Cooptación

El Universo , Simón Pachano spachano@yahoo.com, Seguramente trataba de hacer buena letra para mejorar sus notas, pero lo cierto es que la Ministra cometió varios errores de bulto al anular la personería jurídica de Acción Ecológica. Primero, se saltó olímpicamente el Estado de derecho y la seguridad jurídica cuando, sin respetar un solo procedimiento, decidió que esa organización debía desaparecer para siempre. Con ello demostró que los tiempos de la regalada gana no han pasado y que ahora ya son de todos. Segundo, reprobó el examen de admisión al curso elemental de administración pública cuando argumentó que lo hacía porque los temas que trata esa ONG no le corresponden a su Ministerio. Seguramente no estuvo por ahí algún asesor para decirle que, como secretarías del Ejecutivo que son los ministerios, todo se arreglaba con un oficio a su colega del Ambiente. Tercero, no se enteró de que la Ley de Minería es el tema más delicado y candente que tiene en este momento el Gobierno y que Acción Ecológica ha sido una pieza central en el debate. Nadie le dijo que lanzarse contra esta organización en este  momento sería interpretado como retaliación, represión, intolerancia y persecución política. Finalmente, no encontró algo mejor que acusar a sus integrantes de activismo político. Es obvio que nadie le dijo que en tiempos de revolución ciudadana la política debe estar en manos de la gente.

Todo esto, claro está, si se acepta que solamente fueron errores de la Ministra en su afán por mejorar las calificaciones. Pero no parece que esto haya sido tan simple o que se trate exclusivamente de traspiés personales. Es evidente que esa acción es la muestra de una concepción de fondo que predomina en el Gobierno y en los militantes de su partido. Es, para decirlo en pocas palabras, una idea de estatización y control de la participación ciudadana, o lo que se ha dado en llamar cooptación de las organizaciones.

Basta hacer un sencillo ejercicio de lucha contra la desmemoria y recordar que recientemente se desmanteló el Codenpe porque quien encabezaba esa institución mantenía una posición crítica y contraria a la política gubernamental en el tema indígena. La entidad encargada de canalizar las demandas de los pueblos indígenas hacia el Ejecutivo (y no las políticas de  este hacia ellos, que para eso están los ministerios), fue borrada del mapa cuando se salió de la línea oficial. Como para que no queden dudas de lo que se entiende por participación.

Y, para que queden menos dudas, hay que leer la Constitución. Ahí está escrito con hierro candente lo que se hizo evidente con la arremetida en contra de las dos entidades. Todas las disposiciones referidas a la participación, que son abundantes y repetitivas, conducen a su control por parte del Ejecutivo y de los gobiernos seccionales. No queda espacio para la iniciativa autónoma y espontánea. La democracia participativa, que iba a solucionar todos los problemas de la vieja democracia representativa, termina en la parte inferior de la página, allí donde el funcionario o la funcionaria obediente ponen su firma.