Empresa China ECSA, viola los derechos de dos adultas mayores en el proyecto minero mirador.

Denunciamos que hoy, 26 de abril de 2022, Rosa Sánchez y Aurelio Morocho, dos personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, fueron desalojadas de su propiedad ubicada en la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador – CASCOMI, parroquia Tundayme, en la provincia de Zamora Chinchipe, con el objetivo de dar paso a las actividades de la empresa minera Ecuacorriente S.A. – ECSA, propietaria del proyecto Mirador, anunciado desde el Ejecutivo como el proyecto megaminero más avanzado del país. En el desalojo intervinieron uniformados que, según denuncias de las personas afectadas, actuaron por una orden emitida desde la Gobernación y firmada por el representante de la Intendencia General de Policía de esa provincia.

Los desalojos para ampliar la frontera extractiva se justifican en la Ley Minera a través de las Servidumbres, que en su artículo 100 contempla la ocupación de territorios “en toda la extensión requerida por las instalaciones y construcciones propias de la actividad minera”. Estos desalojos en Tundayme no son recientes, se produjeron con más violencia desde el año 2014, esto ante la negativa de las y los comuneros de abandonar sus casas y fincas, ya que en el año 2000 iniciaron varias formas de despojo en ese territorio. Además de ser violentos por el uso de la fuerza pública y con guardias de la empresa ECSA, quienes son responsables de las agresiones físicas, intimidación, represión, acoso sexual a las mujeres y destrucción de casas. Y a la fecha, la situación de las familias desalojadas que suman aproximadamente 30, es grave, se encuentran en situación de vulnerabilidad porque perdieron sus medios de vida, su seguridad económica y tienen que vivir lejos de sus seres queridos. Se han presentado conflictos familiares y ha crecido el índice de violencia y alcoholismo.

Con el pretexto o excusa de la utilidad pública se han privatizando y concesionado bienes públicos que pasan a funcionar de acuerdo a los intereses privados, mientras el papel del Estado se reduce prácticamente a darles permisos y facilitarles la operación de los proyectos mineros, sin tomar en cuenta los daños en la naturaleza y la destrucción y fragmentación de las relaciones sociales.

Los proyectos mineros han logrado instalar en el imaginario de la sociedad y de las instituciones de control y regulación que, si las empresas mineras ganan, todo el mundo gana. Además de que la manera de alcanzar el «progreso» o «desarrollo» es explotando la naturaleza y a la gente. Y lo más grave es que los daños son a perpetuidad e irreversibles. No se puede recuperar un río contaminado, ni se pueden recuperar las especies de toda clase de fauna, flora y los lugares sagrados ni la cultura.

Sabemos que los «beneficios» de la explotación minero-energética queda en pocas manos, mientras que la destrucción se queda en los territorios. La concentración del poder político y económico de los empresarios afines a los gobiernos anteriores y de Guillermo Lasso generan un proceso de despojo de derechos como en el caso de Rosa y Aurelio.

Exigimos que se garanticen los derechos de Rosa y Aurelio, quienes en días anteriores denunciaron el miedo que sienten ante su eminente desalojo, dijeron que temen por sus vidas y por la difícil situación en la se encuentran las familias que han sido desalojadas anteriormente. Las familias de la zona de influencia del proyecto Mirador son víctimas de constantes abusos, amenazas y hostigamientos por parte de la empresa minera ECSA. Existen además irregularidades en cuanto al esclarecimiento de las muertes producidas en el contexto de la oposición al proyecto. Por ende, exigimos al Estado que paren las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza por las actividades de los proyectos mineros, y que se priorice la vida y la seguridad de las personas afectadas, quienes tienen el derecho a una vida digna y en su territorio.

RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO ECUATORIANO POR LA VIDA DE LAS DOS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUIENES DURANTE AÑOS HAN SIDO VÍCTIMAS DE AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA ECSA.