LA NATURALEZA EN LA CONSULTA POPULAR

Una de las cuestiones que quedó en evidencia el 4 de febrero 2018 es que a la mayoría de la población ecuatoriana le importa la naturaleza pues hubo un pronunciamiento mayoritario para que no haya explotación petrolera y minera en zonas ambientalmente sensibles. También se mostró respaldo a los pueblos en aislamiento voluntario.

Las dos preguntas ambientales tuvieron el tercero y cuarto lugar de aceptación, superadas sólo por las preguntas relacionadas con la lucha contra la corrupción y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.

En la pregunta cinco, sobre la exclusión de la minería en áreas protegidas y zonas urbanas, cerca de seis millones quinientas mil personas votaron SI, lo que corresponde al 68,6% de los votos válidos; en tanto que seis millones 300 mil personas dijeron SI a la protección del Yasuní y los pueblos aislados que lo habitan.

En provincias donde se vive el problema real de la minería como Morona Santiago este porcentaje sube al 82%; en Yacuambi (Zamora Chinchipe) el porcentaje llega al 85,3%, y en la parroquia San Lucas (Loja) el rechazo a la minería fue del 88%.

En cuanto a la protección del Yasuní, en la parroquia Nuevo Rocafuerte (que se encuentra en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional) el 87,76% de los votantes dijeron SI.

Estos pronunciamientos desde la sociedad debe llevarnos a reflexionar que la protección de la naturaleza no puede ser tomada de manera superficial. Se deben retomar los principios consagrados en la Constitución que parecen haber sido olvidados en los últimos años.

El principio de precaución por ejemplo dice que aunque no existan pruebas científicas concluyentes, el Estado debe tomar las medidas necesarias para evitar que ciertas actividades o decisiones políticas generen daños en la naturaleza y el ambiente.

Otros principios que deben impulsarse con fuerza, a tono con la voluntad popular, incluyen: el de prevención, que establece evitar daños ya comprobados; el de la intangibilidad de espacios que no pueden ser tocados por actividades productivas a gran escala; el referido al mantenimiento de la estructura y funciones de los ecosistemas; la reparación integral de los espacios ya degradados; la responsabilidad y solidaridad con las presentes y futuras generaciones y con la naturaleza.

Por eso rechazamos que frente a la minería metálica y la explotación petrolera se hagan simples declaraciones que proclamen un extractivismo “responsable”. Se deben evitar estas actividades en zonas que ponen en peligro a la naturaleza y a las poblaciones humanas que viven en ellas. Felizmente, el pueblo ecuatoriano ha hablado.