La nueva Política Agropecuaria 2030

Acción Ecológica opina

En el Día de la Tierra, 22 de abril de 2021, el gobierno del Ecuador, con el apoyo de la FAO, lanzó su Política Pública para el sector Agropecuario – Visión 2030 (1). Esta política forma parte de los compromisos adquiridos por el Ecuador en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU.

Uno de los fines es incrementar la contribución de la agricultura al PIB, a través del incremento de las exportaciones “sustentables”. Se dice con mucha retórica que para alcanzarlo se promoverá la comercialización “inclusiva”, la transformación “eco-amigable”, la distribución “eco-eficiente”, y un consumo responsable.

El aumento de la producción se lo hará a través de una creciente rentabilidad, la reducción de los costos con tecnificación (es decir, reduciendo el trabajo agrícola) y con el “fomento a la productividad”.

Lo que busca el “fomento de la productividad”, es cómo insertar mejor la producción agrícola del país en el mercado mundial. Gracias a la investigación se aspira alcanzar la transformación tecnológica y la modernización del sector. También se quiere aplicar normas sanitarias y de trazabilidad para “diferenciar la calidad” de los productos y para entender la lógica de las cadenas productivas. Otros elementos de este eje son la transferencia de tecnología y el extensionismo.

Esto se complementa con otro de los ejes, que es el “desarrollo de mercados”, que tiene un frente interno y otro externo. En el frente interno, la política se centra en cómo mejorar el relacionamiento entre los productores con las empresas ancla a las que estarán encadenados (aunque los llaman socios) para que entreguen su producción a la agroindustria con miras a una futura transformación. No se trata de apoyar a la agricultura familiar, campesina y autónoma, puesto que las subordina al agronegocio. En el frente externo se incluye la firma de tratados de libre comercio y crecer y diversificar las exportaciones en productos, destinos y actores.

Con una visión de cadena productiva, promueve el encadenamiento productivo de los pequeños y medianos productores a la agroindustria, pues su objetivo es ver al sector como cadena de valor.

Aunque en toda la política se habla de mitigación del cambio climático y de la sustentabilidad, no se considera que un incremento en la agroindustria y de las exportaciones implica aumentar la contribución de carbono a la atmósfera y por ende a la crisis climática.

El siguiente eje es el “acceso a servicios e infraestructura”, incluyendo servicios financieros y seguro agrícola. Los servicios financieros son “créditos especializados para rubros agropecuarios en función de sus ciclos de producción” y los seguros están vinculados al préstamo. Se plantea también líneas de crédito para la agroindustria, por ejemplo para incrementar la mecanización del campo (y a las importaciones de maquinaria agrícola, lo que favorece a las grandes empresas importadoras que controlan este mercado).

La forma de producción ansiada por esta política tampoco da autonomía a los productores, ya que los ata a servicios fitosanitarios, que es como se denomina al uso de agrotóxicos, e incluiría “el control y asistencia técnica fitozoosanitaria para proteger el territorio nacional”. Se añade la facilitación para la adopción de “buenas prácticas agrícolas y pecuarias”, las que son diseñadas con lógicas empresariales y, por lo mismo, excluyen a la producción campesina y sus conocimientos tradicionales asociados.

El eje sobre “asociatividad y participación”, plantea cómo fortalecer el diálogo entre “actores público – privados” en todos los estamentos del agro, es decir que incluye a la agricultura familiar, los pequeños, medianos y grandes productores junto con los inversionistas, prestadores de servicios, comercializadores, transformadores y actores indirectos públicos. La visión es tener actores organizados en “alianzas en cadenas de valor” y “cooperativismo moderno”, que implica programas de “impulso a asociaciones para que se orienten a las economías de escala”.  Aunque la política dice que uno de los objetivos de estas alianzas es articular a los actores con fines ambientales, sabemos que las economías de escala generan impactos en el ambiente. De hecho, el mismo documento reconoce que el objetivo del cooperativismo moderno “es que se diluyan los costos”.

Este tipo de asociaciones son fortalecidas por el Estado a través de difusión, asistencia técnica, apoyo a la gestión, innovación e investigación, con financiamiento público – privado. La política desconoce la existencia de organizaciones campesinas existentes desde hace decenas de años.

Con el eje “modernización e innovación legal e institucional” se pretende revisar toda la normativa existe, para que esta sirva a los propósitos de estas políticas.

En el eje sobre “políticas de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático”, se propone el establecimiento de plantaciones forestales y un programa de agrocombustibles. En el primer caso, están muy bien documentados los graves impactos de las plantaciones forestales en el ambiente, en el clima, en la salud y en el tejido social. Se ha demostrado sobremanera que las plantaciones forestales no colaboran a mitigar el cambio climático, puesto que se usan para emitir certificados de compensación de carbono los cuales son permisos para contaminar en otro lugar. En el caso de los agrocombustibles, se habla de “biocombustibles de cuarta generación”, que son aquellos producidos a partir de bacterias genéticamente modificadas, las cuales emplean dióxido de carbono (CO2) o alguna otra fuente de carbono para la obtención de combustibles. Recodemos que los organismos transgénicos están prohibidos por nuestra Constitución.

Aunque la Política Pública para el sector Agropecuario – Visión 2030 incluye repetidamente temas como la sustentabilidad ambiental, la inclusión de género e intergeneracional o enfrentar el cambio climático, está claro que lo que se promueve son políticas anti campesinas, una alta contribución al calentamiento global, más degradación ambiental y que, en última instancia, solo fortalecerá al agronegocio.

ACCIÓN ECOLÓGICA

2 de mayo de 2021

Más información: ebravo@rallt.org

REFERENCIA:

(1)  Política de  Estado para el  Sector Agropecuario Ecuatoriano2020-2030. Decreto Ejecutivo 1293. Suplemento al Registro Oficial No. 438.  23 de abril de 2021. Pág. 32 http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiNDE0ZjU3MGEtMzkzNi00ZGM1LThjNjUtYzRjNTNhZmQ3NGM0LnBkZiJ9