Etnocidio: Del horror a la búsqueda de responsabilidades

En Febrero del 2010, el entonces titular de PETROAMAZONAS, hoy encargado del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Ec. Wilson Pástor, dijo ante los medios de comunicación que no había evidencia contundente de la presencia de pueblos aislados y que más bien podrían ser “hechos prefabricados”[1], con lo cual condicionó la política dirigida a los pueblos en aislamiento voluntario a través de su omisión.

Muestra de lo anterior es la presión ejercida por la existencia de bloques petroleros en los sitios donde se ubican los pueblos Tagaeri-Taromenane y el inicio o expansión de actividades exploratorias y/o de explotación. Por el lado occidental, con la extensión de la operación del bloque 17 cuyos límites fueron alterados en noviembre del año 2011, las operaciones del 16 y las nuevas instalaciones petroleras en el 31, actualmente al norte de la zona intangible, que son parte central del territorio ancestral. Y por el lado oriental, las operaciones petroleras en el Perú.

 l bloque 16, operado por Repsol (España) – Nomeco (China), es el lugar donde empezó el conflicto que derivó primero en el ataque por parte de indígenas en aislamiento voluntario a dos ancianos Waorani, y después el lugar desde donde salieron tres expediciones en busca de estos pueblos, que terminaron con la muerte de varias personas.

 Este territorio en disputa entre Waorani y Pueblos en Aislamiento vive la imposición de las petroleras que han logrado acuerdos con los Waorani, para tener una nueva forma de ocupación del territorio con “sello petrolero”, es decir: mayor concentración poblacional en torno a las carreteras que atraviesan el bloque, alto consumo de alcohol, armas de fuego, y diversas formas de dependencia, incluyendo dinero en efectivo.

Los Tagaeri huyeron del contacto forzado por el Instituto Lingüístico de Verano, cuando éste abría el paso para las operaciones petroleras de Texaco. Los Tagaeri y Taromenane, al parecer, siempre vivieron a la sombra transitando en el Yasuní, entre Ecuador y Perú. Ambos pueblos se declararon libres y rechazaron cualquier contacto con culturas ajenas a la suya; ambos pueblos tienen derecho a mantener esta condición.

El ruido, la contaminación, las enfermedades, la competencia, la manipulación a las comunidades, la militarización, son el telón de fondo de la actual crisis en la zona.

 La responsabilidad es aún mayor dado que existen medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 10 de mayo del 2006 a favor de los pueblos Taromenane y Tagaeri, por los riesgos constantes a los que estos grupos se enfrentan, y que la Constitución dice en el artículo 57 numeral 21: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas y hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.”

 Sin embargo, tanto la Constitución como la figura de medidas cautelares están siendo devaluadas por autoridades del gobierno, incluyendo el Presidente, que ha anunciado varias reformas a la Constitución y que ha criticado a la CIDH negando las medidas cautelares como herramienta para casos de derechos humanos.

 Hay responsabilidades: las empresas petroleras Repsol/Nomeco, Petroriental y Petroamazonas tienen responsabilidad por su presencia en estos territorios. El Presidente tiene responsabilidad por devaluar los instrumentos que protegen a estos pueblos.[2] Tiene responsabilidad la justicia ecuatoriana que desechó la acción por genocidio interpuesta por la CONAIE el 29 de marzo del 2011 contra el Presidente de República, advirtiendo que su política extractivista provocaría la muerte de los pueblos no contactados.

 Tiene responsabilidad el Ministerio del Interior, a quien encargaron la solución del conflicto, y la tienen quienes plantearon la intención de propiciar un contacto con los Pueblos Aislados a través de los mismos Waorani, grupo étnico con quien rivalizan los Taromenane, exacerbando de antemano el conflicto.[3]

 Tiene responsabilidad el Ministerio de Justicia por su inoperancia ante la obligación de coordinar la ejecución de las medidas cautelares y otras resoluciones originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, evitando enfrentar el hecho de que es la presencia de las petroleras la que provoca la crisis de los Derechos Humanos. Vale recordar que el instrumento de las Naciones Unidas para pueblos aislados o de reciente contacto propone que “Se deben prohibir y revocar inmediatamente, allí donde los haya, los contratos de concesión con fines extractivos superpuestos a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, y reasentar en otras zonas a las personas ajenas que se encuentren en dichos territorios.[4]”

 Tienen responsabilidad los Waorani que mientras vivan dependientes de las petroleras renuncian a gran parte de sus lazos culturales y han incrementado sus acciones de venganza.

 Ante el cúmulo de responsabilidades, no puede haber impunidad. Se requiere empezar por cambiar las condiciones estructurales del conflicto y éstas son las políticas extractivistas en el territorio de estos pueblos.  

 Ecuador está de luto, ha perdido a indígenas Taromenane y Waorani y con ésta pérdida no solo se apagan sus vidas sino lo que representan: una propuesta de vida en donde “Bailar, pescar, jugar, dormir y celebrar ceremonias ocupaban la mayor parte de su tiempo”. No son solamente pueblos guerreros, son pueblos que necesitan territorio, paz y tranquilidad para realizar su vida en la selva.

La propuesta de no explotar el crudo del subsuelo del Yasuní ha tenido siempre como argumento central la necesidad de proteger un territorio y garantizar la vida de estos pueblos. Es el momento de iniciar el retiro de las operaciones petroleras que actualmente hay dentro del Yasuní. La meta es hacer del Yasuní un territorio libre para pueblos libres, recuperando la libertad de los pueblos que actualmente están secuestrados o amenazados en su existencia por las petroleras.

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[1]          “(…)hechos prefabricados, (…) hay una hipótesis de que no se trata realmente de pueblos no contactados, sino de movimientos, más políticos para evitar la explotación del petróleo”

http://www.agenciaecologista.info/petroleo/476-yasuni-hogar-de-pueblos-aislados

[2]          30 Marzo 2013:“Nosotros no vamos a aceptar medidas cautelares de la Comisión porque no tiene atribuciones para eso y continuamos y siempre aceptaremos las medidas cautelares de la Corte porque sí tiene atribuciones”

            Link: http://www.larepublica.ec/blog/politica/2013/03/30/correa-anuncia-que-no-acatara-medidas-cautelares-de-la-cidh/

[3]          “Debemos buscar, además, la construcción de interlocutores con los Tagaeri y Taromenane porque tenemos enormes dificultades. Nuestra tarea es intentar construir un interlocutor”

            Link: http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/estado-analiza-metodo-para-abordar-conflicto-indigena.html

[4]     http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C_19_2009_CRP10_es.doc