Controlar y despolitizar

Hoy. Por Alexandra Ayala Marín
Si no hubiera sido por la respuesta que dio su majestad y su boca grande a un reportero de televisión, quizás se podría haber creído que la eliminación de la personería jurídica de Acción Ecológica (AE) se debía a que, como sostiene el Acuerdo No. 0157 del Ministerio de Salud, del pasado 2 de marzo, esta ONG no cumplió con los objetivos y fines para los que fue creada. Pero resulta que AE, de visión y misión ambientalistas y de manifestaciones que nunca han dejado de provocar sorpresas, resistencias o sonrisas de aprobación o desacuerdo entre la ciudadanía, así como la oposición de algunos de los Gobiernos que han transitado el país en las dos últimas décadas, esta Acción Ecológica, digo, se ha ocupado, sobre todo, de investigar y actuar sobre los efectos en «las comunidades y pueblos afectados por la actividad petrolera, por los pesticidas y agrotóxicos usados en las plantaciones, por los intentos de la minería de establecer sus actividades en el país por el ingreso de transgénicos (…)», como expresaron en un comunicado público. Consecuente con sus objetivos, participó también de las intensas protestas callejeras y demás acciones, incluida huelga de hambre, que se desplegaron en diversos puntos del país contra la reciente Ley de Minería, gran proyecto correísta de pretendida asepsia ambiental. Entonces, la gran respuesta presidencial y televisada, no me sorprendió: «Se cerrarán las ONG que hacen política». Palabras más, o menos, he ahí el gran motivo: eliminan o suspenden la personería jurídica de AE como represalia por su oposición a esta ley.

AE ha sido, además, desde antes de estas protestas, la referencia de las acusaciones de RCD sobre el «ecologismo infantil» o todos los «infantilismos» que el presidente atribuye a las personas e instituciones que se muestran críticas, desde la izquierda, a algún proyecto de esta pretendida y pretenciosa «revolución ciudadana». ¿Qué «revolución», cuando se intenta negar la historia y las luchas de organizaciones sociales, cuna de movimientos fuertes y combativos contra los anteriores gobiernos corruptos y/o o represivos, y de cuyas acciones se benefició la candidatura inicial de Correa? ¿Qué «revolución», tratando de aniquilar al movimiento indígena, que tiene en la Conaie su máxima representación, y al ambientalista, que tiene en Acción Ecológica a una de sus más firmes y convencidas activistas? ¿Qué, cuando el Estado pretende monopolizar y controlar todo, aun las movilizaciones ciudadanas? ¿Cuál «revolución» que busca despolitizar las acciones sociales, como si no estuvieran insertas en relaciones de poder, sobre todo frente al Estado?

Detrás de esta decisión no está únicamente el objetivo de regular la permanencia de las 38 mil ONG en Ecuador y los $ 3 000 millones que manejan. Está un proyecto político de control estatal que busca, además, despolitizar los movimientos sociales que en algún momento pueden convertirse en contradictores del Gobierno. Si AE recupera su juridicidad, está ya «advertida». La ciudadanía también. Las urnas nos dan la palabra.

alexayalama@hoy.com.ec

Hora GMT: 14/Marzo/2009 – 05:09