Contraloría ratifica las irregularidades del proyecto inmobiliario Botaniqo

Al proyecto urbano arquitectónico TOMORAGUADUA – BOTANIQO se le otorgó una zonificación que no le correspondía y sin sustento técnico, le asignaron además una edificabilidad superior a la que correspondía y no pagaron por concesión onerosa de derechos, como se establece en el informe DNA5-GAD-044-2022 de la Contraloría General del Estado realizado al Distrito Metropolitano de Quito. El Director Metropolitano de Políticas y Planeamiento de suelo no excluyó las áreas históricas del análisis de las unificaciones, tampoco sustentó el nivel de susceptibilidad del riesgo para el sector y el predio por la presencia de una quebrada abierta, no solicitó una propuesta o diseño preliminar del sistema para implementar la evacuación de aguas residuales y lluvias que considere el manejo del aumento del caudal por el incremento de la densidad poblacional así como el informe a la mitigación del tráfico.

El Secretario General de Seguridad y Gobernabilidad y el Director de Gestión de Riesgos del DMQ suscribieron y aprobaron los informes técnicos de los riesgos en los que se encuentra localizado el predio sin los sustentos técnicos; el Secretario de Territorio Hábitat y Vivienda aprobó el informe en esas condiciones y remitió a la Comisión de Uso de Suelo quien emitió dictamen favorable; asimismo el Subprocurador Metropolitano emitió el criterio legal favorable y no observando artículos de la LOOTUS y de resoluciones municipales ocasionando que se asigne una edificabilidad superior a la que le correspondía y se desconozca el riesgo real y el impacto ambiental y social de la ejecución y de su aporte urbanístico.

Funcionarios que van desde Directores de Planeamiento a Secretarios de Territorio Hábitat y Vivienda causan perjuicios al municipio y a la ciudad, y el informe se refiere a Proyectos Urbano Arquitectónicos Especiales PUAES, Proyectos Urbano Arquitectónicos y ecoeficientes. En diferentes proyectos no se cobró la concesión onerosa de derechos, solamente en los casos de los PUAES del proyecto San Patricio, el perjuicio a la ciudad asciende a más de $2,850,000 y en el caso del proyecto Santa Mónica el perjuicio asciende a más de $2,200,000. Los trazados viales en estos proyectos especiales no cumplen con las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo del Régimen Administrativo de Suelo del DMQ; tampoco las áreas verdes públicas y equipamiento cumplen con la normativa Municipal; en otros proyectos ecoeficientes se aprobaron el incremento de pisos adicionales a los que le correspondían, una lista larga de errores, inconsistencias, factores de ajuste para el cálculo de edificabilidad que no se encuentran técnicamente determinados, lo que ha perjudicado al municipio.

Funcionarios que elaboran y aprueban informes que inducen al error al Consejo y causan un perjuicio económico, social y ambiental a la ciudad. Existen responsabilidades para los funcionarios que suscribieron los informes, para ex Secretarios, Directores e incluso para el Consejo que a pesar de las denuncias ciudadanas no hicieron nada para evitarlo. No por nada ex Secretarios de Territorio Hábitat y Vivienda apenas dejan su cargo público van a trabajar a las inmobiliarias que se beneficiaron de la discrecionalidad con la que se maneja esa dependencia municipal. Muchos de estos proyectos se venden como emblemáticos para la ciudad, y no lo son, están sustentado en irregularidades, en incumplimiento de normas, y en una publicidad que esconden trafasías, este no es el modelo que Quito se merece. La estructura administrativa de la ciudad no da más, hay que hacer profundos cambios, y estos comienzan por reconocer que tienen un grave problema casa adentro, el informe de Contraloría es apenas la punta del iceberg.

Ricardo Buitrón
Cabildo Cívico de Quito (CaCQ)

ENLACE A: Examen Especial a la asignación del uso de suelo, forma de ocupación, edificabilidad y aprovechamiento del suelo, de los planes parciales, planes especiales, PUAES, PUA y ecoeficientes en Plan de uso y Ocupación del Suelo (PUOS); a las resoluciones administrativas e informes para las transformaciones de uso, forma de ocupación, edificabilidad y aprovechamiento del suelo; al cálculo y pago de la contribución especial y /o concesión onerosa producida por la planificación urbanística; y a sus respectivas ordenanzas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2021.