Comunidades en resistencia contra la impunidad y los impactos de las palmicultoras en Ecuador: Casos en Esmeraldas
Boletín WRM 261 16 Junio 2022
Actualmente existen en Ecuador 270 000 hectáreas de tierras con plantaciones de palma aceitera, siendo Esmeraldas la región con mayor expansión. Los contantes procesos de resistencia de las comunidades La Chiquita, Guadualito y Barranquilla de San Javier siguen generando indignación y solidaridad entre pueblos e internacional.
Ecuador ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en la producción de aceite crudo de palma. Las plantaciones de palma aceitera llegan a casi 300 mil hectáreas. Detrás de estas cifras hay una historia de apropiación de territorios y violación de derechos.
Las primeras plantaciones de palma aceitera empezaron en la costa centro del país. Debido a los niveles de precipitación y temperatura, la mejor zona de producción se ubicó entre Quinindé y La Concordia. Esa zona se conoce como el ‘Bloque Occidental’ y en el 2005 representaba el 83% de la superficie total de palma aceitera, con la mayor producción en Quinindé, provincia de Esmeraldas.
A su vez, en 1978, dos grandes palmicultoras recibieron títulos de 10 000 hectáreas cada una del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Los terratenientes ignoraron la presencia y los usos de los bosques de los indígenas Quichua y Siona-Secoya. Sin embargo, en el censo de 2005 de aceite de palma, se contaron 15 187 hectáreas de palma en el ‘Bloque Oriental’. Lo que sugiere que las 20 000 hectáreas, al momento del censo, no habrían sido totalmente cultivadas. (1)
La gran expansión de plantaciones de palma se inició alrededor de 1998, en el extremo norte de la provincia de Esmeraldas, en una zona conocida como San Lorenzo, la cual forma parte de la bioregión del Chocó, que se expande desde Panamá al Ecuador. Los inversionistas se vieron atraídos por el agotamiento de los suelos en las otras regiones, y a los palmicultores les resultaba más barato comprar nuevas tierras que intentar recuperar las tierras empobrecidas por el monocultivo de la palma. En el norte de Esmeraldas, tenían buena tierra, temperaturas ideales y mano de obra barata. (2)
En este proceso de expansión, el rol del estado ha sido el de facilitar el acceso de las empresas a la tierra, ya sea permitiendo el cambio de uso del suelo, haciendo adjudicaciones directas o desconociendo la titularidad ancestral de la tierra y, en la última década, mediante la entrega de incentivos y créditos para la instalación de plantaciones. La Ley de Reforma Agraria de los años 60 incentivó este proceso. Si una persona quería que el estado le adjudicara una finca en la cual había vivido por años, debía demostrar que era una finca productiva, o baldía y potencialmente productiva. Eso se demostraba con la deforestación de al menos el 50% de esa área. Esta política lo que hizo fue incentivar la deforestación en el país.
A partir de 2000 comienzan a darse incentivos y políticas de estado que incentivan la expansión de la palma. En especial el Decreto Ejecutivo Nº 2691 del ex-presidente Gustavo Noboa de 2002 de cambio de uso de suelo, que indicaba que 50 000 hectáreas del bosque del Chocó pasaban a ser tierras de uso agrícola. (3) Esto dio un impulso a las empresas madereras y palmicultoras para instalar sus plantaciones en tierras indígenas, campesinas y de afro-ecuatorianos, consideradas por el estado como ‘tierras baldías’.
A partir de 2003, las empresas Palmeras del Pacifico y Energy & Palm inician la compra de tierras dentro de territorios comunales, violando la constitución de 1998, la Ley de Tierras, el Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales sobre Territorios y derechos colectivos.
La estrategia de las empresas consistía en acercarse a personas individuales de las comunas para comprarles la tierra. En ese momento, un abogado de la empresa realizaba los trámites correspondientes en el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) para que se otorguen títulos individuales, rompiéndo con la organización colectiva sobre la tierra. Esta misma estrategia también se dio sobre territorios colectivos titulados, pues el Estado, faltando al Convenio 169 de la OIT, hasta la fecha no ha elaborado un catastro sobre territorios colectivos para garantizar sus derechos. Fueron esos acuerdos individuales que sumados le permitió a las empresas adquirir grandes extensiones de tierra.
