La COP26 y los subsidios en el Ecuador*

A propósito de la COP 26 en las que el presidente de la República lanzó la propuesta de ampliar la zona de protección marítima en las Islas Galápagos, por supuesto una acción importante y necesaria, sin embargo, fustigó también a quienes se movilizan en el país cuestionando la eliminación de los subsidios a los combustibles. El tema de los subsidios es bien interesante, existen muchos mitos alrededor de ellos, y lo menos que necesitaríamos es un debate nacional. ¿Cuánto se piensa recaudar por la eliminación del subsidio a los combustibles fósiles? 1400 millones de dólares.

Por supuesto qué hay que eliminar los subsidios a los combustibles fósiles en el país, sobre todo por motivos ambientales, reducir el consumo y las emisiones de CO2. Pero no necesariamente como lo plantea el gobierno ecuatoriano, focalizando los mismos es una mejor opción, sobre todo al transporte público masivo. Pero ¿es la única opción existente para eliminar subsidios con relación a combustibles fósiles o a otros subsidios?

Mientras el discurso oficial se centra en los subsidios a los combustibles, en el Ecuador la política gubernamental es ampliar la frontera petrolera, eso incluye más áreas del Yasuní y territorios indígenas, de bosque húmedo tropical para duplicar la extracción de hidrocarburos que actualmente está en 486.000 barriles por día; en el mismo modelo extractivista consolidar al país como minero, y en los territorios de sacrificio destinados a la extracción minera, el presidente Guillermo Lasso solicitó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica flexibilizar los requisitos ambientales para acelerar este proceso.

Para entender los subsidios que existen en el Ecuador hay varias entradas.

En relación a parte de los subsidios por hidrocarburos tenemos:

– Subsidio de diésel. En el Ecuador un par de meses antes de las movilizaciones de octubre del 2019 el gobierno otorgó un subsidio de 0,70 ctvs. por galón de diésel a sectores empresariales pesqueros y camaroneros. Más una adicional de 0,30 ctvs. por galón. El costo de ese subsidio es de alrededor de 150 millones de USD.

– Subsidio por quema de gas en los mecheros de los campos petroleros, millones de m3 de gas en los mecheros en la Amazonía subsidiando a las empresas extractoras de petróleo, privadas y a las públicas. En la Amazonia del Ecuador existen alrededor de 447 mecheros que queman gas natural todos los días las 24 horas. Emiten millones de toneladas de CO2 a la atmósfera (300 millones cada año) y contribuye al cambio climático. En los últimos 30 años Ecuador ha quemado mas de 100 millones de pies cúbicos de gas asociado por día, lo que representa mas de 14 mil millones de USD en barriles equivalentes de petróleo. Subsidio al GLP en el periodo 1989 a 2015 8.364 millones USD. Costo del subsidio es enorme, solamente 540 millones USD anuales por la importación de gas. A más del desperdicio energético hay que considerar el costo ambiental y social por la contaminación y las enfermedades sobre todo cancerígenas derivadas de la quema de gas que es enorme.

– Subsidios en el gas licuado de petróleo. Apenas se produce alrededor del 22 % del gas que se consume en el país. Se debe importar el resto y mientras tanto se quema gas en los campos petroleros en la Amazonía del país. Según cifras oficiales este alcanza los 813 millones USD anuales. Si bien esta establecido por ley no se controla el uso para diferentes actividades productiva que deben usar gas de uso industrial.

– Subsidios por mezcla de crudo liviano del Estado con crudo pesado de las compañías OCP para que pueda ser transportado por el oleoducto de crudos pesados.

– Subsidios a transportistas privados y públicos por tarifas de buses. Exoneración de impuestos por importación de repuestos, subsidios directos a buses, ausencia de controles de contaminación. Se acaba de eliminar en la reforma a la ley de tránsito de las dos revisiones de buses de transporte público.

– Subsidios por mala calidad de combustibles. Aquí hay que tomar en cuenta el tema ambiental, el combustible que se usa en el transporte público, el diésel y las gasolinas que se produce en el país son de pésima calidad y genera un problema ambiental, y porque suban el precio del galón de diésel no bajará su consumo. Los importadores de derivados que importan para la mezcla por la mala calidad y porque no se abastece la demanda nacional también se benefician. El Estado importa gasolinas, naftas y diésel por más de 500 millones USD al año.

El problema principal radica en que para la extracción de hidrocarburos y en la producción de derivados no se toman en cuenta los pasivos ambientales y sociales que se generan, los costos ambientales y sociales de la destrucción y contaminación ambiental, que incluyen deforestación y pérdida de biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua, contaminación y envenenamiento de pobladores en las regiones en las que se extraen y procesan los hidrocarburos. Esto incluye la salud y el costo para el Estado por tratamientos médicos.

La no internalización de los costos ambientales y sociales en los costos de extracción y producción son subsidios que tiene un costo alto para el conjunto de la sociedad, que asumen los pasivos ambientales y sociales.

