HAY JUECES…Y JUECES

Este martes 15 de enero de 2019 se dieron dos hechos claves en el seno del sistema judicial ecuatoriano.

Por un lado, se realizó en Quito la tercera audiencia del caso presentado por la organización CASCOMI contra del Estado y la empresa china ECSA que opera el proyecto minero Mirador; y por otro, en Quevedo, se ventiló el caso por la presencia de soya transgénica en la provincia de Los Ríos.

En el primer caso, el fallo -que podría ser apelado- deniega derechos fundamentales de las comunidades afectadas por el proyecto megaminero. En el segundo caso, fue aceptada la acción de protección a favor de campesinos y campesinas de Los Ríos tras comprobar la existencia de plantaciones de soya transgénica dentro de esta provincia.

Para defender sus derechos, la comunidad CASCOMI presentó una acción constitucional de protección frente a los desalojos masivos y violentos, amparándose en sus derechos a una vivienda digna y a la consulta previa, libre e informada (1). Con la sentencia del Juez se ratifica la postura de imposición ilegítima de un proyecto minero (Mirador) que implica despojo, devastación de ecosistemas, militarización. Luego de varios meses y tres audiencias, la sentencia dictada recurre a argumentaciones cuestionables como equiparar la socialización con el derecho a la consulta, sostener que la dignidad de no recibir cheques equivale a denegar del territorio, o que saber de la amenaza de desalojo es igual a aceptarlo. Claramente, hubo temor a fallar contra la decisión oficial de convertir al Ecuador en un país minero, sostenido a base de acuerdos con las empresas, y de espaldas a los derechos humanos de los pueblos y comunidades y los derechos de la naturaleza.

En el otro caso, a 250 km de Quito, el Juez Constitucional de lo Civil del cantón Quevedo, César Paucar, aceptó lo solicitado por organizaciones campesinas y ecologistas (2), tras comprobar la existencia de plantaciones de soya transgénica resistente a glifosato en esa provincia. El Juez ordenó quemar, eliminar y decomisar todos los cultivos transgénicos que se hayan descubierto; hacer un monitoreo constante en época de siembra; que el Ministerio de Agricultura capacite a sus funcionarios y a los campesinos sobre el peligro de los transgénicos; que el Ministerio de Agricultura ponga en su página Ecuador Libre de Transgénicos; y remitir el fallo a la Fiscalía de todos los cantones de Los Ríos en donde se encontraron estos cultivos transgénicos, para que identifique a los responsables, por acción u omisión, del ingreso de soya transgénica. Este fallo constituye un logro histórico para el Ecuador y la región, que podrá ser usado como instrumento legal que apoye las luchas campesinas frente a la presencia de cultivos transgénicos y en favor de la soberanía alimentaria y la autonomía.

Con decisiones como la del Juez Paucar, vemos que ya no estamos en el modelo monolítico de justicia de la década pasada que negaba el ejercicio y protección de todo derecho y nos da ánimos para no abandonar el camino de la pelea jurídica; también esta decisión nos hace repensar el asunto de la reparación como parte de los derechos ganados constitucionalmente.

Al mismo tiempo, la rabia por la injusticia ocurrida en el caso de CASCOMI, nos da los bríos para seguir luchando y acompañando los procesos locales de resistencia frente a la megaminería que tanto daño causa a los derechos, humanos y de la naturaleza.

ACCIÓN ECOLÓGICA

NOTAS:
(1)    En noviembre del 2018, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz; en su Declaración inicial menciona a Tundayme y expresa su preocupación por los desplazamientos forzosos, así como por la falta de “procedimientos adecuados de consulta y consentimiento de acuerdo con los estándares y jurisprudencia internacionales de derechos humanos”. http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/267-end-mission-ecuador
(2)    Debido a varias denuncias recibidas sobre la posible presencia de soya transgénica en el Ecuador, organizaciones campesinas y ecologistas han llevado a cabo, desde el año 2015, varios monitoreos de los cultivos de soya en el Ecuador, obteniendo resultados desalentadores: en 2015 el 67% de las muestras resultaron positivas, mientras que, en 2018, el porcentaje se incrementó al 76%; en otras palabras, para el 2018, 7 de cada 10 plantaciones utilizó soya transgénica.