DESALOJAN A RECICLADORES DEL BASURAL DE PORTOVIEJO

El cantón Portoviejo ha tenido, a lo largo de cinco décadas, un basural a cielo abierto en el que trabajan alrededor de 200 familias recicladoras. Durante tres y cuatro generaciones, estas familias han sobrevivido a través de recuperar, clasificar y comercializar residuos, rescatando aproximadamente 20 toneladas diarias de las 300 toneladas de residuos domésticos, industriales, fabriles e incluso hospitalarios, que llegaban mezclados y se disponían a cielo abierto.

Pese a no tener ningún apoyo Estatal con una política pública para regulación y reconocimiento laboral, trabajando en situaciones precarias, sin acceso a tecnología y en condiciones laborales y de salud denigrantes, la Asociación de Recicladores y recicladoras 17 de septiembre, conformada por 120 socios y socias, ha logrado ir contracorriente de un sistema que fetichiza el consumo y sostiene un importante proceso de recuperación y reciclaje de residuos. Este proceso es, por un lado, determinante de la supervivencia de las familias del barrio urbano-marginal Los Cañonazos (ubicado debajo del vertedero a cielo abierto) y por otro lado, representa importantes beneficios ecológicos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, materia prima recuperada, y mitigación de los impactos generados por el enterramiento de residuos.

Sabemos que en el Ecuador y el mundo, son las personas que fueron expulsadas de la lógica hegemónica capitalista -más aún con la intensificación de políticas neoliberales-, quienes han debido insertarse en la economía del reciclaje de residuos durante décadas, realizando un trabajo invisible: el de la limpieza del espacio público y el de la recuperación de los materiales desechados por un sistema que se funda en la exacerbación del consumo, la obsolescencia y el derroche. Sabemos también que estas comunidades además de sufrir los procesos de explotación laboral -dado que el sistema considera su trabajo como “informal o irregular”-, sufren además la negación de los derechos políticos, sociales, y económicos más elementales como el derecho a la participación en el sistema de gestión de residuos, a servicios básicos como agua potable (en el barrio los Cañonazos cada familia gasta un promedio de 15 dólares semanales por agua de tanquero, que no es agua potable ni agua segura), alcantarillado, vivienda, propiedad y regularización de sus tierras, etc.

La tendencia nacional y global, ha sido transitar desde verteros a cielo abierto hacia rellenos sanitarios y en esta transición, eliminar a recicladores y recicladoras por considerarlos una amenaza a la salud colectiva, un problema estético o de seguridad pública. Es en esta línea, que la “fe” en el relleno sanitario como alternativa salvadora a la crisis de la basura, ha sido directamente responsable de la desaparición de cientos de familias recicladoras desde inicios del 2000 (Quito y Guayaquil serían los primeros casos).

Durante los últimos meses, el municipio de Portoviejo, ha iniciado una transición para que algunos recicladores puedan incorporarse a un proyecto piloto de reciclaje domiciliario en un barrio elegido como experiencia inicial, decidiendo finalmente impedir el ingreso de los y las recicladores al vertedero municipal desde el 20 de febrero de 2017.

Frente a varias preocupaciones y denuncias de familias recicladoras que están siendo excluidas del proceso, consideramos fundamental poner en evidencia que si bien existen pronunciamientos de voluntad política para la inclusión de los y las recicladores en un proceso de recolección domiciliaria, este proceso requiere que la participación de este gremio sea considerada con carácter vinculante y que se incorpore a todas las familias recicladoras, agenciando condiciones materiales y reales para que los y las recicladores puedan continuar su trabajo, de otra manera, serán al menos 200 familias que perderán su única alternativa laboral. Las demandas esenciales de la Asociación de Recicladores se centran en la necesidad de que el municipio considere e implemente “centros verdes” para el acopio del material recuperado y que pueda dotar a los y las recicladores, a través de su asociación, de triciclos para el traslado de los materiales.

Consideramos que es urgente la construcción de una ordenanza municipal de BASURA CERO que, desde un enfoque territorializado, establezca tarifas de cobro diferenciado especialmente para sectores industriales, comerciales y hospitalarios, responsabilidades extendidas a los productores, plena participación, legalidad y legitimidad de los gremios y asociaciones de recicladores, regulaciones en torno a materiales nocivos que deberán ser prohibidos, compostaje domiciliario, incentivos a la reutilización de envases. Pero sobre todo que asegure condiciones materiales concretas para que los y las recicladores puedan sostener su trabajo de recuperación y reciclaje, por el que además, debería considerarse una remuneración como lo ha establecido el municipio de Bogotá que contempla pagos por tonelada de material recuperado. Sin estos compromisos, este sector históricamente excluido, una vez más será expulsado del sistema y marginalizado. Estaremos vigilantes.

ACCIÓN ECOLÓGICA

Más información: desechos@accionecologica.org

Si desea conocer más sobre el concepto de BASURA CERO y los problemas asociados a los desechos puede consultar aquí https://www.accionecologica.org/desechos