En el día de la madre tierra, saludamos a sus defensoras y defensores, criminalizados y amnistiados.

El día de hoy, la Comisión interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, y la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hacen un llamado a los estados a respetar y proteger a las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio, y a las empresas a respetar los derechos humanos en todas sus actividades, por el rol fundamental en la defensa del ambiente.

En respuesta de este reconocimiento, la Asamblea Nacional otorgó amnistías a defensoras y defensores de la naturaleza y sus territorios que habían sido criminalizados.

Nancy Simba es una de las 268 personas que recibieron amnistía el 10 de marzo 2022. Ella es una defensora de su territorio y la naturaleza, madre de familia, que ayuda además a su hermana con capacidades especiales, y líder social que ocupa la vicepresidencia de la comuna ancestral de La Toglla, a los pies del Cerro Ilaló, lugar con los más antiguos asentamientos humanos en el Ecuador. Su ubicación y clima privilegiado despertó la voracidad del sector inmobiliario. Nancy, junto con 57 procesados fueron criminalizados por presunto delito de ocupación, uso ilegal del suelo y tráfico de tierras en su propio territorio ancestral.

Un caso parecido es el de Don Homero de La Cruz, comunero de Valdivia en la Costa Ecuatoriana, donde también el sector inmobiliario lo criminalizó. La comuna de Valdivia es considerada como la cuna de la agricultura en el país, donde se han encontrado indicios de cultivo de plantas de 10.800 años de antigüedad, y es en ese territorio donde el Estado ha desconocido su ancestralidad, entregando escrituras a agentes privados. Don Homero murió en la clandestinidad víctima de COVID-19, y fue tardíamente amnistiado. 

“Hay madres y abuelas como Jovita Curipoma, quien considera que su lucha es por sus nietos y bisnietos, “ellos han de sufrir y dirán ‘no hubo nadie quien haya hecho algo por nosotros’, por eso lucho”. Hay defensoras de sus territorios que tuvieron que vender sus vaquitas para poder contratar a abogados que las defiendan, después de haber sido criminalizadas».

El grupo más grande fue de defensoras que enfrentan a empresas mineras, como doña Jovita Curipoma agricultora de 62 años, defensora de los páramos de Fierro Urco, criminalizada por abogados de la empresa Guayacán Gold; o Gabriela Fraga quién con su comunidad de La Merced de Buenos Aires, enfrentan a la minera Hanrine. Lo único que quieren las comunidades es continuar con sus actividades agrícolas y ganaderas, lo que no es posible si tienen que convivir con la minería.

Para don Víctor Guaillas defensor del agua, la amnistía llegó tarde. El estaba privado de la libertad y sin sentencia en firme por 15 meses, y fue asesinado en la masacre en la Penitenciaría de Guayaquil en noviembre 2021.

Defensores del Pueblo Shuar, que viven en lugares remotos, para salir de sus territorios deben alquilar avionetas o viajar por canoas varios días, se quedaron sin el beneficio de las amnistías porque no pudieron cumplir con los requisitos de ley.

“Aunque vivimos en un Estado constitucional de derechos, las personas que hacen uso de su derecho constitucional a la resistencia, de su obligación de defender los derechos de la naturaleza, son perseguidas continuamente”, porque en el Ecuador son sistemáticamente desconocidas las personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, a pesar de que en el país se reconoce el Derecho a la Resistencia.

Aunque se dio amnistías a 93 personas por defensa de derechos de la naturaleza, muchos otros criminalizados no fueron incluidas. Ya hay una lista de 60 defensores que esperan beneficiarse de un nuevo proceso de amnistías, incluyendo abogados defensores de defensores.

Al referirse al proceso previo al otorgamiento de amnistías, Nathalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica dice que dice que “hubo un meticuloso proceso de análisis de cada caso de judicialización, y visibilizó el modus operandi de los grandes intereses económicos, su estrategia es levantar falsas acusaciones contra las comunidades y personas que defienden la tierra, y llevar estas acusaciones a los sistemas de justicia, en un uso utilitario de la ley. Pero estas amnistías representan un éxito en la concreción de los Derechos de la Naturaleza consagrados en nuestra Constitución: que dicta que la Naturaleza tiene derecho a tener defensores”.

La noticia fue recibida con alborozo por las comunidades, quienes se mantuvieron en vigilia mientras duraron los debates parlamentarios que se extendieron hasta las 4 de la madrugada. Ellas no entendían por qué eran perseguidas, si lo único que hacían era defender su ojo de agua, su páramo, su bosque. A las afueras de la Asamblea Nacional, un grupo de defensores y organizaciones que participaron en el proceso, acompañaron todo el proceso.

Otra fue la reacción de los grupos de poder, pues desde su promulgación, iniciaron una campaña de desprestigio a las amnistías, contando con la colaboraron de los principales medios de comunicación. Es así como, un grupo de personas presentaron una acción de protección y medidas cautelares en contra del órgano legislativo por conceder las amnistías, cuyo objetivo es que las amnistías no tomen curso y no se concreten. Otro colectivo presentó una demanda de inconstitucionalidad. Entre los accionantes se incluye ex funcionarios de las Cámaras de Comercio de Quito y de Turismo.

El propio presidente de la República manifestó su ‘indignación’ ante las amnistías otorgadas por la Asamblea y aseguró que hará todo lo necesario para evitar que se consume esa ‘injusticia’.

Pero ha habido también apoyos del exterior. El 6 de abril del 2022, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, emitió un pronunciamiento en respaldo a las amnistías donde reconoce la amnistía como un acto del Estado ecuatoriano dirigido a implementar una política efectiva de reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país y cesar su criminalización; y hace un llamado a las autoridades ecuatorianas a actuar conforme al derecho nacional e internacional, y a continuar tomando las medidas necesarias para implementar una efectiva política de reconocimiento y protección de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador.

Se sumó al apoyo Mary Lawlor, Relatora Especial de Defensores de Derechos Humanos, quien dijo “Este mes, tras un trabajo increíble de la sociedad civil ecuatoriana, 268 personas defensoras perseguidas injustamente recibieron una amnistía de la Asamblea Ecuador. Cuando existe voluntad política, ¡sí, se puede poner fin a los ataques contra las personas defensoras!, y añadió que “las acciones abusivas presentadas contra las personas defensoras en los tribunales civiles, como la acción interpuesta contra los cuatro defensores en la provincia de Esmeraldas por la empresa Energy & Palma, también deben ser desestimadas”.

Refiriéndose a 4 comuneros que deben pagar a la empresa una suma exorbitante de dinero, por supuestos daños a la empresa.

LA MADRE TIERRA TIENE DERECHO DE SER DEFENDIDA