos comunales.
El Territorio Marino Costero es el lugar más apetecido para la industria inmobiliaria y el turismo corporativo a pequeña, mediana y gran escala, como lo muestra el reciente proyecto inmobiliario aprobado por el Ministerio del Ambiente en Olón.
Es indispensable que se solucionen de manera holística los problemas de despojo de tierras y devolución de las mismas a las comunas, comunidades y organizaciones ancestrales para garantizar su fuente de vida, de reproducción de sus culturas y su patrimonio.
Las Áreas de protección Terrestres y Marinas y Costeras existentes en la península de Santa Elena deben ser gestionadas con la plena participación y decisión de los pueblos y comunidades de este territorio.
Se deben conformar además veedurías, monitoreo y control participativo con las comunidades locales sobre actividades productivas; agroindustria, turismo corporativo, pesca industrial y desechos plásticos que afectan a la biodiversidad y a las comunidades, para lograr la descontaminación y reparación integral de estas zonas.