Decir No a la minería en Quito también es luchar contra el cambio climático

Este 27 de febrero, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) presentó el informe de evaluación del Grupo de Trabajo 2[1] sobre “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”, en el que señala que, con evidencia científica acumulada e inequívoca, cerca de 4.000 millones de personas, sobre todo del Sur Global se encuentran en situación de vulnerabilidad creciente debido a las constantes crisis del clima y sus consecuencias. El documento final, negociado línea por línea, fue aprobado tras dos semanas de intensas disputas entre los países del Norte, los países del Sur y el equipo que elaboró el informe.

El último Informe del IPCC es enfático en señalar que el cambio climático “ejercerá cada vez más presión sobre la producción y el acceso a los alimentos, especialmente en regiones vulnerables, socavando la seguridad alimentaria y la nutrición”. El aumento de la frecuencia, intensidad y gravedad de las sequías, así como las inundaciones, las olas de calor y la continua subida del nivel del mar, aumentarán los riesgos para la seguridad alimentaria”. América Central y del Sur están entre las regiones con mayor riesgo de sufrir estos impactos.

También asegura que los fenómenos climáticos extremos “aumentarán significativamente la mala salud y las muertes prematuras a corto y largo plazo”. Habrá un severo aumento de “enfermedades transmitidas por alimentos, agua y vectores”, lo que podría poner en riesgo a miles de millones de personas para el final de la década. Los niños, las niñas, adolescentes, ancianos y personas con problemas de salud subyacentes serán quienes enfrenten mayores afectaciones.

Desplazamientos forzados, daños a la infraestructura, pérdida de biodiversidad, y sobre todo escasez de agua, entre muchos otros problemas, serán noticia frecuente en las próximas décadas.

Ante este escenario, el sentido común señala la necesidad de acabar con el problema en la fuente. Esto es empezar a dejar los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en el subsuelo, detener los proyectos mineros, además de proteger los bosques, cuidar la biodiversidad agrícola y silvestre, proteger el agua; priorizar la agricultura campesina y garantizar el derecho de los pueblos a defender los territorios. Sin embargo,las políticas públicas que impulsa el Gobierno van en sentido contrario: pretende duplicar la extracción de petróleo, promueve la expansión de los agronegocios, la construcción de megainfraestructuras y la ampliación de la frontera minera con efectos devastadores en las tierras agrícolas, los bosques, páramos y ríos.

Está claro que las 26 Cumbres sobre Cambio Climático sucedidas desde 1995, no han logrado ningún acuerdo para enfrentar con seriedad el calentamiento global. Por el contrario, se convirtieron en espacios abiertos al cabildeo y las presiones corporativas, que consiguieron desviar las respuestas al problema climático hacia falsas soluciones de mercado o medidas tecnológicas peligrosas, que agravarán el problema. En la COP26, realizada en Glasgow en noviembre de 2021, esto se hizo evidente con la lluvia de declaraciones para alcanzar la meta de “Emisiones Netas Cero”, a través del mercados de compensaciones o de tecnologías de alto riesgo como la “captura y almacenamiento de carbono”, REDD+ o las mal llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, expresiones del capitalismo verde, que perpetúa la crisis climática mientras se profundizan las vulneraciones de derechos de los pueblos y de la naturaleza.

Son los territorios, los espacios comunitarios, los barrios en las ciudades, donde surgen las verdaderas respuestas ante el calentamiento global, basadas en cuidar y defender las fuentes que sostienen la vida. Las huellas de la campaña para defender el Yasuní del petróleo siguen siendo semilla para nuevas luchas forjadas en estos años frente a la locura extractivista y de devastación.

Hoy podemos volver a conjugar la defensa de la vida en clave de participación social, a través de la consulta popular para proteger de la minería a los bosques, ríos y biodiversidad del Noroccidente de Quito[2]. La minería agrava el cambio climático de muchas maneras[3], principalmente por la deforestación, el uso de maquinaria que consume petróleo y derivados, y acrecienta los daños sobre los sistemas vinculados al agua, a la fertilidad de los suelos.

Por eso, defender a un #QuitoSinMIneria es luchar también frente a la crisis climática.

ACCIÓN ECOLÓGICA
1 de marzo de 2022

[1] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Cambio Climático 2022 sobre “Impactos, adaptación y Vulnerabilidad” como contribución al 6to Informe de Evaluación. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

[2] https://www.facebook.com/quitosinmineria

[3] Ver: https://www.accionecologica.org/mineria-y-cambio-climatico/