CORRUPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA EN LA CONSULTA

La primera pregunta de la consulta popular es sobre la corrupción.  Y no es para menos, los ecuatorianos y ecuatorianas vemos con estupor la serie de denuncias que se han ido destapando en relación a un gobierno que se declaraba, una y otra vez, de “manos limpias”.  

La corrupción es inherente a los sistemas económicos en donde el dinero tiene prioridad sobre lo social y lo ambiental.  Está ligada principalmente a grandes proyectos de infraestructura, ya sea petrolera, minera, hidroeléctrica, carreteras, puertos, aeropuertos y hasta en proyectos sociales, como educación, salud, o deportes.  La corrupción no se queda en el otorgamiento de licitaciones, implica la garantía de la implementación del proyecto a como dé lugar, aún cuando se trate de un elefante blanco y se imponga con violencia en los territorios.

Basta ver lo que ha pasado con la Refinería del Pacífico, largamente promocionada por la “revolución ciudadana” como su proyecto estrella.  Según declaraciones de Conceição Santos, ex representante de Odebrecht en Ecuador, esta empresa pagó más de 7 millones de dólares en coimas para obtener la licitación de la remoción de tierras en donde se construiría esa industria; y otro tanto para la construcción del acueducto de la Esperanza hasta el Aromo.  Ambos proyectos han sido  cuestionados además por los contratos complementarios que aumentaron abrumadoramente el costo final de los mismos, práctica histórica de Odebrecht.

Estas obras, que iniciaron sin las respectivas licencias ambientales, han significado el despojo de tierras a las comunas ancestrales de la zona, la destrucción de sus cultivos y de su dinámica comunitaria.  Así también la deforestación de los últimos bosques secos tropicales, únicos en el mundo,  con un gran valor en biodiversidad y especies endémicas.  Vale decir que estas obras se asentaron en tierras donde existían importantes vestigios arqueológicos y culturales parte de la historia del país.  La remoción de millones de metros cúbicos de tierra y rocas, y el uso de dinamita, han dejado un paisaje desolador; tanto como las graves denuncias de corrupción.  Otros casos denunciados por Odebrecht, en los que también constan millonarias coimas pagadas son el poliducto Pascuales-Cuenca, la central hidroeléctrica Manduriacu, y el proyecto Daule Vinces. 

Ya la Comisión Anti Corrupción había denunciado en el 2015 un sobreprecio en la construcción de la Central hidroeléctrica Manduriacu. La misma Comisión también denunció en el 2016, irregularidades en la compra del terreno en dónde se ubicaría la Refinería del Pacífico. Por otra parte según investigaciones de Acción Ecológica el proyecto multipropósito Baba-Quevedo y el trasvase Daule-Vinces, no sólo tienen graves sobreprecios, sino que fueron construidos a pesar de no existir suficientes caudales para su funcionamiento, razón por la cual, siguen sin operar a plenitud.

Conceição Santos, en sus declaraciones de septiembre del 2017, también hizo referencia a coimas por parte de las empresas chinas para obtener licitaciones con el Estado, habría entonces que investigar las adjudicaciones petroleras, mineras e hidroeléctricas, entre otras, otorgadas a estas empresas.  Las empresas chinas han construido la mayoría de los grandes proyectos multipropósito que el gobierno de Rafael Correa se empeñó en impulsar con un discurso de “energía limpia”. Pero al parecer no ha sido tan “limpia”.  Vale recordar que estos proyectos han sido entregados a dedo a las empresas de ese país, pues se realizan bajo el régimen de “excepción” es decir sin siquiera mediar un concurso público.

El Proyecto Multipropósito Chone fue impuesto con violencia contra familias campesinas y la zona fue militarizada para que la empresa china TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP LTD. inicie la construcción.  La represa inundó miles de hectáreas de suelos agrícolas.  En el caso de la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair, construido por la estatal china SINOHYDRO murieron 13 obreros por el derrumbe de un pozo de presión.  Las empresas chinas han sido señaladas permanentemente por casos de maltrato y malas condiciones laborales y negligencia socioambiental.  La corrupción en estos proyectos estaría relacionada además con la apropiación y control de caudales enteros de ríos, cuencas de drenaje y bosques por 30 a 50 años, produciendo desplazamientos, deforestación y desertificación, desvío y secamiento de ríos y pérdida de biodiversidad.

En el caso de las concesiones mineras, el gobierno firmó en el 2012 el primer contrato para la explotación de minería industrial a cielo abierto con la empresa china ECSA (consorcio entre la CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION (CRCC) y el grupo TONGLING NONFERROUS METALS).  La concesión del proyecto Mirador en la Cordillera de El Cóndor, se ubica en territorio indígena y tierras campesinas.  En este caso se dio también la criminalización de la resistencia al proyecto, el asesinato, aún no esclarecido, de dirigentes shuar antimineros y el violento desalojo de familias en Tundayme; el conflicto está aún pendiente de resolver.   Conflictos similares se han dado con la misma empresa en el proyecto minero Panantza San Carlos también en la Cordillera de El Cóndor y con la china JUNFIELD en el proyecto Río Blanco en Azuay. El desarrollo de proyectos mineros implica la remoción de enormes cantidades de tierra y rocas, uso de sustancias químicas tóxicas, alteración irreversible del medio social y natural y consumo intensivo de agua y energía.

Tomando en cuenta éstos y muchos otros casos, los impactos de la corrupción a los pueblos y la naturaleza, que constituyen un inmensa deuda ecológica, deben incluirse dentro de las sanciones establecidas en la consulta – y las reformas correspondientes -, así como la urgencia de una reparación integral.

Enfrentar la corrupción significa no repetir los errores cometidos al priorizar el dinero sobre lo social y ambiental, implica respetar los territorios y formas de vida de los pueblos, cuidar la naturaleza y fuentes de sustento, y promover la construcción colectiva del sumak kawsay, en su profundo significado,  para las actuales y futuras generaciones.

Esto espera la sociedad.

ACCIÓN ECOLÓGICA

Quito, 17 de octubre de 2017