Conflictos en torno a la minería

El Comercio.   El silenciamiento a la organización Acción Ecológica es una primera consecuencia de los disensos que el Gobierno ignoró al aprobar la ley.

Cuando el ‘Congresillo’ aprobó la Ley de Minas, los 50 asambleístas que apoyaron el proyecto desestimaron la posición de sectores sociales que exigían un debate nacional acerca de las posibles consecuencias humanas, sociales y ecológicas de la nueva regulación.

Quienes se oponen a la ley argumentan que la explotación a gran escala y a cielo abierto afectará gravemente la vida de los ecosistemas, destruirá la naturaleza, dejará sin agua a grandes zonas agrícolas y permitirá una mayor injerencia de ciertas empresas internacionales cuyos sistemas de trabajo han dejado graves secuelas en países vecinos.

Otras voces discrepan con esa posición y más bien expresan que los gestores del proyecto interpretaron adecuadamente la potencialidad de los recursos naturales al dictar una ley que producirá enormes beneficios para la economía nacional.

Aducen, además, que la normativa sí prevé la aplicación de rigurosas medidas para evitar la explotación en lugares patrimoniales y arqueológicos, fuentes de agua y reservas naturales.

El Régimen ha iniciado ya la promoción mundial de la oferta minera en el Ecuador y no está dispuesto a escuchar crítica alguna: como es usual, el Presidente de la República ha descalificado a todos los objetores y mantiene irrevocable la decisión de crear oportunidades para la inversión extranjera.

Si el Gobierno está convencido de que su ley es positiva, tiene los mecanismos para abrir nuevos espacios de debate nacional, escuchar puntos de vista y armar consensos, sin necesidad de recurrir a represalias extremas contra quienes piden que se tomen en cuenta sus argumentos.