EL CHOCÓ ANDINO SIGUE EN PELIGRO
Gobierno ecuatoriano incumple la Consulta Popular que declaró a las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto libres de minería metálica.
A seis meses del plebiscito en donde se consultó a la población del Distrito Metropolitano de Quito si quería o no actividades mineras en el noroccidente de Pichincha, el futuro aún es incierto, debido a que se no se respeta la voluntad popular y se siguen vulnerando derechos.
El sí a la vida
La Consulta Popular realizada el 20 de agosto de 2023, compuesta por cuatro preguntas, todas ellas orientadas a la prohibición de la minería metálica dentro de Chocó Andino de Quito, obtuvo un respaldo contundente con más del 65% de los votos a favor. Esta consulta, se asienta en la premisa de conservar y salvaguardar este territorio crucial para la biodiversidad y el desarrollo ecológico de sus comunidades.
La resolución proferida por la Corte Constitucional a principios de 2023, en relación con el resultado esta Consulta Popular, emite una orden a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) para depurar del catastro minero aquellas concesiones carentes de los documentos legales requeridos, además de abstenerse de registrar nuevas concesiones en las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. En el presente, estas disposiciones afectan al menos a seis concesiones en trámite en el Chocó Andino, las cuales, tras el respaldo mayoritario a la consulta popular, se ven imposibilitadas de obtener aprobación o inclusión en el registro del catastro minero.
La minería ilegal sigue
El Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza denunció que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), aproximadamente desde el 11 de febrero del presente, comenzó el proceso de participación ciudadana para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la concesión minera La Melina, ubicada en la parroquia Pacto, provincia de Pichincha.
La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha cuestionado este proceso, argumentando que el plazo de 14 días para revisar documentación técnica compleja es insuficiente y que no se están cumpliendo los lineamientos de la Corte Constitucional emitidos a principios de 2023.
De igual forma, la Secretaría de Ambiente de Quito, en el Oficio Nro. GADDMQ-SA-2024-0303-O del 16 de febrero, destaca que la regulación del uso del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito es competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado. En este sentido, se determina que los predios en la parroquia de Pacto y otras de la Mancomunidad del Chocó Andino no tienen asignado el uso de suelo «Recurso Natural No Renovable», necesario para actividades mineras. Sugiere considerar este factor en el proceso de licenciamiento ambiental de la concesión minera La Melina, debido al posible conflicto social que generaría en Pacto y la Mancomunidad del Chocó Andino. Además, solicita al MAATE pronunciarse sobre los resultados de la Consulta Popular de agosto de 2023.
Mientras que el 19 de febrero, el GAD Parroquial de Pacto emitió un comunicado, instando a proteger el ecosistema y solicita a las autoridades competentes pronunciarse sobre la legalidad de las actividades mineras en el territorio.
El MAATE y la empresa ECUAMIN S.A. propietaria de la concesión La Melina, programaron una Asamblea de Presentación Pública para el lunes 19 de febrero de 2024, pero fue suspendida por el MAATE con el siguiente argumento (Oficio Nro. MAATE-DRA-2024-0200-0): “En vista de los Decretos de estado de excepción y conflicto armado interno emitidos por la Presidencia de la República, y con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de todos los involucrados en los procesos de participación ciudadana, se anula el documento Oficio Nro. MAATE-DRA-2024-0005-0, del 4 de enero de 2024, relacionado con la asignación de facilitador ambiental”.
Por otro lado, se destaca que la mina Melina sigue operando sin licencia ambiental por más de 20 años, mientras que los pobladores de Pacto esperan desde hace 1 año y 8 meses una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha sobre una Acción de Protección pendiente, que presentaron por las constantes vulneraciones a los derechos humanos y de la Naturaleza.
¿Qué está en peligro?
La Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha es un santuario natural que alberga una amplia variedad de vida. Más de 30 especies grandes de animales, como el oso de anteojos y los tigrillos, llaman a este lugar su hogar, mientras que más de 1900 especies de plantas añaden color y vitalidad a su paisaje. Estos bosques no solo protegen a cientos de personas de desastres naturales, sino que también son el sustento de actividades económicas como el turismo y la ganadería, proporcionando seguridad alimentaria para la región.
Además de su importancia ecológica, es una fuente vital de recursos para la población local, produciendo una gran variedad de alimentos, desde frutas tropicales hasta café de exportación, y los visitantes pueden maravillarse con la belleza de sus cascadas y ríos.
Este lugar también tiene un rico legado cultural, con vestigios de antiguas civilizaciones como los Yumbos, que habitaron la zona desde el año 800 D.C. Su herencia se refleja en los caminos antiguos, las historias de seres mitológicos y las tradiciones culinarias que aún perduran.
La gestión de este valioso territorio ha sido objeto de diversas estrategias para promover su conservación y desarrollo sostenible. Desde la creación de Áreas de Conservación y Uso Sustentable hasta la implementación de corredores ecológicos para proteger especies emblemáticas como el oso andino, se han tomado medidas para preservar este tesoro natural.
El reconocimiento más reciente de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha por parte de la UNESCO en 2019 destaca la importancia de estos esfuerzos de conservación. Sin embargo, la amenaza de la minería plantea desafíos ambientales que deben abordarse de manera urgente para proteger este valioso ecosistema y las cuencas hidrográficas.
Solicitud a las autoridades
Acción Ecológica hace un llamado a la Corte Constitucional para iniciar una etapa de supervisión y asegurar el cumplimiento del mandato popular que prohíbe la minería metálica en el Chocó Andino de Quito. Asimismo, insta a la apertura de procesos para determinar responsabilidades y, de ser necesario, la destitución de cualquier funcionario público que intente omitir los resultados de la Consulta Popular, la cual constituye un pronunciamiento de cumplimiento obligatorio e inmediato. De igual forma, a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR)que depure el catastro minero y se abstenga de registrar más concesiones mineras y en esta zona.