Esta fue una oportunidad para constatar que las condiciones de impunidad en que funciona esta actividad es la misma que se ve en Esmeraldas, Guayas y Manabí. Aquí tampoco el Inefán, la Subsecretaría de Pesca, y la Marina Mercante hacen algo relevante para impedirlo. Su respuesta es simple y creíble: «no podemos hacer nada cuando las órdenes vienen de arriba, donde siempre hay la voluntad de favorecer a esta industria».
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