La mañana de este 12 de agosto de 2020, tras 72 días de suspensión, el juez Jaime Oña Mayorga reinstaló la audiencia de acción de protección y medidas cautelares planteada por víctimas del derrame del 7 de abril.
El juez pretendió asumir el rol de víctima y se ensañó contra los demandantes quienes durante los últimos 72 días han denunciado la falta de tutela judicial efectiva y los impactos que genera sobre sus vidas las vulneraciones a los derechos causadas por el derrame de crudo. Con su actitud amenazante, el juez Oña parece olvidar que su función no es personal, que la ejerce en nombre del Estado ecuatoriano y que la justicia que tarda, no es justicia y que en un contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, al menos 27 mil personas sufren los impactos de un derrame que era previsible y evitable, que están esperando una justicia que nunca llega.
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