De igual manera, la nueva ley de fomento de palma africana elaborada por la agroindustria y para los palmicutores, deja por fuera a las comunidades y la naturaleza.
Actualmente existen en Ecuador 270 000 hectáreas de tierras con plantaciones de palma aceitera, siendo Esmeraldas la región con mayor expansión, con 118 000 hectáreas. Del total de aceite producido en Ecuador -alrededor de 500 mil toneladas anuales-, la mitad es destinado para uso interno y la otra mitad es exportado a la Unión Europea y a países de la región como México o Colombia.
La planificación de expansión futura está enfocada en la Amazonía, donde la deforestación ha ido preparando el terreno para la entrada de los palmicultores.
Impactos en territorios y comunidades
Los impactos del monocultivo de palma se dan en todo el proceso: inician con la deforestación y el despojo de tierras, siguen con el establecimiento de plantaciones de palma en forma de monocultivo en gran escala y se incrementan con la instalación de las extractoras de aceite.
La contaminación de suelos y aguas por el uso de grandes cantidades de agroquímicos en las plantaciones afecta no solo al ambiente sino a las poblaciones que dependen de esas fuentes de agua para su sobrevivencia.
Para el procesamiento del fruto de la palma es necesario instalar plantas extractoras no muy lejos de la plantación, ya que el fruto debe ser procesado poco después de cultivado. Las extractoras emiten al ambiente contaminantes y gases pestilentes. En una visita a la comunidad de El Guineo, en la provincia de Guayas, sentimos como no se podía respirar. La extractora se instaló en el pueblo, junto a la escuela. Como suele suceder, nadie lleva estadísticas oficiales sobre los impactos en la salud de estas operaciones. Pero comprobamos que los niños tenían un bajo rendimiento escolar porque el hedor es insoportable al grado que afecta a la salud.
Además, las extractoras emiten efluentes líquidos que, en algunos casos casi sin tratar, se eliminan en ríos y arroyos. Después de visitas e investigaciones sobre estas extractoras en el Ecuador por la ONG Acción Ecológica, no se conoce un solo caso en el que los cursos de agua cercanos no estén contaminados. Los peces mueren o disminuyen su número, y los que quedan están contaminados.
Los desechos sólidos de las extractoras en algunas ocasiones los colocan alrededor de la corona de la palma, en campo, pero otras veces quedan amontonados en los campos. Estos producen moscardones que son muy molestos, pican al ganado y a la gente, y además viajan largas distancias, afectando poblaciones vecinas.
Otro impacto tiene que ver con los derechos de los trabajadores; las irregularidades son moneda corriente. No hay seguridad para las mujeres en el trabajo. Una compañera comentó en una visita sobre una violación sexual que ocurrió dentro de la plantación. No se hizo investigación ni denuncia policial. La única medida que tomó la empresa fue despedir a la trabajadora agredida y ya no contratar mujeres. Estos casos son muy vergonzosos de contar para las mujeres y, además, se sabe de antemano que nada va a suceder para protegerlas, por lo cual muchas veces deciden ni contarlo. Otra acusación es que cuando la empresa despide empleados no siempre les paga la liquidación correspondiente. En abril de 2022, la empresa Energy & Palm afrontó un paro de sus trabajadores quienes denunciaban un reparto de utilidades irregular y fuera de lo que dispone la ley. Frente a este hecho, la empresa accedió a aumentar en algo las utilidades, pero dispuso sanciones laborables para los trabajadores líderes del paro.
Por otro lado, la forma como las empresas obtuvieron las tierras implicó la creación de un sistema de corrupción fomentado por las grandes empresas palmicultoras, tanto a nivel gubernamental como a la interna de las comunidades.
Dirigentes de las comunidades temen por sus vidas siempre que una empresa manifiesta interés en adquirir sus territorios. Se llegó al extremo de que un dirigente hizo una declaración pública, ante el temor por su vida, diciendo que él no tiene enemigos, que no tiene deudas, dejando en claro que si algo le sucedía a él o a su familia, el único responsable seria el grupo empresarial.
