CARTA DE ACCIÓN ECOLÓGICA A LA AGENCIA ANDES

Quito, 24 de mayo de 2012

Eco. Germán Mora
Director
Agencia Andes
Referencia: Sobre el artículo “Organizaciones antipetroleras en Ecuador se financian desde Europa y Estados Unidos”A través de esta comunicación, basados en el artículo 66.7 de la Constitución, Acción Ecológica quiere manifestarle nuestra preocupación por el artículo “Organizaciones antipetroleras en Ecuador se financian desde Europa y Estados Unidos” publicado por la Agencia Andes el día 14 de mayo del presente año, más que por algunas de sus inconsistencias, por la intencionalidad que parece guiarlo.    Aduciendo que no hay razones para criticar la décima y décima primera ronda de licitaciones petroleras, el artículo desconoce los impactos que la explotación petrolera tiene en lo ambiental y socio cultural, impactos que han sido documentados no sólo en investigaciones, sino incluso en sentencias judiciales, como la del caso Chevron Texaco, demostrando que no sólo perjudicaron a pueblos indígenas y comunidades campesinas, y a sus territorios, sino que provocaron grandes perjuicios al Estado en su conjunto.  

La décima ronda de licitaciones ofertó -y entregó- campos marginales, donde las operaciones pasadas provocaron perjuicios a las poblaciones locales y donde se encuentran pasivos ambientales sin reparar. Además, esta licitación se realizó sin la respectiva consulta previa.

La décimo primera ronda de licitaciones pretende entregar 21 bloques petroleros, más de tres millones de hectáreas de bosque tropical en el centro sur de la Amazonía. Las nacionalidades indígenas, dueñas ancestrales de estos territorios, en reiteradas ocasiones se han pronunciado en contra de la explotación petrolera y en defensa de su cultura y de sus formas de vida tradicional.

Dos elementos importantes de la nueva Constitución son el derecho y deber a la participación, y el   camino delineado para el Sumak Kawsay:  experimentar nuestra ciudadanía “en armonía con la naturaleza”.  Es a la luz de estos principios que nuestra organización y muchas otras, proponemos que se aborde el tema  de la ampliación de la frontera petrolera.

Pero el desacuerdo entre la bondad de la industria petrolera para algunos, y lo nefasto de ésta para nosotros, no es lo que nos preocupa y lleva a escribir esta comunicación, pues consideramos que todo debate de buena fe es fecundo en la construcción de la democracia.  

Lo que nos preocupa es cómo este artículo está orientado a deslegitimar la crítica a la industria petrolera por parte de las organizaciones sociales ecuatorianas -indígenas, de derechos humanos y ecologistas-, sugiriendo que la financiación de nuestras organizaciones es ilegítima y que por tanto, nuestro quehacer es ilegítimo.

Nos gustaría que ustedes tomaran en cuenta varios elementos que con artículos como éstos están desconociendo, generando impactos odiosos sobre el quehacer de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador, amilanando el derrotero del Buen Vivir o Sumak kawsay:   

Primero: Es deber de los Estados y de los particulares -en particular aquellos que generan opinión pública- proteger la acción de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, pues esta actividad tiene rango de derecho, reconocido internacionalmente e integrante del bloque de constitucionalidad en nuestro país.  

El más reciente informe  de la CIDH sobre Defensores de Derechos Humanos  recomienda(1): 

“Promover una cultura de los derechos humanos en la cual se reconozca pública e inequívocamente  el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos  humanos para  la  garantía de la democracia y del Estado de Derecho en la sociedad.

Reconocer  públicamente que el  ejercicio de la  promoción y  defensa  de los derechos  humanos es una  acción  legítima y  que,  al  ejercer  estas  acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del  Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento  del  Estado de Derecho y la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas.

Emprender actividades  de  educación y divulgación  dirigidas a todos los agentes  del  Estado, a  la sociedad  en  general y a  la  prensa,  para  concientizar a la sociedad acerca de la importancia y validez del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y de sus organizaciones”  (Recomendaciones 3, 4 y 6).

El desacuerdo en políticas como la extractiva constituye eso: un desacuerdo dialogante que evoluciona al tenor de los argumentos que se esgriman.  Minarlo a partir de la deslegitimación del otro, poco o nada aporta a la democracia.  

Segundo: La cooperación internacional a los países del sur es una obligación de los países del Norte global, pues se ha reconocido (2)  -todavía de manera limitada-, que esos países alcanzaron su nivel de desarrollo a fuerza de expoliar nuestra naturaleza, desde la colonia.  El apoyo de organizaciones de la sociedad civil de esos países a los nuestros, constituye un ejercicio de solidaridad en absoluto reprochable.

Acceder a la cooperación es un derecho de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Con esa cooperación en más de un caso, y en muchos países, las organizaciones de la sociedad civil han logrado enfrentar graves violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.

La Unión Europea ha reconocido cómo las y los defensores de derechos humanos “han logrado garantizar una protección cada vez mayor de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. No obstante, este progreso ha tenido un elevado costo: cada vez más, los propios defensores han ido convirtiéndose en objeto de ataques y sus derechos se vulneran en muchos países”.  Por esta razón desde hace más de una década ha diseñado un plan de trabajo a través de sus Directrices sobre defensoras y defensores de derechos humanos.

Renegar de la cooperación internacional para los derechos humanos golpea directamente a la lucha por los derechos humanos, los desconoce.  

Para cualquier democracia es deseable contar con defensoras y defensores de derechos humanos y de las causas ambientales y los de la naturaleza.  Y qué mejor si están relacionados en redes de cooperación, coordinación, intercambio de saberes, etc.  Ese trabajo interrelacionado es el que apunta a que otro mundo, en el que la humanidad se dignifique en armonía con la naturaleza, es posible.

Tercero: En suma, la pluralidad de iniciativas de la sociedad civil, que incluye la crítica al modelo  extractivista, es la piedra de toque de una democracia material y no solo formal.  La democracia es un ejercicio en que el derecho a disentir es fundamental, como fundamental reconocer la legitimidad del otro, del que disiente.

Los medios de comunicación tienen una labor importantísima: generan opinión pública, diariamente delinean la forma y el contenido de nuestro pensamiento.   La proliferación de artículos como éstos, que parecen tener la intención de abonar el terreno para que, en este clima de animadversión hacia nuestro quehacer legítimo, se adopten medidas en nuestra contra, hace regresivos los avances que esta nación tuvo al germinar la Constitución de Montecristi.

Confiamos en que los medios de comunicación de nuestro país, lo que incluye el suyo,  estén a la altura de los preceptos de la Constitución.  Y esperamos un debate en franca lid sobre el modelo extractivista que les permita a ustedes y a sus lectores tener una panorámica más completa sobre el tema, para que los colectivos afectados por esa industria y la naturaleza, al fin conmuevan la conciencia de todas y todos los ciudadanos.  




Atentamente,


________________.
Alexandra Almeida
PRESIDENTA
CC 170867325-4


cc/
Ministro  del Interior
Ministro de Recursos Naturales no Renovables
Ministerio de Justicia -Subsecretaría de Derechos Humanos-
Defensor del Pueblo,
Contralor General del Estado,  
Miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

NOTAS:

[1] OEA/Ser.L/V/II.   Doc. 66 31 diciembre 2011. Disponible en: :www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf[2] Por ejemplo, por el experto independiente sobre los efectos de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales sobre las garantías fundamentales, que hace algunos años visitó nuestro país.