DECLARACION DE MORASPUNGO

RED DE ECOLOGISTAS POPULARES

EXIGE EL PLENO EJERCICIO

DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y ENERGETICA DEL PAIS

Considerando:

Desde la colonia, durante toda la era republicana, pero sobre todo ahora, que el sistema capitalista ha conducido a una concentración inédita del poder económico internacional alrededor de la industria de la construcción de infraestructura, alimentaria, farmacéutica, minera, hidrocarburífera, nuestra supervivencia como pueblo andino amazónico, está bajo una grave amenaza.

El modelo de desarrollo basado en la explotación del ser humano y la naturaleza, se ha impuesto con el fin de garantizar un solo objetivo: tener mayor rédito económico, en el menor tiempo posible, y a cualquier costo, lo que ha generado a lo largo de nuestra historia saqueo, empobrecimiento, marginación.

Ahora el mito del desarrollo y del crecimiento económico se reedita con el discurso del “fin de la larga noche neoliberal¨, sin que en la propuesta de la recuperación de la patria haya una modificación estructural de ese modelo propio del capitalismo.

Se pretende inaugurar un cambio de época, convirtiendo al Ecuador en un país minero, sembrado de hidroeléctricas, cubriendo de plantaciones forestales, monocultivos y agrocombustibles, los campos de la costa, sierra y amazonía, ampliando la frontera petrolera, arrebatando a las comunidades indígenas, campesinas y negras, su patrimonio natural del que depende su vida y su cultura, y permite proveer de alimentos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Con todo esto se perpetúa un estado protector de intereses privados, tanto nacionales como internacionales.

Por otro lado, se está impulsando y ejecutando el proyecto llamado IIRSA que garantiza un encuentro comercial entre las transnacionales de China y Brasil, sin beneficio de inventario para las comunidades, pueblos y nacionalidades de nuestro país, sin hacer efectiva la activa participación social de los ecuatorianos en estas decisiones, y sobre todo agravando la imposición de un modelo que atenta contra la soberanía alimentaria de nuestras poblaciones.

Frente a esta realidad

Exigimos, como primer punto central de nuestra causa, el ejercicio pleno de la soberanía, y la autodeterminación de nuestro pueblo, más aún ahora dentro del marco del proceso constituyente que vivimos.

Defendemos el principio de la soberanía alimentaria, como el derecho de los pueblos a decidir sobre la producción, distribución y consumo de sus alimentos, y la comercialización de excedentes sólo una vez que se hayan garantizado las necesidades locales; el acceso y control del territorio, del agua, de sus sistema de conocimientos, bajo un patrón culturalmente adecuado y respetuoso del ambiente. Esta propuesta se inspira en las propuestas agro-ecológicas y en el conocimiento ancestral de los campesinos e indígenas, que promueven una agricultura diversa, sin usos de agrotóxicos y autosuficiente, de tal manera de adquirir autonomía alimentaria frente al mundo.

La subida de los precios de los alimentos a nivel mundial han tenido una influencia directa sobre los precios de la canasta básica, lo que confirma que la única salida para el país es romper con esa dependencia frente el sistema mundial alimentario.

Defendemos la soberanía energética, que permita el auto-abastecimiento de energía para las demandas locales, en función de las necesidades, y el proyecto de desarrollo diseñado y ejecutado por los pueblos y nacionalidades, a través del uso de fuentes renovables, sin que esto perjudique de ninguna forma el uso de dichas fuentes para garantizar la soberanía alimentaria.

En términos concretos exigimos a la Asamblea Nacional Constituyente y al Gobierno Nacional

1. El pleno cumplimiento del mandato minero en relación a la extinción de concesiones mineras. Se ha avanzado en este proceso de recuperación de la soberanía al haber revertido gran parte de las concesiones mineras, sin embargo muchas de ellas se han ratificado injustificadamente, sin atender al mandato y específicamente al artículo 3, que permitiría la reversión de todas.
2. Por otro lado, se mantiene un régimen de concesiones hídricas perverso, por lo que exigimos la reversión de las concesiones hídricas para hidroeléctricas que se han dado sin consulta y que han generado graves consecuencias sociales.
3. Que se consagre en la nueva Constitución política del país el derecho al consentimiento previo informado, con derecho a veto, frente a cualquier proyecto que pudiera afectar los derechos ambientales, económicos y sociales de la población.
4. Exigimos la anulación del decreto ejecutivo 391 por el cual se pretende aplicar el “plan nacional de forestación y reforestación” que prevé la plantación de 750 mil has. de monocultivos de pinos y eucaliptos, provocando graves afectaciones a bosques tropicales y páramos, el cambio de uso de suelos y el desplazamiento de comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas, además de poner a disposición de los madereros 4 millones de has. de bosques nativos, para su explotación.
5. Exigimos que se anule el decreto ministerial 3-10 publicado en el registro oficial N. 317 que deja sin protección a los bosques primarios, secundarios, bosques estatales y bosques protectores privados para dar paso a la explotación forestal en las provincias de Loja y Zamora.
6. Descartar el proyecto de agrocombustibles en el país, para dar prioridad a la producción de alimentos para consumo humano.
7. Garantizar los plenos derechos de las poblaciones afectadas por la actividad petrolera, hidroeléctrica, plantaciones forestales, camaronera, y cualquier otra, para recibir una reparación integral de las consecuencias sociales, ambientales, y culturales que estas empresas han generado sobre dichas poblaciones.
8. Exigimos la no ampliación de la frontera petrolera hacia el centro sur amazónico y mar territorial, y apoyamos la iniciativa gubernamental para mantener el petróleo bajo tierra, con la iniciativa Yasuni ITT.
9. Demandamos una moratoria a la explotación forestal industrial de los bosques tropicales a nivel nacional y proponemos la revisión del plan agrícola y forestal, con participación de los campesinos e indígenas usuarios de los bosques tropicales del Ecuador.

Nos ratificamos en la demanda inclaudicable de declarar al país ecológico, plurinacional, y libre de minería industrial a mediana y gran escala.

Convocamos a una movilización nacional el día primero de mayo, con la consigna de la confluencia de todas las luchas, contra la explotación del ser humano y de la naturaleza.

Apoyamos el proceso de unidad nacional de los pueblos, y nos convocamos a la asamblea de los pueblos en Riobamba, el 3 de mayo del 2008

Moraspungo, 27 de abril del 2008