La Consulta y decisión del Yasuní

Acción Ecológica Opina

Las consultas del Yasuní y del Chocó Andino, fueron un parte aguas en el extractivismo petrolero y minero. A pesar de que el Ecuador es el país con la mayor riqueza de biodiversidad por unidad de área del planeta, donde se registran altísimos niveles de endemismo para varios grupos de flora y fauna, desde los grupos de poder se forjó la identidad del Ecuador en los últimos 50 años en torno al petróleo; y en los últimos años se pretendió construir el reemplazo del petróleo por la minería. Sin embargo, los principales conflictos socio ambientales están ligados justamente a estas dos actividades.

Los resultados históricos de estas dos primeras consultas populares conquistadas por iniciativa ciudadana estuvieron acompañados por un complejo proceso previo de recolección de firmas, e interminables series de procedimientos judiciales (sobre todo en el caso del Yasuní). El 20 de agosto de 2023, la ciudadanía ecuatoriana se pronunció a favor de la vida, del agua y de la naturaleza

Tras los resultados de las consultas hay ahora un patrimonio de confianza ciudadana a las luchas por la vida y la naturaleza. Nació un nuevo ecologismo popular en las zonas rurales y urbanas, mucho más allá de los jóvenes de las clases medias e intelectuales, como en algún momento se pensó. Y adquirió piso, base y sentido la idea de una verdadera transición hacia un país post extractivista.

Ningún candidato alcanzó los niveles de aceptación como la que obtuvo el Sí en las consultas populares. Con casi un 60 % de personas que votaron Sí en la consulta por el Yasuní, se logró una victoria superior a la esperada, sobre todo si se toma en cuenta la desproporcionada publicidad del Estado, de los medios de comunicación en campaña por el No, de los relacionadores públicos de las empresas ejerciendo presión local…  Se ganó en todo el país con la excepción de las 2 provincias de donde se extrae el petróleo, en donde el discurso del miedo se impuso. Aunque en el caso de Sucumbíos, por ejemplo, el No alcanzó apenas el 51%.

Ganada la consulta por el Yasuní surge la pregunta de ¿y ahora cómo seguir? Sobre todo por las desafortunadas declaraciones del gobierno saliente de no querer cumplir con el mandato popular, con el argumento de “ser inviable”, imposible de aplicar o simplemente por una total irreverencia a la decisión mayoritaria de la población.

El incumplimiento anunciado será una nueva causa que ponga a prueba la fuerza de las decisiones de la consulta popular, pero, además, mantendrá vigente el trasfondo de la consulta: la voluntad de pelear por un cambio y la posibilidad de encaminarlo.

Tendrá que venir un cierre de las operaciones, no puede abrirse ni un pozo más, contrariamente a lo anunciado por el gobierno hace pocos días. Este pretende mantener sus cronogramas de perforación, diseñados previamente a la consulta popular. No pueden firmarse más contratos y deben denunciarse -con tiempo- aquellos que van a vencer, o a aquellos que pudieran tener cláusulas de ampliación del tiempo de extracción de crudo.

Y como lo establece, tanto la Sentencia No. 6-22-CP de la Corte Constitucional que incluye plan de cierre, reparación, abandono y rehabilitación, así como lo señalado por el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), se debe contar con la posibilidad de receptar aportes de las universidades y de la sociedad civil organizada.

Se trata de un gran paso para el país y para la democracia. Por eso, el gobierno saliente y los candidatos a la presidencia debieran estar concentrados en estos temas, para respetar lo decidido por los ecuatorianos y ecuatorianas.

En este sentido, se sugiere que las actividades de abandono se inicien con el retiro inmediato de las tres torres de perforación en Ishpingo; el retiro ordenado y progresivo de la infraestructura de las 12 plataformas petroleras (seis en Tiputini, cuatro en Tambococha y dos en Ishpingo), y de los generadores, motores, tanques de combustibles y otros equipos. Se debe proceder además al taponamiento de los 225 pozos, empezando por los que están ya improductivos. Estos deberán ser sellados con cemento.

Finalmente, se deberá desmantelar la infraestructura de la central de procesos para el separado de petróleo y agua; y el retiro del oleoducto de 85 kilómetros, la reducción del área de las vías de acceso que al momento sirven solo para las actividades petroleras.

A esto hay que sumar la fiscalización de los contratos que han sido declarados como muy perjudiciales para el Estado, a través de diversas modalidades de contratos. Según se ha denunciado, el Estado ha perdido más de 10.000 millones de dólares en los últimos 10 años por esos contratos.

Hay que elaborar, de manera indispensable, una línea base del grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones, directa e indirectamente afectadas; y conocer los grados de dependencia de las comunidades a las empresas, para generar alternativas de reconversión económica basada en la autonomía comunitaria y la soberanía alimentaria.   

La naturaleza, -que no es nuestra adversaria, sino nuestra aliada-, contribuirá a la regeneración natural de la vegetación, y con ella de la fauna nativa, a la purificación del agua, suelo y atmósfera; una vez que se cancelen las fuentes de contaminación. Habrá un retorno de la fauna nativa que huyó por el ruido.

Pero sobre todo los pueblos que han sido cocreadores de la selva y su biodiversidad tendrán la oportunidad de seguir viviendo como pueblos libres y recuperarán sus entornos saludables, hoy convertidos en zonas de sacrificio…y que, por voluntad ciudadana, pasarán a ser zonas en recuperación.