COMUNIDADES MOLLETURO FRENTE A MINERA RÍO TINTO

Comunidades de Molleturo-Mollepungo frente a la Empresa Minera Río Tinto

En la parte nor-occidental de la provincia de Azuay, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una zona de páramo, rica en recursos hídricos. En ella nacen las vertientes de los ríos que alimentan una extensión importante de áreas naturales, reservas ecológicas y bosques protectores, a más de proveer de agua a la central hidroeléctrica Paute.
En esta zona se encuentra el bosque Molleturo-Mollepungo que integra un área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, a más de proteger las cuencas hídricas de la zona, especialmente el sistema de lagunas del parque, alberga restos arqueológicos de culturas indígenas pre-incásicas.

En las faldas del bosque «Molleturo-Mollepungo» están asentadas varias comunidades indígenas que viven de la agricultura y utilizan, para sus labores, el agua de las vertientes mencionadas. Una de ellas es la comunidad que lleva el mismo nombre de Molleturo.
Pese a la riqueza y fragilidad ecológica de la zona descrita, la compañía australiana inglesa Río Tinto obtuvo de las autoridades mineras una concesión dentro de dicho bosque e ingresó a la parroquia Molleturo a mediados de 1995.
Antes de operar en la zona mencionada, operó en Salinas (provincia de Bolívar), en el Parque Nacional Podocarpus (en la región amazónica) y en la zona de Saraguro (en la provincia de Loja). En todos estos sitios fue expulsada. Al momento del conflicto, estaba también operando en la provincia de Cotopaxi.

Estrategias utilizadas por la compañía para ingresar a la zona

La empresa justificó su presencia a los comuneros a través de ayuda económica a las diferentes organizaciones del lugar, lo que produjo posiciones diversas y divisiones entre las agrupaciones campesinas.
Otra muestra de la actitud de intromisión de Río Tinto se evidenció durante las elecciones comunitarias; la empresa apoyó a la lista de personas que estaban de acuerdo con la ejecución del proyecto minero.
Para ocupar tierras de la zona se valió de sus trabajadores, quienes se ocuparon arbitrariamente zonas comunales de páramo, para luego venderlas a la empresa, o a terceras personas. Otra manera de adquirir tierras fue la compra directa a los campesinos. Estos eran disuadidos, incluso con amenazas de muerte.
La construcción de un carretero por parte de la empresa para poder realizar sus actividades, fue manejada como «obra comunitaria». Esto derivó en competencia entre las comunidades, en el sentido de ofrecer mejores condiciones de negociación para la empresa.
La empresa también se relacionó con el personal del Proyecto Forestal Comunitario, respaldado por la Unión de Organizaciones Campesinas de Molleturo, UNOCAM (organización poblacional de segundo grado) y que se estaba ejecutando desde 1994 en nueve comunidades del sector. Este proyecto incluía la preparación de viveros, manejo de bosques, propagación de orquídeas, desarrollo de huertos y elaboración de artesanía con fibra vegetal.
Ante la denuncia de los daños ocasionados por la construcción de carretera de la comuna Yumate, la empresa pretendió apaciguar el descontento de las poblaciones dando 4 millones de sucres para la escuela de dicha comuna.
Estos mecanismos de intervención y disuasión fueron ensayados a través de un equipo de personas contratadas por Río Tinto: sociólogo encargado de las relaciones comunitarias, un abogado e ingenieros agrónomos.

Efectos de la intervención minera

Algunos comuneros perdieron sus posesiones tras el despojo del que fueron víctimas por parte de trabajadores de la empresa.
La presencia de la empresa debilitó la organización comunitaria de segundo grado debido a la intromisión de la empresa en la vida y en las decisiones comunitarias.
La construcción de una vía carrozable, llevada a cabo por la empresa minera para desarrollar su actividad y que aparece como «obra comunitaria», produjo competencia y rivalidad entre las comunidades. Por ejemplo, comuneros de Yumate firmaron acuerdos individuales a través de los cuales entregaron sus tierras y mano de obra para dicha construcción.
La apertura de esta vía destruyó una porción del bosque primario y tierras agrícolas. La mala disposición del material removido dañó el curso de las aguas y provocó deslaves.

Acciones emprendidas por la comunidad

Frente a esta serie de intromisiones y abusos, la organización de base de Molleturo, realizó talleres informativos sobre la actividad minera con el apoyo de organizaciones ecologistas y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y resolvió rechazar la minería. Esta posición obtuvo apoyo de varias comunidades y la resistencia de otras.
Pese al nivel de adhesión que consiguió la empresa en algunas comunidades, la organización de base de Molleturo siguió su lucha en contra de la actividad minera, sorteando otras dificultades internas, como por ejemplo, enfrentamientos violentos entre las comunidades y el retiro de las comunas Río Blanco y Chaucha de la organización de segundo grado.
Denunció esta serie de atropellos a las autoridades ambientales, sin eco alguno ya que fue la misma Dirección Nacional de Minería la que otorgó a la empresa la concesión minera en el bosque Molleturo-Mollepungo. El INEFAN, por su parte, respaldó dicha decisión sin considerar la condición de bosque protector; además, a fin de que esa presencia minera tuviera fundamento legal, expidió una resolución (la 007), según la cual las empresas podían realizar actividades mineras en bosques protectores a cambio de una garantía ambiental de restitución por impactos de la actividad.
A pesar de este respaldo oficial, a mediados de 1997 la empresa decidió retirarse del lugar y del país porque consideró que los yacimientos de la zona no eran rentables. Transfirió la concesión a la empresa Newmont de Estados Unidos, la misma que, en los actuales momentos, está realizando actividades de exploración en la zona.
La posibilidad de detener definitivamente la actividad dependerá de la integración y la construcción de visiones comunes entre las comunidades.