Un mal negocio para los campesinos
Durante el ex-gobierno de Rafael Correa, la Corporación Financiera Nacional lanzó una política para incentivar a pequeños productores de palma. Se entregaban créditos directos a estos productores con un mínimo de 20 hectáreas, de las cuales 10 se destinarían a la palma y las otras 10 a tareas complementarias. Las empresas contrataron negociadores que se presentaban en los territorios para convencer a los campesinos, diciéndoles que el Estado estaba dando incentivos y préstamos. Así iban convenciendo a las familias a plantar palma en sus tierras.
Se trata de un sistema perverso a partir de créditos hipotecarios, donde la tierra se ponía como garantía para el pago. Con ese crédito los productores obtenían los plantines, el paquete tecnológico y la capacitación, que eran vendidos por la palmicultora. Por lo tanto, el dinero del préstamo nunca llegaba a manos del campesino, pasaba directamente a la empresa. Cinco años después, al momento de la cosecha, la empresa era quien tenía la exclusividad en la compra de la producción. Si el campesino conocía un lugar donde pagaran mejor precio, o si sospechaba que la pesa (balanza) de la empresa palmicultora donde se pesan los frutos para dar con el precio a pagar estaba alterada, no tenían alternativa. Los campesinos estaban obligados a venderle a la empresa bajo las condiciones de la empresa. Si bien este tipo de créditos ya no existen, los campesinos que accedieron a los mismos continúan encadenados a la misma palmicultora.
El campesino es quien siempre lleva las de perder. Alrededor del 2015, con la llegada de la enfermedad de la putrición del cogollo, que afectó a miles de hectáreas de palma, quienes se habían endeudado y quienes lo perdieron todo fueron los pequeños productores. Ellos eran los que habían adquirido el préstamo, quienes habían puesto su tierra en garantía y quienes no pudieron vender el producto. Si bien las grandes empresas pierden también parte de su producción, no pierden la tierra y tienen otros respaldos económicos.
Hasta ahora la pudrición del cogollo no tiene cura, la único que se puede hacer es tumbar la palma y re-plantar. Las plantaciones en Quinindé, al sur de Esmeraldas, fueron totalmente arrasadas. Aquellos que tenían algo de capital extra, después de tumbar la palma pudieron apostar a otras alternativas, como plantar jengibre, cardamomo, cacao, vainilla, canela, etc. Los pequeños productores lo perdieron todo.
Las grandes palmicultoras gustan hablar de cómo la palma promueve desarrollo y apoya a los campesinos. Pero no dicen que quien tiene el mayor porcentaje de la tierra son tan solo unos pocos empresarios. Son muchos los pequeños productores, pero la tierra sigue concentrada en las manos de las gigantescas empresas de palma.
Casos de resistencia en la provincia de Esmeraldas
La provincia de Esmeraldas tiene dos grandes zonas donde se expandieron los monocultivos de palma en los últimos años, en el Quinindé al sur y en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo al norte, en donde se han dado procesos de resistencia emblemáticos llevados adelante por las comunidades de La Chiquita, Guadualito y Barranquilla de San Javier.
Caso de las comunidades de La Chiquita y Guadualito
El proceso en La Chiquita, comunidad afro-ecuatoriana, y en Guadualito, comunidad indígena Awa, comenzó en los años 90. Empezaron a tener problemas cuando el gobierno abre la carretera y comienza a extraerse la madera del bosque. Inmediatamente después, la misma empresa del grupo forestal Peña Durini, que también tienen acciones en empresas palmicultoras (4), instala las plantaciones de palma, violando los derechos de estas comunidades, principalmente sus derechos colectivos al territorio, medio ambiente, a la salud, la alimentación y al acceso a agua limpia.
Desde el inicio las comunidades interpusieron demandas al estado por la contaminación que produjo la empresa palmicultora, y fueron ganando todas sus demandas, ya que fácilmente demostraron cómo sus derechos habían sido violados. Pese a eso, las sentencias nunca llegan a ser ejecutadas. Nadie hizo que las empresas cumplan. El sistema de justicia cedió ante la presión de los grandes poderes agroindustriales y la reparación nunca llegó a La Chiquita y Guadualito. Una de las demandas de 2018 incluyó la violación a los derechos de la naturaleza, y nuevamente la ganaron las comunidades, pero hasta ahora no se han implementado las acciones de reparación – algunas a ser llevadas a cabo por la empresa y otras por el estado, como parte de su responsabilidad al dejar que esta vulneración de derechos ocurra.
