Da el gobierno un ultimátum a ONGs para su regularización
Argenpress . El gobierno ecuatoriano dio un ultimátum a las más de 40.000 organizaciones no gubernamentales (ONGs) que operan en el país, con la finalidad de que se acrediten legalmente y presenten la documentación sobre sus responsabilidades. La ministra ecuatoriana de Inclusión Económica y Social, Jeannette Sánchez, aseguró que de esas 40.000 ONGs, sólo 8.597 tienen un registro actualizado de ingresos y egresos ante los diferentes ministerios.
Sánchez concedió como plazo hasta el 20 de abril para que todas estas organizaciones se acrediten de manera legal, sin embargo descartó que se trate de una persecución, como lo mencionó la organización ambientalista Acción Ecológica, a quien el gobierno le quitó la personería jurídica.
El gobierno de Ecuador restableció de manera provisional la personería jurídica a Acción Ecológica, después de que el pasado 9 de marzo le retiró el permiso de funcionamiento al argumentar que el grupo no cumplía con los objetivos para los cuales fue creado y porque no coordinaba sus acciones con las del Gobierno.
La presidenta de la ONG ecologista, Ivonne Ramos, señaló que el Ministerio de Salud, bajo el cual quedaba la administración de la agrupación, restableció provisionalmente la personería jurídica hasta que se resuelva el recurso presentado por Acción Ecológica.
Para algunos sectores, la decisión del gobierno respondió a la activa oposición que Acción Ecológica mantuvo ante la aprobación de la nueva ley minera en el país, que según los activistas favorece a las grandes transnacionales y pone en peligro el medio ambiente y las fuentes de agua.
Ante las numerosas muestras de solidaridad con Acción Ecológica, muchas de ellas internacionales, la ministra de Salud, Caroline Chang, declaró que la medida no respondió a ninguna persecución, al explicar que el permiso debe ser otorgado por el Ministerio de Ambiente.
«No se trata de una persecución a ninguna organización, sino únicamente conocer cuál es el objetivo que cumplen en el país, algunas de ellas, con fondos del Estado», dijo la funcionaria al señalar que el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá cruzar información y determinar si la información tributaria que se entregó es correcta o no.
Jeannette Sánchez informó que 4.126 organizaciones concentran 98 por ciento de aquellas que reportan ingresos totales y que son a esas organizaciones a las cuales se les pide acreditar y confirmar su participación en concursos de fondos públicos.
La ministra de Inclusión Económica y Social dijo que el gobierno no entregará recursos económicos en función de convenios con el Estado, sino con base en el cumplimiento de criterios diferenciados.
De esta manera, indicó, todas las organizaciones que trabajen en el país andino deberán realizar su registro, caso contrario tendrán que sujetarse a las normas que determina la ley.
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