Otros subsidios en el caso nacional están directamente relacionados por el uso del suelo rural, mediante la entrega de tierras del Estado, por ejemplo, de Patrimonio Forestal del Estado para explotación maderera, o concesiones para la industria palmicultora, o miles de hectáreas de manglar dadas a los productores de camarones para exportación principalmente, miles de hectáreas entregadas gratuitamente para estas actividades económicas a sectores específicos. El problema a más de la destrucción ilegal de bosques, la pérdida de biodiversidad, afectación a las actividades económicas de campesinos o recolectores es que son hechas legalizando la violación de la ley por parte del Estado, en el caso del Ecuador los manglares y el patrimonio forestal del estado son áreas protegidas y su destrucción está prohibida.

Subsidios por uso de suelo urbano, una historia larga es la entrega de suelo urbano mediante diferentes figuras como comodatos, permutas, ventas, arriendo para Centros Comerciales, obra pública a la carta, resoluciones, ordenanzas, cambio de normativa por fuera de la planificación establecida para beneficio particular. Por ejemplo, el comodato es una figura por el cual la entrega de un bien o un terreno a un privado y este bien debe cumplir una función social, pero de estos predios se pagan arriendos ínfimos, los subarriendan, o sencillamente se los apropiaron para construir almacenes o departamentos, tener negocios en ellos y lucrar de ellos. Cambios de zonificación de uso de suelo, realizados para beneficiar a determinadas inmobiliarias a las que además permitirles edificar fuera de norma (que no se aplica para el resto de los ciudadanos) o les rebajan sus impuestos por una discrecional concesión onerosa de derechos.

A más de terrenos municipales la ciudad de Quito, para poner un ejemplo ha perdido áreas de protección ecológica, parques, mediante el fraccionamiento de estas áreas de uso público. Hay que tomar en cuenta que se lo hace por fuera de la ley o mediante la expedición de normas especiales que benefician a intereses específicos. Subsidios en la venta de activos fijos del Estado, mediante la subvaloración de bienes públicos, se han transferido activos como empresas de cemento, ingenios azucareros, bienes patrimoniales, bancos, empresas eléctricas, puertos, carreteras, empresas de agua públicas o de telefonía. O mediante figuras en las que se realiza una ingente inversión pública y luego bajo deferentes modalidades se transfiere el bien para su administración y los nuevos concesionarios, delegatarias, o socios se benefician de la inversión realizada sin incorporar el costo de inversión en el pago al Estado.

Subsidios en la venta de activos fijos del Estado, mediante la subvaloración de bienes públicos, se han transferido activos como empresas de cemento, ingenios azucareros, bienes patrimoniales, bancos, empresas eléctricas, puertos, carreteras, empresas de agua públicas o de telefonía. O mediante figuras en las que se realiza una ingente inversión pública y luego bajo deferentes modalidades se transfiere el bien para su administración y los nuevos concesionarios, delegatarias, o socios se benefician de la inversión realizada sin incorporar el costo de inversión en el pago al Estado.

Y otros polémicos subsidios al sector financiero o empresarial de mayores ingresos, el estado mediante diferentes figuras como el salvataje bancario, el perdón, condonación, remisión, exoneración, o como eufemísticamente le quieran llamar, les perdonan deudas tributarias. Según la Comisión Económica para América Latina anualmente se evaden impuestos por 7.000 millones de USD en el país. Figuras cuestionables como el desvanecimiento de glosas, que son multas por incumplimiento de contratos con el Estado o por gastos presentados y no justificados, o sobreprecios, que establece la Contraloría General del Estado y que además involucran delitos penales.

Grupos de poder transnacional o nacionales con suficiente poder de influencia en gobiernos, una institucionalidad débil que garantiza el enriquecimiento ilícito y fácil, un sistema judicial y de control que mantiene la impunidad hace que se pierda la capacidad de entender la dimensión de subsidios socialmente necesarios o económicamente viables para evitar agrandar las brechas de inequidad y desigualdad economía existente en el país.

Como contrapartida en el mundo los subsidios a individuos, empresarios o grupos económicos son enormes, por ejemplo, en el sector agrícola, los Estados subsidian la producción que incluye el uso de energía (combustibles fósiles), agua, tierras, bosques, pesticidas y fertilizantes (1).

El costo ambiental de ese modelo de producción subsidiado que contribuye significativamente con sus emisiones al cambio climático. Las propuestas en la COP 26 y los discursos de gobiernos y sectores transnacionales que las promueven enmascaran la realidad, mientras aumentan las desigualdades sociales y contribuyen a aumentar el cambio climático.

Ricardo Buitrón Cisneros
Miembro de ACCIÓN ECOLÓGICA

NOTA:

1. Los productores agropecuarios europeos -que suman en total alrededor de 10,5 millones de explotaciones con una superficie promedio de 16,6 hectáreas cada una- recibieron en el 2020 subsidios de los Estados miembros de la UE por más de 40.000 millones de euros, según un reporte de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

https://www.cronista.com/internacionales/La-UE-otorgara-en-2020-subsidios-agricolas-directos-por-40-000-millones-de-euros-20200223-0004.html

*Artículo publicado en inglés en Academia Letters (2021)