La sentencia incluía tareas como construir un centro de salud, una escuela bicultural, restauración de bosques con especies nativas, retiro de las palmas que estaban sobre las fuentes de agua, – acciones que las comunidades denuncian nunca se llevaron a cabo.
Y a pesar de que a nivel de la sociedad en general quedó la sensación de que hubo justicia, en realidad, para las familias de estas dos comunidades no la hubo realmente. Dividir las responsabilidades entre el estado y la empresa diluyó el tema y nadie cumplió. Muchas personas quedaron con graves problemas de salud, y eso no fue ni reconocido ni resarcido. Pero pese al desencanto con el proceso y a que las Cortes de Justicia hacen oídos sordos a los reclamos de los comuneros, La Chiquita y Guadualito persisten en su exigencia de justicia y del cumplimiento de esa sentencia.
El estado fue quien facilitó el acceso de la empresa al territorio. Y ahora también es responsable por no haber dado el debido seguimiento a las obligaciones de la empresa, haber permitido la tala del bosque primario, y haber abandonado el control ambiental a la contaminación que esta agro industria genera. Ahora además, tiene responsabilidad por haber permitido que la sentencia no se ejecute todavía, pues varios de sus ministerios tienen sanciones directas que cumplir.
El resultado ha sido que la palma sigue avanzando. Las empresas palmicultoras tienen mucho poder a nivel nacional. Algunas organizaciones como Acción Ecológica y la misma comunidad han puesto denuncias ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAT), pero no hay respuestas eficientes. No se realizan estudios de aguas, de suelos, ni hablan con las personas afectadas; el único diálogo del MAAT es con la empresa.
Caso de la comuna de Barranquilla de San Javier
El 2 de junio de 2000, la Comuna Barranquilla de San Javier logra la titulación de 1430 hectáreas como territorio Comunitario. Sin embargo, de manera paulatina se ven cercados por el avance de las plantaciones de palma de la empresa Energy & Palm, del grupo La Fabril, las cuales llegan incluso a infiltrarse dentro de su territorio.
En 2017, el Ministerio de Agricultura elabora el estudio multitemporal de tenencia de la tierra en territorios comunales de Barranquilla de San Javier, que determina que el territorio de la comuna es de 1518 hectáreas, y que el predio de la empresa Energy & Palm tiene una sobreposición de 251 hectáreas.
A partir de este informe, la Comuna empieza a reclamar sus derechos territoriales, colectivos, laborales, y de la naturaleza a la empresa. Se establecen mesas de diálogo que terminan por fracasar debido a los continuos engaños e incumplimientos de Energy & Palm. La comuna entonces, ejerciendo su legitimo derecho a la resistencia garantizado por la constitución de Ecuador, inicia una acción de resistencia y bloquea uno de los caminos de acceso a la plantación.
En reacción, la empresa pide medidas cautelares que están reservadas para evitar la violación de derechos humanos. En otro acto aberrante del juzgado de San Lorenzo, se le conceden las medidas cautelares a la empresa y acuden militares y policías en helicópteros, haciendo un uso excesivo de la fuerza para desalojar a los comuneros.
A partir de este momento, la comuna empieza una estrategia legal para la recuperación de su territorio. Sin embargo, esta información se filtra y la empresa, que conocía del informe del Ministerio de Agricultura, pone una demanda civil de daños y perjuicios por $321 000 en contra de las autoridades de la comuna, hayan o no estado en la acción de echo. La empresa alega perdidas pues no abría podido cosechar durante la acción.
La audiencia de apelación realizada en abril de 2022 fue suspendida poco después de iniciar, en circunstancias nada claras, luego de escuchar los argumentos del abogado defensor. En esa audiencia era indudable que la comunidad estaba empoderada con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones ecuatorianas y con veedores internacionales. Suspender la audiencia después de haber escuchado los argumentos de la comunidad no es más que una maniobra para facilitarle a la empresa preparar su descargo para su defensa.
La comunidad está a la espera de una nueva fecha para retomar el proceso. Hay que tener en cuenta que esto desgasta a las comunidades. El lograr organizarse, dejar sus tareas para trasladarse a la capital, participar de estas instancias legales y ver cómo no llegan a nada es muy desgastante y desesperanzador. El estado, que tendría que velar por el interés de sus habitantes, toma partido por las empresas.
