Uno de los grandes fracasos socioecológicos de la década ganada/perdida ha sido la gestión de residuos sólidos. Con un proyecto de gobierno que equiparó el “buen vivir” con el incremento de la capacidad de consumo, la crisis de la basura, lejos de resolverse durante los años del gobierno del presidente Correa, alcanzaría su boom.
Podemos decir que se trató de una crisis doble, cuantitativa en tanto Ecuador pasó de producir 58.000 toneladas por semana en 2008 a 72.900 toneladas por semana en 2015; y cualitativa, debido a la reducción de la fracción orgánica de los residuos y el sustancial incremento de residuos electrónicos y eléctricos (basura tecnológica), materiales inorgánicos y peligrosos. Es así que durante la década correísta, uno a uno los vertederos a cielo abierto empezarían a saturarse dejando a más de la mitad de cantones del país en situación de emergencia sanitaria.
Si bien la Gestión de Residuos Sólidos es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs), el Ministerio del Ambiente (MAE) es la instancia rectora. Del total de residuos que se producen semanalmente en el país, sólo el 19,1% se dispone en condiciones adecuadas; el porcentaje restante se distribuye en vertederos controlados, botaderos a cielo abierto e incluso ríos y quebradas. Es importante además mencionar que estos sistemas se ubican en parroquias y comunidades pobres, por lo general indígenas, que deben amortiguar los impactos sociales, ecológicos y de salud.
Así también, el 45,5% de municipios refiere la presencia de recicladores informales, y se estima que el porcentaje total de reciclaje es del 8% (correspondiente a 5.800 toneladas semanales aproximadamente). El 85% del reciclaje es realizado por actores informales que trabajan en condiciones sumamente precarias, sin derechos laborales, salario, seguridad social ni acceso a programas de salud laboral.
Si bien en el año 2010 el Ministerio del Ambiente creó el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), su meta estableció que a 2014 un 70% de la población del Ecuador debería disponer sus desechos en un relleno sanitario. Además de que esto nunca sucedió y la meta se postergó al 2017, apostar por la construcción de cientos de Rellenos Sanitarios en lugar de optar por la implementación de una política nacional de “Basura Cero”, es mucho más que un error de buena fe.
En la actualidad, la producción nacional de residuos ha aumentado mientras la cantidad de material recuperado y reciclado se ha reducido. Muchos recicladores y recicladoras han sido desplazados por rellenos sanitarios y las comunidades vecinas a sistemas de disposición final continúan amortiguando los impactos.
La crisis sanitaria que vivió Quito, primero con el colapso de la escombrera que dejaría sin agua a decenas de barrios en la ciudad y luego, con la incapacidad de resolver la recolección de residuos aduciendo a una flota de camiones recolectores averiados, no es sino el espejo de un progresivo colapso nacional, frente a la inexistencia de políticas estructurales. El fracaso de las políticas ecológicas del gobierno del presidente Correa se refleja hoy en la incapacidad de los GADs para resolver la expresión final de un modelo extractivista, depredador de la naturaleza y que se sostiene en relaciones de poder opresivas e inequitativas.
En América Latina existen, sin embargo, experiencias emblemáticas que están buscando cambiar las lógicas de extracción, producción y consumo, que apuestan por economías circulares, familiares y comunitarias, que buscan regresar a los envases retornables, prohibir materiales nocivos como el polietileno, establecer políticas de responsabilidad extendida al productor, tasas diferenciales de cobro, compostaje domiciliario, fortalecimiento de las redes de recicladores de base, con miras a llegar a un ideal de justicia social y ecológica. Por ejemplo la ciudad de Rosario (Argentina) eliminó la mayor parte de las bolsas plásticas usadas en las compras, la ciudad de La Pintana (Chile) avanzó en la recuperación total de residuos orgánicos, la ciudad de Bogotá (Colombia) legalizó e incluso remunera a los recicladores de base. Son experiencias parciales, imperfectas, pero que demuestran que existen alternativas más allá de construir Rellenos Sanitarios.
Lamentablemente, el de los desechos es un tema más en el que el presidente Moreno, en lugar de encontrar la mesa servida, deberá lavar los platos sucios.
María Fernanda Solíz
Acción Ecológica/ GAIA/Universidad Andina Simón Bolívar
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