Es evidente además el racismo contra estas comunidades afro-descendientes y la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a la empresa. Pero los jueces que siempre han salido impunes y han fallado a favor de las empresas, saben ahora que la comunidad nacional e internacional está alerta para que no sucedan nuevos atropellos por resistir la invasión de la palma en sus territorios. El caso de Barranquilla ha despertado la solidaridad entre pueblos y la indignación internacional. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, ha manifestado preocupación por la situación de los defensores y su indignación por la demanda de Energy & Palm / La Fabril en contra de la comuna. De igual forma, una coalición de organizaciones ha enviado una carta a la empresa Nestlé denunciando los hechos, y demandándole que se asegure que las empresas que le proveen de aceite de palma no violen derechos colectivos y territoriales. Entre las personas que adhieren se encuentra Michael Forst, ex Relator de Defensores de Derechos humanos. (5)
Certificación: otra herramienta contra las comunidades
La industria palmicultora en Ecuador trata de posicionarse como sustentable y de diferenciarse del aceite de palma de Asia. Una forma de lograrlo es a través de la certificación, en particular con la RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible). Pero la certificación no hace más que silenciar las denuncias de las comunidades.
Para las comunidades es difícil entender la lógica de la certificación. Cuando alguna comunidad se entera de que la empresa que está invadiendo sus territorios está certificada, no tienen la información suficiente o los medios necesarios para realizar una queja o denuncia formal. El sistema no está pensado para que las comunidades presenten quejas. En muchas de estas comunidades no hay luz eléctrica y no tienen acceso a internet; ¿cómo puede pretender la RSPO que una comunidad en estas condiciones, haga una denuncia por medio de un formulario online que pide que anexen sus denuncias en formato digital? Sabiendo que eso es inviable en la mayoría de los casos, las certificadoras trasladan la responsabilidad de denuncia a las comunidades.
Otra táctica de las certificadoras que debilita la resistencia es citar a reuniones en la ciudad o, si llegan a la región, entrevistarse con personas que de antemano saben que no van a dar una opinión en contra de la empresa. Es responsabilidad de la RSPO el negarle la certificación a las empresas que están con denuncias y conflictos con comunidades locales, así como con un historial de deforestación y contaminación. Si ese realmente fuera el principio, la certificación a monocultivos de palma no existiría.
La empresa Energy & Palm, del grupo La Fabril, es un ejemplo de esto. La RSPO conoce perfectamente los impactos devastadores de las plantaciones de palma aceitera y, sin embargo, continúa dándoles un sello ‘verde’ a empresas que no han más que destruir los territorios. Cuando un periodista le explicó a la RSPO la situación en Barranquilla y le detalló los impactos que denuncian las comunidades, el representante de RSPO tan solo respondió que no les había llegado ninguna denuncia vía su sitio web.
Resistencia organizada
A pesar de que las comunidades sienten que no existen leyes que les proteja y que las empresas cuentan con la complicidad del estado. Desde los territorios siempre se viven resistencias y alternativas al modelo industrial de monocultivos. Las comunidades resisten, dentro de sus posibilidades, el saqueo y contaminación asociado a las empresas palmicultoras.
Desde 2018, a partir de una reunión nacional con las comunidades afectadas, se formó La Red Ecuatoriana de Alternativas a la Palma Aceitera, espacio en el que intercambian información y articulan acciones.
La resistencia se está fortaleciendo y generando solidaridad con organizaciones regionales e internacionales que visibilizan casos como los de las comunidades en Esmeraldas.
Nathalia Bonilla
Acción Ecológica, Ecuador
Fuentes:
(1) Eutopía, La industria del aceite de palma en Ecuador: ¿un buen negocio para los pequeños agricultores?, numero 2, octubre 2011.
(2) El Amargo fruto de la Palma Aceitera. WRM 2001. Capítulo II – El caso de Ecuador: ¿El paraíso en siete años? por Ricardo Buitrón/Acción Ecológica
(3) Ecuador: palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó. WRM 2003.
(4) En la página de la Superintendencia de Compañías se puede constatar los mismos nombres de los mismos accionistas en los dos grupos de empresas
(5) Open letter from civil society to consumer goods companies re: concerns over Strategic Lawsuit Against Public Participation by palm oil company in Ecuador.